“Es muy probable que el crimen quede impune”

Retraso y falta de pruebas. Esas son las causas de la suspensión de la audiencia preliminar de cinco de los ocho imputados en el caso del asesinato de Berta Cáceres en el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, que debía llevarse a cabo el pasado 19 de abril y que finalmente se celebrará el próximo 24 de mayo. La parte acusadora, representando al Copinh (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y a la familia, solicitó la anulación de audiencia ya que “el Ministerio Público no entregó la documentación que sustenta las pruebas centrales de la acusación, a pesar de que la petición de acceso anticipado a dicha información se viene haciendo desde hace meses”, señaló el Copinh en un comunicado.

 

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“Esta audiencia tenía el objetivo de formalizar los hechos objetos de juicio que, de ir mal planteados, no podrán ser modificados hasta que haya sentencia, por tanto hacer una audiencia mediocre pone en peligro todo el proceso de búsqueda de justicia”, agregó el colectivo indígena.

Para la hija de Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, “se está esperando a que pase el tiempo, que baje la presión internacional para dar la libertad a los detenidos”. Por este motivo, criticó la falta de “contundencia” en la investigación que “no tiene una óptica integral de acusar a las empresas y a la responsabilidad del Estado”. Por ello, a su juicio, “hay muchas posibilidades de que el crimen quede en la impunidad”.

Solidaridad internacional

El asesinato desató diversas reacciones políticas a nivel internacional. Mientras en Europa, diputados alemanes reclamaron al gobierno que presione a su par hondureño a favor de la creación de una comisión internacional que investigue el caso, Estados Unidos fue más allá y una cincuentena de congresistas solicitó suspender la ayuda de seguridad a Honduras hasta que se resuelva el crimen. Zúñiga reconoció el “gran impacto” de la llamada "Ley Berta Cáceres" por los derechos humanos, “ya que realmente está poniendo presión sobre el gobierno de Honduras a mostrar resultados”.

En este sentido, hay que recordar que el gobierno hondureño pidió al Alto Comisionado de Derechos Humanos (Acnudh) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) asesorar la investigación sobre el crimen. No obstante, el Copinh reclamó la creación de un grupo independiente designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue el caso. “El Alto Comisionado puede acompañar y hacer observaciones, pero muy limitadas. La única instancia de los derechos humanos es la Comisión Internacional de Derechos Humanos”, aclaró Zúñiga. “La idea era replicar al grupo de investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, hacer observaciones críticas y tratar de avanzar en la investigación”. Sin embargo, “el gobierno de Honduras nunca aceptó la participación del grupo independiente".

Por este motivo, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas que pretende ampliar la mirada del caso para que “no se trate sobre el asesinato como tal, sino como un patrón de ataque al Copinh, por su lucha, por su trabajo y ver el tema de la participación de empresas, la responsabilidad del banco y la responsabilidad de funcionarios del Estado”.

Asimismo, el colectivo indígena denunció las irregularidades que se están produciendo, como el robo del expediente judicial del caso a una magistrada. “Entre las irregularidades que ha tenido el proceso, ésta constituye una de las más grandes, porque no sabemos a qué manos va a parar toda esa información. Todo el manejo, tan irregular, de la investigación conduce a la impunidad”, aseguró.

Suspensión, pero no cancelación

Los bancos de desarrollo FMO, de Holanda, y FinnFund, de Finlandia, suspendieron todos los fondos destinados al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca y anunciaron su salida del mismo. La empresa china Synohydro también se retiró de esta iniciativa empresarial, en la que se prevé el suministro de turbinas por parte del consorcio alemán Voith Hydro, cuyos trabajos han sido paralizados.

“Hay una suspensión porque no se ha cancelado de manera definitiva el contrato entre los bancos, el proyecto y la empresa promotora hondureña Desarrollos Energéticos (DESA). En cualquier momento, si lo decidieran, podrían desembolsar la segunda parte de los montos que acordaron con la empresa”, recordó la hija de Cáceres. La empresa hondureña tiene una concesión de 50 años y puede “buscar nuevos financiadores para desarrollar el proyecto”, subrayó. El Copinh reclama la cancelación definitiva del proyecto, ya que “implica quitar la concesión que tiene la empresa”. “Está esperando a que baje la tensión internacional y nacional para poder reactivarlo”, consideró Zúñiga, apuntando que con el trabajo, a nivel de influencia, que está llevando en las comunidades “no tiene intenciones de parar el proyecto hidroeléctrico”.

Violencia que no cesa

Al asesinato de la dirigenta se le sumaron los de los activistas Nelson Noé García y Lesbia Janeth Urquía. Igualmente, el pasado mes de octubre se produjeron intentos de asesinato del coordinador general del Copinh, Tomás Gómez Membreño, y otro de sus miembros, Alexander García. Zuñiga Cáceres criticó las medidas de seguridad del colectivo y las calificó de “precarias”.

“El Estado no hace una propuesta que responda al contexto de agresiones contra el Copinh y creemos que para evitar más muerte es necesario romper el clima de impunidad que hay. En Honduras uno mata a una persona y no va a pasar nada”, lamentó. Así, recordó que “se mantienen las mismas condiciones estructurales que propiciaron el asesinato de su madre: los medios de comunicación siguen criminalizando al Copinh y las autoridades de Honduras no hacen absolutamente nada. De esta forma se crea el ambiente que permitirá los asesinatos”, concluyó.