En medio de un clima de protestas laborales en Venezuela, la mayoría chavista de la Asamblea Nacional (AN), electa en el 2020, aprobó el martes 24 de enero de 2023, en primera discusión, el proyecto de ley de "Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines”.
Esta ley está dirigida a controlar el funcionamiento de las oenegés que hacen vida en el país. Este proyectó ahora pasará a la subcomisión de Política Interior y luego regresará nuevamente a la plenaria del Parlamento para su sanción y posterior promulgación por parte del Ejecutivo.
De acuerdo con Amnistía Internacional, con esta decisión "la Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso hacia la aprobación de un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela”. En el mismo sentido la organización publicó un comunicado suscrito por varias organizaciones internacionales de DD. HH., las cuales expresaron su rechazo a la iniciativa gubernamental, calificándola como "un proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar aún más el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.
Por su parte, el Foro cívico, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, emitió también un comunicado donde señaló que el "proyecto está diseñado en clara vulneración a los derechos humanos de libertad de asociación, participación y actuación ciudadana en los asuntos públicos”.
En el discurso de presentación del proyecto de ley, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV) y segunda figura de poder dentro del Chavismo, acusó a las ONG venezolanas de ser agentes de gobiernos extranjeros que buscan desestabilizar al país: "Hoy las oenegés que operan en nuestro país tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el ámbito político, con el fin preciso de generar desestabilización a nuestro país”. Cabello además indicó que han identificado 62 organizaciones de la sociedad civil "que operan con fines absolutamente políticos y que reciben financiamiento de gobiernos distintos al Gobierno bolivariano y el fin es imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia”.
Argumentos contra las oenegés
Los prejuicios de este alto personaje chavista respecto a los fines, actividades, y autonomía de las organizaciones no gubernamentales en el país quedaron plasmados en la exposición de motivos del referido proyecto de ley. Allí se arranca acusando a las oenegés de ser una especie de caballo de troya de los centros de poder mundial.
En esta exposición de motivos se señala que, "desde la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado fomentar el uso de la asociación civil, como mecanismo que promueve y desarrolla acciones en determinados países, fomentadas y financiadas desde los centros de poder hegemónico”.
De acuerdo con los redactores gubernamentales de este proyecto de ley, "existe una tendencia a abusar de la libertad de asociación mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares”.
Con estos "argumentos”, similares a los expresados por Ortega en Nicaragua, el oficialismo chavista enmascara su necesidad de establecer estrictos mecanismos fiscalizadores al libre desenvolvimiento de las asociaciones civiles y restringir, aún más, el espacio cívico venezolano.
Todo esto, según el proyecto, en "aras de salvaguardar los intereses nacionales y garantizar el uso transparente y legítimo del derecho de asociación, limitando y castigando tan sólo los usos amañados y fraudulentos de estas figuras en contra de los intereses venezolanos”.
Obstaculizar e impedir las actividades de las oenegés en Venezuela
En línea con su espíritu interventor, el proyecto de ley establece para las oenegés, además del cumplimiento del registro establecido por el Código Civil venezolano, la obligación de inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, y de mantener informado de forma periódica y pormenorizada al Estado sobre de sus actividades, sobre la plena identidad de las fuentes de su financiamiento, y sobre las relaciones que estas organizaciones mantienen con otros sujetos, nacionales o internacionales.
Por otra parte, a las oenegés que operen en el país se les prohíbe: "1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos; 2. Realizar actividades políticas; 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República; 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislación venezolana”. Se deja a criterio del Ejecutivo la potestad de determinar cuándo una actividad puede ser considerada política o desestabilizadora.
En los casos de incumplimiento de sus normas, el proyecto contempla multas de hasta 12.000 dólares y la posibilidad de la suspensión o disolución de la oenegé. Si el ilícito está relacionado con el deber de notificar donaciones, además de la multa equivalente al doble de lo recibido, se podrían establecer responsabilidades civiles y penales vinculadas con delitos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Progresivo cierre del espacio cívico venezolano
Con este tipo de medidas inconstitucionales y violatorias de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales, las autoridades venezolanas estarían "profundizando su política de criminalización, persecución y eventual suspensión e ilegalización de organizaciones de la sociedad civil autónomas e independientes” según se señala en un comunicado de PROVEA, organización no gubernamental defensora de derechos humanos en Venezuela.
