Gobierno de Nicaragua expulsa a la CIDH
20 de diciembre de 2018
El Gobierno de Nicaragua anunció la suspensión temporal de la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de la expiración del plazo otorgado a un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que trabajaran en el país centroamericano.
La encargada de informar de la decisión fue la Cancillería de Nicaragua informó a las organizaciones ligadas al CIDH que su misión terminó a partir de este miércoles (19.12.2018). La determinación fue comunicada a los representantes del Meseni y del GIEI en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Managua, donde fueron citados.
Una vez finalizada la reunión en la Cancillería, la coordinadora del Meseni, Ana María Tello, señaló que esa misión, instalada en Nicaragua el 24 de junio pasado, seguirá funcionando desde su sede en Washington. En tanto, el GIEI haría público este jueves (20.12.2018) el informe final sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo pasados.
Previo al anuncio de la decisión del Gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió de la "intensificación de la cuarta etapa de represión estatal" en Nicaragua, sumida desde abril pasado en una crisis que ha dejado cientos de muertos y detenidos en protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega.
La CIDH ha identificado en la cuarta etapa de la represión las agresiones por parte del Gobierno de Ortega, las amenazas y el acoso a los periodistas y medios independientes. Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales.
La cuarta fase incluye "incremento de agresiones y hostigamiento contra periodistas, detenciones y judicialización de líderes, defensores y defensoras de derechos humanos y opositores, expulsión arbitraria de personas naturalizadas o residentes permanentes por participar en protestas", agregó el organismo.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril de 2018, tras 11 años de Gobierno. La razón inicial del estallido social respondió a unas fallidas reformas a la seguridad social, lo que se convirtió en una exigencia de renuncia debido al saldo mortal en las manifestaciones iniciales.
mn (efe, laprensa.com.ni)
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