Feminicidios en Perú: el caso de Katherine Gómez

Katherine Gómez no tenía posibilidades de salvarse. Un sábado por la noche, en plena calle, en el centro histórico de Lima, su exnovio se le acercó y la roció con gasolina, luego sacó su encendedor y le prendió fuego. Katherine sufrió terribles quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo. Una semana después, falleció a causa de sus heridas. La crisis política en Perú, que ocupó durante semanas los titulares, pasó por algunos días a segundo plano. Este cruento feminicidio puso al país sudamericano en estado de schock

Sobre todo porque el presunto autor del crimen, de 21 años, está todavía en libertad. Sergio Tarache Parra pudo huir luego del atentado con toda tranquilidad, ni siquiera lo siguió la Policía. Pasaron seis angustiosos días hasta que la Justicia finalmente emitió una orden de arresto. Pero sigue siendo imposible rastrear al hombre hasta el día de hoy. El delito tiene muchos de los elementos que definen a un feminicidio: un hombre que probablemente quería vengarse de que su pareja lo dejara; un Estado que, durante mucho tiempo, solo miró sin actuar, y un asesinato que aún no ha acarreado ningún castigo.

Estereotipos anclados en la sociedad 

En Perú muere una mujer cada 48 horas a causa de la violencia machista. Melissa Guillén quiere que eso se termine. Es activista de la organización no gubernamental Manuela Ramos, que lucha por los derechos de las mujeres en Perú desde 1978. "Este feminicidio contra Katherine Gómez no es de ninguna manera un caso aislado, encaja exactamente en el esquema. Sobre todo, porque en Perú todavía existen todavía estereotipos sobre que las mujeres están subordinadas a los hombres y les pertenecen. Y siempre que una mujer rompe con esos estereotipos, pasan estas cosas terribles”.

137 feminicidios fueron registrados por las autoridades peruanas en 2022. En ese año, 51 muertes fueron caratuladas como delitos violentos, y hubo más de 111 intentos de asesinato de mujeres. Además, Perú registró más de 5.380 denuncias por desaparición, y gran parte de esas personas desaparecidas eran niñas y adolescentes. Mujeres que siguen desaparecidas hasta el día de hoy, sin dejar rastros. Un balance del horror, que para Guillén tiene que ver también con la falta de medidas preventivas, como campañas en los medios para que dejen de tolerarse esos delitos y se ponga fin a la impunidad.

Violencia contra las mujeres aún se tolera 

Pero para lograr todo eso hace falta recorrer todavía un largo camino. Guillén cuenta sobre una encuesta a nivel nacional, de hace cuatro años, cuyos resultados impresionan a la activista hasta el día de hoy. Según el sondeo, más de la mitad de los encuestados y encuestadas tolera la violencia contra las mujeres de más de 18 años. Una de cada tres personas piensa que es adecuado el castigo contra una mujer que ha sido infiel, y una de cada cuatro piensa que las mujeres deben estar dispuestas a tener sexo si los hombres lo quieren.

Por eso es tan importante que organizaciones como la de Manuela Ramos luchen contra eso día tras día. Las activistas no solo se ocupan de las víctimas, sino que también capactian a las autoridades y forman a abogadas de víctimas de violencia sexual. Pero todo ese compromiso no sirve para nada si el Estado no hace los deberes, dice Melissa Guillén: "Las leyes para poder penalizar los feminicidios existen, pero a menudo no se aplican. Y hay autoridades que responsabilizan a las mujeres de los ataques. En el caso de Katherine Gómez, una ministra que incluso dice entender a las mujeres, dijo que la culpa la tenemos nosotras por buscarnos parejas así”.

Feminicidios, la "pandemia oculta”

En América Latina se contabilizaron 4.473 feminicidios en 2021, según el Observatorio por la Justicia de Género de América Latina y el Caribe (OIG). Es decir, que 12 mujeres pagan con su vida todos los días los hechos de violencia contra ellas. Los países con las tasas más altas de feminicidio por cada 100.000 habitantes son Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolivia y Brasil, además de Belice y Guyana.

Como si esto fuera poco, Perú va en retroceso. Desde 2022, la ley obliga a que la patria potestad sea compartida, es decir, que la madre y el padre cuiden de sus hijos por igual tiempo luego de una separación. Esto, que puede sonar progresista, tiene una desventaja decisiva, según los críticos, ya que, aunque un padre haya cometido un delito de violencia doméstica o haya sido juzgado, tiene el control sobre su familia durante un largo período, debido a la lentitud de la Justicia peruana.

(cp/ers)