España: ¿el nuevo gendarme mundial?

Desde que en 1998 el juez Baltasar Garzón saltó a los titulares internacionales al procesar por terrorismo, genocidio y torturas al ex dictador chileno Augusto Pinochet y lograr su detención en Londres, la Audiencia Nacional española ha estado en el ojo de la tormenta en más de una decena de ocasiones por la persecución de crímenes contra la humanidad cometidos fuera de España.

Ocho países están actualmente afectados por dichos procedimientos: China, Guatemala, Estados Unidos, Alemania, Israel, Ruanda, Marruecos y El Salvador. Y no a todos los gobiernos les sienta bien la actuación de un tribunal extranjero, menos aún cuando en algunos casos afecta a ministros y altos cargos aún en activo.

Garzón, Pedraz y Abreu: tres jueces compiten en severidad

"Procedimientos legales como los de Madrid son expresión de la doble moral de algunos elementos que han dado la espalda durante años a los ataques continuados contra el Estado de Israel", aseguró un enfadado Ehud Olmert, entonces primer ministro israelí, cuando el juez Fernando Abreu abrió en enero de 2009 un procedimiento por crímenes de lesa humanidad contra 7 dirigentes políticos y militares israelíes por la muerte de 14 civiles, nueve de ellos niños, tras el bombardeo en 2002 de la vivienda de un jefe de Hamás en Gaza.

Esta semana, Abreu reafirmó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos, pese a que la fiscalía había solicitado el archivo de la causa. También el juez Santiago Pedraz solicitó a China interrogar a tres de sus ministros, junto a otros responsables políticos y militares, por los sucesos que tuvieron lugar en Tíbet en marzo de 2008, en los que murieron más de 200 personas, más de mil resultaron heridas y cerca de 6.000 desaparecieron.

Relaciones bilaterales de España en riesgo

Al gobierno del país asiático ya le sentó mal el inicio de la investigación tres días antes del comienzo de los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando la mirada del mundo estaba puesta en China. Ahora, su Embajada en Madrid ha pedido al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que tome "medidas inmediatas y efectivas" para que la querella "sea retirada cuanto antes" para "evitar posibles daños en las relaciones bilaterales entre China y España".

También Garzón se ha reafirmado en los últimos días en la investigación sobre torturas en Guantánamo. Y en la Audiencia, entre otros, hay asimismo una querella por genocidio en Guatemala en 1980, un procedimiento contra miembros del actual Gobierno de Ruanda, otra querella por genocidio contra militares marroquíes por sucesos en el Sahara, otra contra militares salvadoreños... Además, el tribunal debe decidir si admite a trámite una querella contra seis miembros de la administración de George W. Bush que diseñaron el "andamiaje" de Guantánamo.

"No nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo", manifestó a tenor de estos casos el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, que aboga por la reforma de determinados aspectos que regulan la jurisdicción universal española para evitar la proliferación de procedimientos de este tipo.

Madrid contra las dictaduras del mundo

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Audiencia Nacional es competente de investigar delitos de genocidio, entre otros, cometidos por españoles o extranjeros fuera de España. En 1998 se declaró competente para enjuiciar los crímenes cometidos por las dictaduras de Argentina y Chile. Y en 2005, el Tribunal Constitucional falló la competencia de la Justicia española para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos fuera del país, incluso si no afectan a españoles.

Pero no sólo personalidades del mundo de la judicatura como Dívar creen que lo mejor sería limitar el poder de actuación de los jueces españoles en lo relativo al principio de Justicia universal. El gobierno de Zapatero ha dado a entender lo mismo, después de que la actuación de magistrados como Garzón, Pedraz y Abreu, a quienes los críticos califican de "jueces estrella" que buscan los focos mediáticos, hayan procurado al Ejecutivo algún problema diplomático.

"Coincido con la Fiscalía del Estado, que ha emitido un informe en contra (de que Garzón investigue en el tema de Guantánamo). El principio de subsidiaridad con países inequívocamente democráticos debe tenerse presente", dijo el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en una entrevista reciente con el diario "El País".

Instrumento para defensa de delitos de lesa humanidad

El debate sobre una reforma que permita una interpretación más restrictiva de la ley está abierto. Quienes defienden la reforma se inclinan por una que vaya en la línea de exigir un punto de conexión con intereses españoles. "Es una vuelta atrás inadmisible", responde el eurodiputado y responsable de Relaciones Internacionales de Izquierda Unida (IU), Willy Meyer. La formación es acusación popular en el proceso abierto por Abreu a instancias de la querella presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos contra altos cargos israelíes.

Y es que las víctimas alegan que la Justicia universal es el único instrumento con el que cuentan para defenderse de delitos de lesa humanidad. Pero hasta ahora las causas universales que ha resuelto la Audiencia Nacional lo han hecho con el sobreseimiento o el archivo del caso.

Autor: JOV / dpa

Editor: Enrique López