HRW pide derogar leyes antiterroristas en Sri Lanka

"El uso que hace el presidente Wickremesinghe de la legislación antiterrorista para encerrar a personas que piden pacíficamente reformas envía un mensaje escalofriante a los habitantesde Sri Lanka de que los derechos no tendrán prioridad durante su administración", señaló en un comunicado la directora para el Sur de Asia de HRW, Meenakshi Ganguly.

La organización pro derechos humanos denunció que el pasado 18 de agosto tres activistas estudiantiles que participaron en una protesta fueron arrestados "bajo laabusiva Ley de Prevención del Terrorismo (PTA), que permite hasta un año de detención sin juicio".

Esta ley nació en 1979 como medida temporal, y contiene numerosas disposiciones que van en contra de los derechos internacionales y que han permitido a las autoridades realizar arrestos arbitrarios, tortura, además de atacar a opositores del gobierno y minorías. "La represión de la disidencia en el país por parte del presidente va en contra de sus promesas a los aliados en el extranjero", advirtió Ganguly.

Cuando ocupaba el puesto de primer ministro en 2015, Wickremesinghe se había comprometido ya a derogar la ley PTA al apoyar una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y en 2017 reiteró su intención cuando el país fue readmitido en la disposición especial del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la Unión Europea (UE), que permite un acceso privilegiado al mercado europeo, recordó la organización.

Activistas a la cárcel, sin pruebas

HRW apuntó también que el exministro de Relaciones Exteriores de Sri Lanka GL Pieris aseguró el pasado julio que se estaba contemplando una "moratoria de facto sobre los arrestos realizados en virtud de la ley PTA", unas declaraciones que ya habían pronunciado el pasado marzo sin llevarlas a la práctica.

El presidente, que también ejerce el cargo de ministro de Defensa, usó la ley PTA para enviar a los tres activistas detenidos a prisión por 90 días sin pruebas ni oportunidad de solicitar fianza.

Desde entonces, están encerrados en una cárcel en el sur de la isla en malas condiciones, y sin posibilidad de hablar con sus abogados sin la presencia de guardias, violando así las normas internacionales que políticos, organizaciones pro derechos humanos, incluido el Colegio de Abogados, han condenado, según HRW.

La Unión Europea y EE.UU. instan a acabar con la represión

También algunos socios internacionales de Sri Lanka, como EE.UU. o la UE, cuyo apoyo busca el gobierno para abordar la crisis económica, instaron a Wickremesinghe a poner fin a la represión y el uso de la PTA.

Sri Lanka está en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar un programa de rescate urgente de unos 4.000 millones de dólares que le permitan restablecer el equilibrio fiscal.

En este sentido, "el Gobierno de Wickremesinghe debería demostrar que tolera la disidencia pacífica si el pueblo de Sri Lanka quiere tener alguna posibilidad de hacerlo responsable de cómo se gastan los nuevos préstamos internacionales", dijo Human Rights Watch.

"Mientras las personas dentro del país sufren represión y dificultades económicas, los socios internacionales de Sri Lanka deben asegurarse de que Wickremesinghe no pueda ignorar su mensaje", concluyó Ganguly.

jov (efe, newsfirst.lk)