Honduras: "Sería la consolidación de una dictadura"

En mayo de 2010, usted perdió su cargo de magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula por su oposición al golpe de Estado en 2009. En su sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a Honduras a reintegrarla en un puesto similar. ¿Qué pasó después?

Tirza Flores Lanza: Nosotros seguimos esperando que el Estado cumpla con esta obligación que le ha impuesto la Corte Interamericana. Desafortunadamente no existen mecanismos coercitivos para obligar a los Estados al cumplimiento de la sentencia del sistema interamericano, pero Honduras quedará ante la comunidad internacional como un Estado irrespetuoso de sus obligaciones internacionales.

 

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En 2016, se instaló la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), también como respuesta a las protestas de los ciudadanos en 2015. ¿Cómo califica su trabajo?

Hasta el momento, no hemos visto mayores resultados de la MACCIH, tal vez habría que darle un poco más de tiempo. Lo vemos como una oportunidad, pero creemos que tiene que tener algunos resultados pronto, porque si no, la credibilidad está en entredicho. Ellos ensalzan muchos resultados, pero realmente en comparación con lo que está haciendo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), no nos convence. El otro problema es que la MACCIH tiene que vincularse más a sectores críticos de la sociedad, me parece que escucha poco, y eso tiende que crear un poco de rechazo.

¿Puede una entidad como la MACCIH ayudar a empujar reformas al sector de justicia en el país?

Espero que sí, por ejemplo algo importante que se ha logrado a través de la MACCIH es la creación de los jueces anticorrupción. Fueron elegidos a través de un proceso de concursos bastante transparente. A partir de este proceso se puede iniciar el nombramiento de los jueces por concurso en el país. Ahora los jueces son nombrados discrecionalmente por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, prácticamente sin ningún requisito.

En estos meses el Congreso está aprobando la controvertida reforma al Código Penal, que pretende combatir diferentes delitos como la extorsión y el accionar de estructuras como las pandillas con penas más severas. ¿Estamos viviendo una política de "súper-mano-dura"?

Lo hemos calificado como un populismo punitivo, es un afán del actual Gobierno de ganar votos, porque la inseguridad y la violencia han llegado a niveles sumamente altos. Cuando pasan estas cosas, lo más fácil es crear una ley o aumentar las penas para no ir a solucionar los problemas estructurales que están detrás de esta situación de violencia.

La reforma contempla la figura de terrorismo para quienes cometen actos vandálicos durante las protestas sociales. ¿Qué hay detrás de esto?

Es la utilización del derecho penal para criminalizar a la protesta social y a la oposición. El nuevo código penal trae una figura que dice "incitación al terrorismo", que es cuando una o varias personas realicen acciones que atemoricen a la población. Supuestamente si nos tomamos una carretera, atemorizamos a la población y si hacemos una movilización atemorizamos a la población, entonces este nuevo código es un código antidemocrático que penaliza el ejercicio de derechos fundamentales.

A un año de su muerte, el caso del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres sigue sin resolver. ¿Cómo se desarrolló la situación de los defensores de los derechos humanos en Honduras durante este año?

Creo que está empeorando, y precisamente mientras no se esclarezca el asesinato de Berta Cáceres, es como una invitación de seguir asesinando. El tema de la investigación de Berta Cáceres es sumamente preocupante, porque hay ocho personas enjuiciadas, pero ninguna de ellas es realmente el autor intelectual de los hechos.

En noviembre de este año se celebran elecciones presidenciales en Honduras. El actual Presidente Juan Orlando Hernández busca su reelección, aunque esté prohibida por la consitución hondureña. ¿Por qué declaró inaplicable la Sala Constitucional el respectivo artículo de la Constitución?

No tiene ningún fundamente jurídico real esta sentencia, es una jugada política a la que se prestó la Sala Constitucional. Eso evidencia la manipulación de los órganos juridiccionales en Honduras. La Sala Constitucional debe ser independiente y no lo es.

Hay analistas que dicen que se repite la situación de 2009, cuando se justificó el golpe de Estado para frenar las supuestas intenciones de reelección del expresidente Manuel Zelaya, sólo que ahora el posible segundo mandato del Presidente no crea un escándalo internacional. ¿Por qué?

Me lo explico únicamente con el control que ejerce la embajada de Estados Unidos en estos asuntos. El actual Presidente es una persona que está a su total servicio. Es una persona que no les trae problemas, que les permite hacer sus negocios como quieren hacerlos, y que además está extraditando capos de narcotráfico solicitados por EE.UU., entonces les resulta muy cómodo apoyarlo.

Si el actual Presidente Juan Orlando Hernández llegara a ganar un segundo mandato, ¿qué significaría eso para el país?

Significa prácticamente la consolidación de una dictadura, porque actualmente tiene controlado a todas las instituciones. Controla el Ministerio Público, el poder judicial, tiene un Consejo Nacional de Seguridad y Defensa donde se toman las decisiones más importantes del país, tiene una policía militar del orden público que la ha creado precisamente para que dependa directamente de él. Si llega a concretarse la reelección, es la culminación de todo este proceso de control que tiene también un componente económico, y es el tema de vender el territorio, de continuar concesionando el territorio por ejemplo para la construcción de hidroeléctricas.