España retira orden de detención europea contra Puigdemont
5 de diciembre de 2017
El Tribunal Supremo de España ordenó este martes (05.12.2017) retirar la orden de arresto internacional contra el expresidente del Gobierno catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros al considerar que los políticos habían mostrado voluntad de regresar a España.
Los cinco políticos viajaron a Bélgica después de llevar a cabo una declaración unilateral de independencia de la región en el Parlamento catalán el 27 de octubre, considerada ilegal por los tribunales españoles.
El caso de los exgobernantes catalanes fue llevado en primer lugar por la Audiencia Nacional española y la jueza Carmen Lamela ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos por delitos de rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia.
Luego, el juez Pablo Llarena ha asumió todos los sumarios sobre el secesionismo que estaban en varios juzgados y ahora considera que se deben retirar las órdenes que lanzó la jueza Lamela.
Los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las órdenes europeas de detención y entrega en el caso de Puigdemont y los cuatro exconsejeros se emitieron el 3 de noviembre.
Según Llarena, el escenario es diferente porque los acusados "parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado".
Puigdemont encabeza la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones autonómicas que tendrán lugar el 21 de diciembre, con la presencia también en las listas de varios de sus antiguos consejeros.
El temor del magistrado español es que el Estado belga "restrinja en su entrega de los detenidos a determinadas imputaciones, negando otras" y ello dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones.
Este lunes Llarena dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros (118.000 dólares) a seis exconsejeros del Gobierno catalán y dejó a dos en prisión ante el riesgo de que pudieran reiterar su supuesta actuación delictiva con consecuencias "graves, inmediatas e irreparables".
RRR (Efe/Dpa)