El Salvador: víctimas de El Mozote demandan justicia

El Salvador se mantiene pendiente del tribunal que analiza el caso de la masacre de El Mozote, uno de los ataques contra civiles desarmados más grandes perpetrados por un Ejército en América Latina, mientras que su juez espera los archivos castrenses que prometió públicamente el presidente Nayib Bukele y que aún no ha enviado. El único tribunal que procesa a militares retirados por el delito de desaparición forzada es el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera (noroeste).

"Hemos tenido notificación de parte del Tribunal de que ya fue recibido el informe del presidente. Sin embargo, preliminarmente, la respuesta enviada al juez no refiere que (Bukele) haya entregado los documentos de los planes militares. Viene una serie de documentación anexa que me parece que son actas de búsqueda, que son las tradicionales actas que enviaba el Ministerio de Defensa del anterior gobierno”, dijo a DW el director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, organismo que forma parte de la acusación en el caso de El Mozote, David Morales.

Morales explicó que "el patrón de ocultamiento, desde los más altos niveles de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ha sido, en este caso, informar que los documentos requeridos no son localizados en los archivos. Entonces, este patrón de ocultamiento es la práctica que podría romper el actual gobierno, en el cual el presidente se comprometió personalmente a desclasificar información. Esta ha sido su primera oportunidad, al rendir un informe requerido por el Tribunal y, al parecer, ha continuado ese patrón al no haber reportado la entrega de planes militares”.

Según el informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, una unidad entrenada especialmente para el combate contrainsurgente, apresó el 10 de diciembre de 1981 en El Mozote, sin resistencia, a "todos los hombres, mujeres y niños que se encontraban en el lugar. Después de pasar la noche encerrados en las casas, el día siguiente, 11 de diciembre, fueron ejecutados deliberada y sistemáticamente, por grupos. Primero fueron torturados y ejecutados los hombres, luego fueron ejecutadas mujeres y, finalmente, los niños”. Los señalamientos al Batallón Atlacatl -la primera unidad de este tipo en la FAES que había concluido su entrenamiento bajo la asesoría de militares estadounidenses, según la ONU- es que, en El Mozote, causó una masacre de al menos 1.725 víctimas reconocidas por el Estado, de las cuales más de la mitad eran niñas y niños.

Décadas de impunidad

El Mozote "es un caso que fue reabierto a partir de la sentencia de inconstitucionalidad contra la (Ley de) Amnistía de 2016 (…). Sin embargo, hemos tenido una pasividad de parte de las autoridades de Justicia frente a este tipo de casos por más de dos décadas. De hecho, la sentencia de 2016 tiene un precedente importante que es una sentencia de la Sala de lo Constitucional, del año 2000, en el cual no declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, pero sí declaró que la misma no era aplicable a graves violaciones a derechos humanos, ni a los delitos ocurridos en el período del expresidente Alfredo Cristiani”, argumentó Morales.

Por su parte, el subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), Manuel Escalante, declaró a DW que el "avance de este caso se da por dos factores determinantes para cualquier Estado de Derecho: un conjunto de personas empoderadas no solo en la lógica de ‘somos víctimas', sino en ‘somos sujetos de derecho' y le estamos exigiendo al Estado que cumpla con sus funciones, porque aquí no son regalos los que están pidiendo, sino el efectivo cumplimiento de obligaciones estatales y, por el otro lado, es la valentía de un juez. Porque, quiérase o no, el caso está avanzando no solamente porque los querellantes que, acompañando a las víctimas, plantean cosas contundentes, sino porque el juez les da su lugar”.

Voces en contra

El general de División (retirado) de la FAES, actual diputado de la ultraderechista ARENA y miembro de la Comisión legislativa para estudiar la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, Mauricio Vargas, dijo a DW que cree "que El Mozote tiene demasiadas aristas un poco raras. Ahí hay algo que no está bien. A mí lo que no me satisface es que encuentro historias omitidas y verdades unilaterales y esto me cuesta aceptarlo porque está en juego la paz de mi país”.

 Actualmente, la Asamblea Legislativa se mantiene debatiendo sobre la elaboración de una Ley de Reconciliación Nacional, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara como inconstitucional la Ley de Amnistía, que fue aprobada luego del fin de la Guerra Civil de El Salvador (1980-1992). El mandato hacia el Órgano Legislativo busca que se brinde base legal para procesar a victimarios de cara a las violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto.

Los resultados de las exhumaciones, incluidos en el informe de la ONU, aseguran que "todos los esqueletos recuperados, así como la evidencia asociada a ellos, fueron depositados en un mismo evento temporal". En ese sitio no se encontró evidencia física que indique que el lugar pueda haber sido un cementerio clandestino en el que se hayan enterrado, en distintos momentos, a personas muertas”, según señala el informe de la Comisión de la Verdad. 

Sin embargo, y casi cuatro décadas después, el otrora subjefe del Estado Mayor Conjunto de la FAES argumenta que El Mozote era una zona donde "entrenaban a los guerrilleros, y de eso no se dice absolutamente nada. Existía una escuela donde había muchachitos de siete años para abajo, con fusiles. Todos los muertos que había de parte de la guerrilla, que los enterraban en cualquier lado, ¿por qué no puede ser que (El Mozote) sea un punto en el cual enterraron personas? Podría ser”, recalcó Vargas. 

Proceso que casi finaliza

"Me parece que es fundamental, en cuanto a la protección de las víctimas, la actitud que el juez Jorge Guzmán ha tenido en relación a la manera antiética e incluso grotesca que han tenido algunos abogados defensores de los militares contra campesinos pobres, mayores de edad, de alguna manera tratándolos de confundir, desprestigiándolos, y revictimizándolos”, razonó el subdirector del IDHUCA.

"Lo curioso es, que en este caso, cuando los abogados defensores (de los militares) atacan a las víctimas o a los testigos, es el juez el que actúa para defender a esas víctimas. Y no las defiende desde la perspectiva de inclinarse hacia un bando, sino que lo hace desde la perspectiva de los derechos humanos, porque a él lo que lo mueve es el reconocimiento de esos testigos como adultos mayores, y por lo tanto, gozan de una protección específica”, añadió Escalante. 

"Han sido tres años de investigación, por lo tanto, la etapa de instrucción está ya en sus últimos meses, probablemente, para poder terminarse. Tenemos la expectativa de que la prueba es suficiente para que los imputados sean llevados a juicio”, explicó Morales.

(cp)

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