Guatemala: “Un paso atrás del Estado de derecho”

Con el comienzo del proceso al exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, el 19 de marzo de este año, se esperaba poder esclarecer definitivamente los crímenes contra la humanidad cometidos durante su gobierno. En un período especialmente cruento del conflicto que asoló a Guatemala a lo largo de 36 años, desde 1960 hasta 1996, se llevaron a cabo violaciones sistemáticas de los derechos humanos. El total de víctimas de la represión del Estado, hombres, mujeres y niños, que fueron asesinados o desaparecieron, asciende a 200.000, de las cuales un 80 por ciento eran indígenas mayas.

Las Naciones Unidas estiman que, en especial durante el gobierno de Ríos Montt, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, se llevaron a cabo cerca de 15 matanzas, ejecutadas por las fuerzas militares y paramilitares guatemaltecas, en el departamento de Quiché, en las que murieron al menos 1.772 indígenas de la etnia maya de los ixil.

En un veredicto histórico, el pasado 10 de mayo, el Tribunal A de Mayor Riesgo de Guatemala había condenado al exdictador Efraín Ríos Montt a 80 años de cárcel por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero ese fallo fue revocado el lunes, 20 de mayo, por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. La Corte concluyó, luego de diez horas de debate, que no se siguió el debido procedimiento, ya que se dictó sentencia sin esperar el resultado de una recusación presentada por la defensa. La resolución estuvo dividida, con tres votos contra dos. El ex jefe de los servicios de inteligencia José Mauricio Rodríguez fue absuelto el 10 de mayo, pero la corte también revocó ese fallo.

Sebastián Elgueta, investigador de Amnistía Internacional para Guatemala, dijo desde a Deutsche Welle desde la sede de AI en Londres que “la decisión del 20 de mayo de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala es un golpe muy duro para todas las víctimas del conflicto interno armado, no solo para las víctimas directas de Efraín Ríos Montt, sino para todas las víctimas de serias violaciones de los derechos humanos”.

Un juicio varias veces interrumpido

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca ordenó que el proceso se retrotraiga hasta el punto al que llegó el 19 de abril, es decir, que lo actuado desde el 19 de abril hasta el 10 de mayo queda anulado. Eso significa concretamente, señaló Elgueta, que se deberán volver a escuchar las argumentaciones de la defensa y de la fiscalía, y la declaración de Ríos Montt, si es que se presta a declarar, así como la de José Mauricio Rodríguez, ex jefe de los servicios de inteligencia. “Eso implica que la corte tendrá que volver a considerar los hechos y juzgar si Ríos Montt es culpable o inocente”, dice el investigador, algo que llevará mucho tiempo.

El juicio a Ríos Montt por genocidio se ha visto interrumpido ya varias veces desde su inicio. “Entender en su totalidad lo que ha ocurrido durante el juicio a Ríos Montt tomará un largo tiempo, ya que ha habido decenas de recusaciones y amparos”, explica Sebastián Elgueta. "La sentencia por genocidio a Ríos Montt del 10 de mayo era una clara señal de que en Guatemala no se iba a tolerar la impunidad", añade, y de que se iba a exigir una rendición de cuentas a los responsables de abusos y violaciones de los derechos humanos".

“Ahora, esta nueva decisión de la Corte de Constitucionalidad de revocar la sentencia representa exactamente lo opuesto, ya que está enviando el mensaje de que en Guatemala reina la impunidad, que es un país en el cual, a través de maniobras procesales, se puede evitar un juicio por graves violaciones de los derechos humanos. Es un mensaje sumamente negativo para la reputación de Guatemala a nivel internacional”, subraya el experto en DD. HH. de la sede londinense de Amnistía Internacional.

Intereses de grupos empresariales

Después del 10 de mayo hubo una reacción clara de ciertos grupos en Guatemala, asegura Sebastián Elgueta, “y el mensaje central de esos grupos, liderados por la comunidad empresarial guatemalteca, era que la reputación de Guatemala estaba muy dañada, que así se sumaba a la lista de países en donde se cometieron genocidios”, formada hasta ahora por Ruanda, Yugoslavia y la Alemania nazi.

Sin embargo, el caso de Guatemala es, muy por el contrario, un caso ejemplar, dice Elgueta: “Guatemala es uno de los países en los que una corte nacional decidió asegurar la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos, a diferencia de esas otras naciones de la lista, donde la comunidad internacional tuvo que intervenir para asegurar que se hiciera justicia en casos de crímenes contra la humanidad”.

¿Retroceso del Estado de derecho en Guatemala?

La condena del 10 de mayo fue recibida, a nivel internacional, con un reconocimiento del avance del Estado de derecho en Guatemala. Un reconocimiento que es ahora revertido por la decisión de la Corte de Constitucionalidad, del 20 de mayo. ¿Cómo continuará el controvertido proceso a Efraín Ríos Montt a partir de ahora? Sebastián Elgueta piensa que el hecho de que se reanude el juicio a Efraín Ríos Montt implica que, seguramente, habrá más recursos, apelaciones y amparos en contra del tribunal existente. Todo eso demorará el fallo y, con él, la aplicación de la justicia.

Además, independientemente de lo que resuelva la corte, si se condena o no a Efraín Ríos Montt, también habría apelaciones en contra del futuro veredicto, cree Elgueta. “Amnistía Internacional considera que es algo preocupante, ya que los tribunales de Guatemala deben asegurar que se cumpla con el Estado de derecho, es decir, tienen que lograr que se respete el proceso a Ríos Montt y a Rodríguez". En el juicio al exdictador Efraín Ríos Montt aún queda muchísimo por hacer, opina el investigador. Con respecto al eco que ha tenido el juicio, añade que “a nivel internacional, también preocupa que, con las evidencias presentadas, todavía no se haya podido garantizar un juicio a causa de las maniobras de la defensa”.

Autora: Cristina Papaleo
Editor: Pablo Kummetz