Trabajo esclavo: ¿qué hace la UE?

En todo el mundo, 21 millones de personas en este momento son víctimas de trabajo forzado, 90% de ellas explotadas en la economía privada, 44% por ciento de ellas son migrantes.

Generan 150 mil millones de dólares en ganancias ilícitas. Dos tercios de ellas se generan en la industria sexual; el resto en construcción, agricultura, minería, trabajo doméstico. También en las cadenas de suministro –como en los productos pesqueros o los dispositivos electrónicos- en donde las responsabilidades se diluyen porque hay muchos intermediarios y muchos migrantes involucrados.

En el trabajo forzado, África y Asia van a la cabeza, América Latina y el Caribe las sigue; el problema, sin embargo, atañe a todas las regiones del mundo.

Estas cifras de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) dejan clara la urgencia de la acción, pues el coste económico y social del fenómeno es enorme, opina Beate Andrees, directora del Programa de Acción Especial para Combatir el Trabajo Forzado.

Conceptos interrelacionados

Aunque los especialistas distinguen tres grandes conceptos en el fenómeno -trata, trabajo forzado y esclavitud-, Andrees subraya que tienen más en común de lo que se reconoce.

“Para América Latina y el Caribe, todos son relevantes. Hay antiguos formas tradicionales de esclavitud como en Brasil “trabajo esclavo”, en donde los trabajadores sucumben, engañosamente, en relaciones laborales esclavos en la agricultura y en el sector minero. También hay otras formas de explotación en evolución en donde se puede detectar tráfico humano. Por ejemplo, en los casos en que se pasa a trabajadores ilegales para las minas, o para explotación sexual, o para trabajar en las empresas textiles”, explica Andrees a DW, en el marco de una conferencia al respecto en el Parlamento Europeo en Bruselas.

Lo determinante, así la especialista, es la presencia de un factor: “los trabajadores son forzados a entrar o mantenerse en una situación de la que no pueden escapar”.

Más de un millón y medio en la región

Según el informe de la OIT, 650.000 esclavos domésticos hay en este momento en América Latina y el Caribe, 360.000 en la agricultura, 190.000 en las manufacturas y las minas, 400.000 son explotadas sexualmente.

“En general, estimamos 1,6 millones de víctimas en la región ALC eso es un número significativo. En qué países es mayor no se puede decir, no tenemos estadísticas nacionales confiables”, acota.

Por otro lado, Europa sigue atrayendo a trabajadoras domésticas sobre todo de América Latina y de los países del Este de Europa, que “son muy vulnerables al trabajo forzado o a la esclavitud doméstica porque a menudo sufren de desamparo legal, les falta acceso a sindicatos, a veces están confinadas al ámbito privado", afirma Andrees subrayando que no todos los países europeos han ratificado la convención respectiva de la OIT.

¿Responsabilidad de quién?

Así las cosas, y aunque no existen cifras exactas, en las ganaderías, las plantaciones de soja y maíz, en las minas de carbón también en el acero se inicia una cadena de suministro con destino Europa desde América Latina y otras regiones donde los especialistas detectan fuertes tendencias al trabajo forzado.

“¿Qué puede hacer la UE para mejorar la situación?”, pregunta la eurodiputada Barbara Lochbihler, miembro de la subcomisión de derechos humanos y encargada de elaborar un informe al respecto.

Las respuestas de los especialistas van desde la incrementar la transparencia, hasta mejorar el control sindical de las regulaciones ya existentes. Sus respuestas se recogerán en el informe que se espera a ser votado por el pleno de la Eurocámara para el otoño.