Condenados ex militares guatemaltecos

Manuel Pop (de 57 años), Reyes Collin (de 53 años), Daniel Martínez y Carlos A. Carías (de 52 años), fueron hallados “responsables como autores del delito de asesinato” de 201 campesinos en diciembre de 1982. Las víctimas: hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos del parcelamiento Las Dos Erres, en el norteño departamento de Petén.

Por unanimidad, el Tribunal de Alto Riesgo dictó, para cada acusado, 30 años de privación de libertad por cada una de las víctimas. A ellos se sumaron otros 30 años por el delito de “deberes contra la humanidad”, reporta el diario guatemalteco Prensa Libre. Y a la pena de Carías se añadieron, además, otros seis años por el delito de hurto agravado, al confirmarse que saqueó la comunidad tras la masacre, agrega el rotativo.

En la práctica, la sentencia se reduce, sin embargo, a la pena máxima que establece el Código Procesal Penal guatemalteco para el delito de asesinato, 50 años, explicó la vocal del Tribunal, la jueza Patricia Bustamante, al leer el veredicto.

La matanza de Las Dos Erres es sólo una de las 669 documentadas en el informe “Guatemala: Memoria del Silencio”, publicado en 1999 por la guatemalteca Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH). A cargo de revelar las atrocidades cometidas durante el conflicto armado entre militares y guerrillas de izquierda en Guatemala (1960-1996), la CEH estimó que la guerra civil guatemalteca dejó un saldo de más de 200.000 muertos y más de 40.000 desaparecidos, la mayoría a manos del Ejército.

En el caso de Las Dos Erres, tres de los cuatro acusados, los ex inspectores Pop, Collin y Martínez, integraron la patrulla de 40 militares que perpetró la masacre. El cuarto, el ex teniente Carías, aportó la “información de inteligencia” con la que se preparó el operativo, dijeron los testigos. Los cuatro pertenecían a la “Escuela Kaibil”, un grupo élite entrenado por el Ejército guatemalteco en la selva de Petén, en la frontera con México, como parte de su estrategia contrainsurgente.

En Las Dos Erres, los “kaibiles” buscaban, supuestamente, 21 fusiles que habían sido hurtados al Ejército en un enfrentamiento con guerrilleros, reporta Nuestro Diario, el rotativo de mayor circulación en el país centroamericano. Los pobladores fueron torturados, los hombres degollados o fusilados, las niñas y mujeres violadas, a las embarazadas se les hizo abortar, y todos fueron lanzados a un pozo, “donde con fusiles de asalto les dispararon y les lanzaron granadas de fragmentación para asegurar su muerte”, agrega Prensa Libre.

“Los menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras a los más pequeños los estrellaban contra los muros o árboles, sujetándoles los pies; luego eran arrojados al pozo”, relató en 1999 el informe de la CEH.

La masacre de Dos Erres “fue un castigo militar, ya que el Ejército creyó erróneamente que los pobladores eran colaboradores de la guerrilla. Querían sentar un precedente para que no se apoyara a los grupos subversivos”, afirmó la jueza Bustamante. Determinante para establecer la culpabilidad de los procesados fueron no sólo los testimonios de sobrevivientes, sino también la declaración de dos “testigos protegidos” de la fiscalía, los ex kaibiles César Franco y Flavio Pinzón, vía videoconferencia, desde México.

El Tribunal dio valor probatorio al informe presentado por el general de división de Perú Rodolfo Robles Espinoza, quien afirmó que la matanza fue planificada y ordenada por el alto mando del Ejército y que, de acuerdo con la doctrina y normas militares, la cadena de mando dentro de la patrulla partía del entonces teniente Carías, responsable total del cumplimiento de la misión.

Luego de escuchar el fallo, familiares de las víctimas y activistas lloraron y se abrazaron. “Siento que la justicia llegó, pero no puedo mostrar felicidad porque en ese lugar quedaron las personas que más quiero en la vida”, dijo a la prensa Luis Saúl Arévalo, quien perdió a sus padres y cuatro hermanos.

“Se hizo justicia. Esta sentencia reivindica a las víctimas de Las Dos Erres y a los miles que fueron masacrados durante el baño de sangre que vivió Guatemala”, cita la alemana agencia de noticias dpa a Aura Elena Farfán, activista de FAMDEGUA, la organización Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Guatemala. Según Farfán, querellante adherente contra los ex kaibiles condenados, el trabajo para buscar justicia en este caso se inició hace ya 17 años.

Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado subrayó el significado de esta sentencia: “El mensaje que se envía es que la población debe denunciar todos los crímenes cometidos por militares, hasta lograr justicia”. En el caso de Las Dos Erres el Ministerio Público guatemalteco ha pedido la captura de otros 14 implicados.

Autora: Rosa Muñoz Lima

Editor: Pablo Kummetz