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Europa, Bélgica y el "caso Puigdemont"

6 de noviembre de 2017

El exjefe del Gobierno catalán huye de la Justicia de su país y busca evitar que Bélgica lo extradite. A ojos de Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, Carles Puigdemont debe regresar a España.

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Spanien Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Puigdemont
Imagen: picture alliance/Sputnik/dpa/J. Boixareu

Deutsche Welle: Señor Thiele, las órdenes de captura europeas suelen ser obedecidas por los socios del bloque comunitario. Después de todo, la Unión Europea es una comunidad de Estados de derecho. En ese sentido, ¿debe Bélgica extraditar al exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont, quien es solicitado por la Justicia de España?

Alexander Thiele: La orden de captura europea fue concebida para que los miembros del bloque pudieran ofrecerse mutuamente ayuda jurídica expedita. Pero el Estado a cargo de la extradición siempre debe verificar que se cumplan ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, la orden de captura europea no es una que se cumpla automáticamente.

El delito de rebelión que se le atribuye a Puigdemont en España no está contemplado en las leyes belgas. ¿Puede eso ser un obstáculo para la extradición de Puigdemont a España?

Dr. Alexander Thiele
Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, da clases en la Universidad de Gotinga.Imagen: Swen Pfšrtner

El acuerdo en torno a la orden de captura europea prevé muchos delitos frente a los cuales la correspondencia jurídica de los países no debe ser comprobada. Por otro lado, hay varios delitos políticos que no han sido considerados. Eso significa que, de cara a determinados delitos políticos, se puede exigir la comprobación de la existencia de correspondencia entre legislaciones. Si no existe esa correspondencia, la extradición sí puede ser denegada.

¿Qué pronóstico haría usted en el caso específico de Carles Puigdemont?

Yo creo que a Bélgica no le conviene involucrarse en una querella interna de España. Bélgica tiene sus propios problemas con las ambiciones secesionistas de muchos de sus habitantes; no es casual que el señor Puigdemont haya buscado refugio en Bélgica. De hecho, algunos ministros belgas pidieron que se le diera asilo político a Puigdemont. Bélgica se haría un favor si dijera confiar en que España cumplirá las condiciones legales para proceder en este caso y le recomendara a Puigdemont regresar a su país para que aclare allí, con las autoridades y con el pueblo, cómo debe desarrollarse su juicio.

Puigdemont asegura que en España sería objeto de un juicio político. ¿No tiene fundamento lo que él alega?

Por supuesto que este caso tiene una arista política. Las mociones separatistas han sido criminalizadas en España debido a su historia, pero también lo han sido en otros países. Puede que el secesionismo no sea un delito en Bélgica, pero eso no significa que el asunto deje de suponer, en esencia, un conflicto judicial. Y eso es lo que argumenta el Gobierno español cuando sostiene: 'Puigdemont conocía el contenido de nuestra Constitución, él actuó a consciencia y debía tener claro que él enfrentaría problemas penales'. Es por eso que les corresponde a los tribunales españoles determinar si Puigdemont incurrió en el delito que se le atribuye.

El partido de Puigdemont arguye que el exjefe del Gobierno catalán está dispuesto a defenderse ante una corte belga porque el proceso judicial no puede ser 'justo y objetivo' en España. ¿Es posible que un ciudadano responda ante un tribunal extranjero por delitos que se le imputan en su país de origen?

El Derecho Internacional contempla la posibilidad de que una persona sea enjuiciada y sentenciada ante la corte de un país por delitos cometidos en otro Estado. Pero en el caso que nos ocupa estamos hablando de dos miembros de la Unión Europea. Y es un chiste sostener que en España no rige el Estado de derecho o que en su territorio no es posible recibir un juicio justo. Yo creo que Puigdemont confundió algunas cosas: él quiere salir de esta situación libre de condenas y está convencido de que ninguna pena sería justa.

Existe la posibilidad de que Bélgica deniegue la extradición de Puigdemont esgrimiendo que sus derechos fundamentales no están garantizados en su país; la orden de captura europea da espacio para esa argumentación. Pero no se debe permitir que eso ocurra. España es un Estado de derecho que funciona. En ese sentido, Turquía es lo contrario; las extradiciones hacia Turquía sí que deben ser puestas bajo la lupa.

Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, da clases en la Universidad de Gotinga.

Autor: Christoph Hasselbach (ERC/VT)