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Escándalo en Petrobras: ¿una crisis institucional?

Fernando Caulyt/ Violeta Campos (EL)6 de marzo de 2015

Las investigaciones en el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil salpican a varios partidos. El país sudamericano enfrenta una crisis moral por el caso Petrobras. ¿Se avecina también una crisis institucional?

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Imagen: AFP/Getty Images/Evaristo Sa

La lista con 54 nombres de presuntos involucrados en el caso de corrupción de la petrolera pública de Brasil Petrobras, que el fiscal general Rodrigo Janot entregó el martes (3.3.2015) al Tribunal Superior, ha hecho temblar a muchos políticos en Brasilia. Según el periódico español El País, “Brasil se precipita hacia un sismo político por el caso Petrobras”. En su edición digital, el noticiero El Confidencial asegura que el escándalo de corrupción “está a punto de reventar el delicado equilibrio político del país tropical. El también bautizado como ‘caso Petrolão' está hundiendo, lenta e inexorablemente, la principal empresa del país, con 87.000 empleados y una producción diaria de cerca de dos millones y medio de barriles de crudo”.

No obstante, pese a que una gran parte de los políticos que deberán ser investigados en el caso Petrobras pertenecen a partidos que forman parte de la base de apoyo a Dilma, el politólogo alemán Peter Birle, del Instituto Ibero-Americano de Berlín, asegura que Brasil no enfrenta una crisis institucional.

Crisis sí, pero no institucional

“Después de 30 años de democracia, podemos decir que felizmente las instituciones democráticas están funcionando en Brasil. El gobierno de Dilma está en crisis por diversos motivos: la situación económica, el escándalo de Petrobras y por el hecho de que la presidenta no es una buena negociadora. El sistema político brasileño, presidencialista, implica tener que negociar muchas cuestiones”, dice el experto en entrevista con DW.

Birle describe a Dilma como una persona más bien tecnócrata, que, en comparación con su antecesor Lula, enfrenta dificultades al negociar. “Su relación con el PMDB (partido aliado del gobierno) no es apropiada, puesto que ni al vicepresidente, Michel Temer, ni al partido le da la oportunidad de participar en la toma de decisiones. Ese estilo de gobernar no facilita la situación”. En opinión del politólogo, Brasil está sumergido en una crisis, pero no en una crisis institucional.

Peter Birle afirma que la situación en el país sudamericano “está muy tensa” y que en el futuro podría empeorar. En la misma medida en que las investigaciones en torno a los congresistas envueltos en el escándalo de Petrobras avanzan, empeora la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. El presidente del Senado, Renan Calheiros, dijo sentirse “abandonado” por el gobierno y ha empezado a vengarse, rechazando recibir una medida provisional de la presidenta referente al ajuste fiscal.

“Gran inseguridad política”

“El inicio del segundo mandato de Dilma está marcado por una gran inseguridad política. Y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se encuentra en un punto crítico”, dice Birle. Incluso el apoyo del PT hacia la presidenta ha disminuido, ya que este partido critica los ajustes económicos y las medidas de austeridad.

Al respecto, El País teme que “las acusaciones envenenen las ya de por sí tormentosas y alambicadas relaciones entre el Gobierno, acuciado por una economía gripada y un país estancado, y un Congreso ultra-fragmentado que Dilma Rousseff no domina. Brasil vivía ya de por sí una precaria estabilidad política”.

La relación de Dilma con el Congreso es tensa.
La relación de Dilma con el Congreso es tensa.Imagen: Voishmel/AFP/Getty Images

Según El Confidencial, el caso Petrobras “es un mazazo para la delicada economía brasileña, aquejada de problemas estructurales como la inflación y la recesión. En el último trimestre de 2014, las acciones de Petrobrás se desplomaron, perdiendo el 38 por ciento de su valor”.

En el blog ait, Markus Sokol escribe que “lo que sí es seguro es que una crisis de Petrobras provocaría una crisis gigantesca, incluso institucional, en Brasil. Vuelve entonces a surgir la cuestión de la reforma política y de la Constituyente. ¿Pueden los diputados financiados por la corrupción precisamente realizar una reforma política? ¿Puede el pueblo confiar en ellos?”