Honduras: ¿cuál es el precio de la paz social?

Cuando los líderes de las pandillas más grandes de Honduras –la Mara Salvatrucha (M-13) y Barrio 18 (M-18)– juraron poner fin a sus rivalidades el pasado 28 de mayo, algunos analistas celebraron el anuncio como un paso decidido hacia la pacificación de toda Centroamérica: la tregua de los mareros hondureños fue precedida por la de los salvadoreños y podría propiciar un alto al fuego entre los gánsters guatemaltecos, alegaban los optimistas, citando el lema de los pandilleros arrepentidos: “No más homicidios, no más reclutamientos”.

Sin desestimar el acuerdo de paz en cuestión, sellado en Honduras gracias a la mediación del monseñor Rómulo Emiliani y del secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA, Adam Blackwell, otros observadores llaman la atención hacia el desafío que este tipo de armisticios supone para el Estado. Los jefes de la M-13 y la M-18 hondureñas, que operan desde la cárcel, dicen estar dispuestos a renunciar al crimen organizado como medio de subsistencia.

¿Debe el Estado negociar con organizaciones delictivas?

“Nadie ha pedido amnistía para los mareros que están en la cárcel. Lo que éstos piden es que el Estado haga lo que de por sí le corresponde y no hace desde hace lustros: mejorar las condiciones de vida en las prisiones e invertir los recursos necesarios para que los presos puedan reinsertarse en la sociedad cuando sean liberados, mediante medidas de resocialización que vayan desde la asistencia psicológica hasta la educación básica y la formación profesional”, aclara Peter Peetz, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA) de Hamburgo.

¿Mano dura o negociación?

“Cada año mueren decenas de personas en las cárceles salvadoreñas y hondureñas por el estado de hacinamiento en que viven y por la falta de medidas de seguridad apropiadas. Más de 300 presos murieron el año pasado cuando se incendió el centro penitenciario en el que estaban recluidos. Los derechos humanos de los presos se hallan en un estado catastrófico. Si los Gobiernos de estos países atendieran los problemas del ámbito carcelario, ya estarían auspiciando una tregua duradera con las maras”, acota el experto del GIGA.

“En la última década, los políticos y los medios hondureños han exagerado las dimensiones del problema encarnado por los pandilleros, sobre todo durante las campañas electorales. De ahí que, para poner coto a la violencia de las maras, el Estado haya recurrido a más violencia y represión, como la ley que contempla penar a una persona con doce años de prisión sólo por llevar el tatuaje de una pandilla. Pero esa política de ‘mano dura’ no impidió que Honduras se convirtiera en el país con la mayor tasa de homicidios en el mundo”, recuerda Peetz.

Aunque algunos hondureños creen en la buena voluntad expresada por los mareros a finales de mayo, otros no terminan de darles el beneficio de la duda. Para los primeros cuentan mucho los resultados medibles de la “tregua mara” en El Salvador, donde el número de homicidios registrados ha descendido aceleradamente: el promedio ha bajado de quince a cinco asesinatos diarios desde marzo de 2012. Lo que despierta suspicacias es que no haya disminuido la cantidad de extorsiones y asaltos en territorio salvadoreño.

El alto costo de la paz

“Las maras parecen haber cumplido su promesa de poner un alto a la violencia en El Salvador, pero nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre tras bastidores y para un Estado es muy peligroso hacer pactos con organizaciones de índole criminal; aún cuando, a futuro, a los Gobiernos de El Salvador y Honduras pudiera convenirles ‘vender’ la pacificación de las maras como un éxito de sus respectivas políticas interiores”, sostiene Sebastian Huhn, experto en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bielefeld.

Lo que a escala nacional puede lucir como un escenario prometedor para el Ejecutivo adquiere rasgos amenazantes para la ciudadanía a escala local, explica Huhn: “Muchos salvadoreños se muestran recelosos y dicen preferir que los mareros sigan matándose entre ellos para que por lo menos dejen en paz al resto de la población. A sus ojos, lo peor que puede ocurrir es que estos grupos se unan y finjan poner fin a sus actividades delictivas, cuando en realidad lo único que hacen es moderar el uso de la violencia”, señala el especialista de Bielefeld.

“Al Gobierno de El Salvador le inquieta que se piense que las pandillas están recibiendo beneficios concretos a cambio de su pacificación”, apunta Peetz. El 30 de mayo, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, ordenó destituir al director de los centros penales por permitir que los líderes mareros abandonaran temporalmente sus respectivas prisiones, sostuvieran encuentros con la prensa y tuvieran acceso a teléfonos móviles y otros privilegios.

El mandatario hondureño, Porfirio Lobo, observa con atención lo que ocurre en el país vecino. Se ha abstenido de intervenir en el diálogo entre las maras, pero aprobó la creación de una comisión dedicada a impulsar el proceso de desarme y pacificación de las pandillas en Honduras. No obstante, Peetz enfatiza que la violencia en Honduras no corre solamente por cuenta de las maras, sino también por la de las poderosas redes internacionales del narcotráfico y sus infiltrados en el aparato estatal. “El rol de Honduras en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos es más importante que el de El Salvador”, asegura el politólogo.

“La paz social en Honduras no sólo depende de la ‘tregua mara’, sino también de la erradicación de los focos de corrupción que corroen las instituciones del Estado y atentan contra el ejercicio de la justicia”, cierra Peetz.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editora: Claudia Herrera Pahl