Efectivamente, este proyecto de ley no es un hecho aislado, ni sobrevenido, sino que por el contrario viene a ser parte de una política estatal de cierre continuado del espacio cívico venezolano, iniciada por Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1999, tal como se puede constatar revisando la caída sostenida que ha tenido el Índice Central de la Sociedad Civil (CCSI) desarrollado por el Proyecto Variedades de Democracia (V-dem).
La solidez de la sociedad civil
El Índice Central de la Sociedad Civil (CCSI), por su parte, está diseñado para medir entre 0 y 1 qué tan sólida es la sociedad civil de un país, definiéndose a la sociedad civil como aquel espacio social que disfruta de autonomía frente al Estado y donde los ciudadanos persiguen libre y activamente sus objetivos políticos y cívicos.
De acuerdo con los datos de V-Dem, el Índice Central de la Sociedad Civil en 1998 era de 0,88. A partir de ese momento, este índice ha venido cayendo de manera ininterrumpida hasta llegar a 0,31 en el año 2021 (última medición).
Este bajo nivel, muy inferior al promedio de 0,7 para América Latina en ese año, solo es todavía más bajo en los casos de Nicaragua (0,1) y Cuba (0,03).
Estos datos son consistentes con recientes informes elaborados por organizaciones no gubernamentales venezolanas, como el del "Centro para los Defensores y la Justicia (CDS)”. Esta oenegé, en su informe de diciembre de 2022, denunció cómo durante el período 2017-2021 el Estado venezolano había ido afianzando su "política de criminalización, represión y control social, evidenciando un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa de derechos humanos”.
Agresiones contra la acción humanitaria
Entre los años 2017 y 2021, el CDS registró un total de 1.654 ataques e incidentes por parte del Estado en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acción humanitaria en Venezuela. El número de ataques ha venido aumentado todavía más en los últimos tres años. En el 2021 hubo 5,5 veces más ataques que en el año 2019.
Los principales patrones de agresión y amedrentamiento detectados fueron: estigmatización (1.112), intimidación y hostigamiento (301), amenaza (101), detenciones arbitrarias (37), judicialización (22), allanamientos (18) y ataques digitales (35). Los ataques e incidentes se han centrado principalmente en acciones dirigidas a neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoción de los derechos humanos.
Junto con estos patrones de violencia estatal, en el informe del CDS se identificó una serie de medidas fácticas y legales dictadas por el régimen de Nicolás Maduro dirigidas a criminalizar, obstaculizar, restringir y neutralizar la defensa de los derechos humanos en el país y la cooperación internacional.
En relación con el funcionamiento de las ONG, destacan las siguientes medidas:
a) Decreto de Excepción y Emergencia Económica, utilizado para dar legalidad a la tesis del enemigo interno del Estado, calificando como tal a toda persona o grupo que se oponga a los intereses o lineamientos del gobierno;
b) Ley Contra el Odio la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica, la cual facilita la criminalización y judicialización de cualquier persona que exprese opiniones críticas o que disientan de las políticas oficiales de gobierno;
c) Suspensión y limitación desde el 2019 por parte del SAREN de las actividades de registro a las fundaciones organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones;
d) Resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior y Justicia para la regulación de las organizaciones internacionales no domiciliadas en Venezuela;
e) Circular de la Superintendencia de Bancos SIB-DSB-CJ-OD-0652418. Esta circular, permite el monitoreo y fiscalización de las cuentas bancarias de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro del país, que el gobierno considere como sospechosas de estar vinculadas con actividades ilícitas o de terrorismo.
f) Providencia Administrativa N° ONCDOFT-002-20219, la cual estableció que las organizaciones no gubernamentales deben inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo.
Una de las principales preocupaciones expresadas en este informe del CDS se refiere al "aumento del uso del derecho penal para perseguir, como también la promulgación de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimación de capitales, para así justificar la tesis del enemigo interno”. Lamentablemente, los peores temores reflejados en este informe se han visto confirmados por el proyecto de ley presentado por el chavismo el martes pasado.
Cada vez luce más oscuro el horizonte para la actuación de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.(ms)