Honduras: la sangría de la corrupción

El sonado caso de la esposa del ex presidente Porfirio Lobo (2010-2014), Rosa Elena Bonilla, denominado "Caja chica de la Dama”, atrapa la atención de los hondureños por haber puesto tras las rejas a una mujer que ostentó un gran poder y cuya eventual sentencia condenatoria sería un precedente en la lucha contra la corrupción en Centroamérica.

"Por primera vez en Honduras se acusa a una ex primera dama. La población hondureña espera que todo el que cometa delitos de corrupción sea sancionado, de manera que esperamos que la imputada sea encontrada culpable”, dijo en entrevista con DW la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Comité Nacional Anticorrupción (CNA).

Corrupción e impunidad

Creado en 2005 por ley del Congreso hondureño para velar por la transparencia y la auditoría social, el CNA presentó al Ministerio Público la primera denuncia contra Bonilla en 2016. La segunda llegó en 2017, con abundantes pruebas que implicaron también a su ex secretario privado, Saúl Escobar, y a su cuñado, Mauricio Mora.

"De hallarlos culpables, daríamos un ejemplo concreto de lucha anticorrupción en un país donde también tenemos altos índices de impunidad”, explicó Castellanos al señalar que la lista de delitos imputados inicialmente a los detenidos incluyó fraude, malversación y lavado de dinero, con penas que oscilarían entre los seis y los 15 años de cárcel.

Los acusados guardan prisión preventiva. Rosa Elena Bonilla está en la Penitenciaría Nacional Femenil en Támara, departamento de Morazán, desde el 28 de febrero pasado, mientras que Escobar y Mora permanecen en la Penitenciaría Nacional.

La denuncia del Ministerio Público, que trabajó en coordinación con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), les acusa de apoderarse de recursos del Estado mediante la emisión de cheques y falsos contratos para blanquear dinero destinado a obras sociales.

Bonilla habría transferido el equivalente a medio millón de dólares a una cuenta bancaria personal cinco días antes de concluir el gobierno de Lobo, y malversado otros 163.000 dólares con facturas sobrevaloradas de zapatos y útiles escolares.

Una de las cuentas del despacho de la primera dama tuvo ingresos hasta por 94,6 millones de lempiras (unos 3,8 millones de dólares), de acuerdo al voluminoso expediente de 14.000 folios.

El ex mandatario adujo que el caso "tiene un tinte político” en tanto la MACCIH fue creada en 2016 por la OEA. Según Lobo, el secretario general, Luis Almagro, pretendería utilizar una eventual sentencia contra su mujer para reelegirse al frente del organismo hemisférico en marzo próximo.

Funcionarios involucrados

Para la abogada Castellanos, la "Caja Chica de la Dama” es un caso mediático pero no menos relevante que las otras 80 líneas de investigación que el CNA desarrolló en los últimos cuatro años (15 de éstas ya judicializadas) y tres nuevos casos que pronto revelará.

No puede adelantar detalles al respecto, pero anticipa que se trata de hallazgos "bastante fuertes”, ya que son "líneas de alto impacto” que involucran a altos funcionarios públicos, ex personajes del gobierno y posiblemente también a empresarios.

La titular del CNA destacó que existe una "enorme corrupción” en entidades del Estado que manejan proyectos en áreas de salud, educación e infraestructura, tan necesarios que la malversación provoca un severo golpe al desarrollo social.

"Hemos calculado que los actos de corrupción en Honduras representan una fuga anual de 21.000 a 30.000 millones de lempiras (860 a 1.200 millones de dólares)”, advirtió.

Dijo que desde 2014 el CNA descubrió "tres grandes redes de corrupción en los 18 hospitales públicos del país, con más de 100 personas involucradas: directores de hospitales, encargados de bodegas de almacenamiento, personas en áreas administrativas”.

También hubo malos manejos en la empresa de energía eléctrica y en proyectos emblemáticos como la hidroeléctrica Patuca (oriente), además de casos de contratos "amañados” e irregularidades en numerosas obras de infraestructura vial.

Castellanos indicó que han sido firmes en exigir la separación de funcionarios involucrados en delitos y judicializados, ya que muchos continúan en sus puestos a fin de obstaculizar las investigaciones.

Formado por abogados, investigadores, financieros y auditores altamente calificados, técnicos de experiencia y jóvenes entusiastas, el CNA ha entablado un combate frontal a la corrupción en Honduras. Su máxima autoridad es una asamblea de 12 miembros, todos de la sociedad civil.

Por su trabajo, la directora del CNA y otros miembros de su equipo han recibido amenazas. "Hay malestar en algunos sectores políticos y empresariales, muy incómodos por la tarea que realizamos. Somos ciudadanos combatiendo la corrupción y por eso no sólo quieren perjudicar nuestro trabajo sino, de ser posible, eliminarlo”, comentó.

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(er)