Cooperación

Más apoyo del Gobierno nacional y menos expansión de las empresas multinacionales, desea el obispo de Granada, monseñor José Figueroa Gómez, de visita en Alemania. En una región rica en recursos naturales, cuya población se ha visto empobrecida y violentada como consecuencia del conflicto armado, programas de promoción de derechos humanos se llevan a cabo, sobre todo, con cooperación alemana, asegura el sacerdote.

 

 

La diócesis de Granada, al sureste del país, tiene una extensión de 35.000 kilómetros cuadrados y unos 200.000 habitantes. Es una extensión muy grande con relativamente pocos habitantes, que se ha caracterizado desafortunadamente por ser un territorio de violencia. Es un territorio muy rico, de tierras muy fértiles y rico en ganadería. Pero el conflicto armado, que ya lleva más de 30 años, ha hecho que nuestra población, siendo tan rica, se haya empobrecido mucho.

 

Tenemos fundamentalmente dos grandes grupos en conflicto, por una parte la guerrilla –las FARC– y por otra los paramilitares. Entre ellos existe una pelea permanente. Y en medio de todo este conflicto quien pierde es la población civil, el campesino sencillo, que solamente quiere trabajar la tierra.

 

Sí, es verdad. Desafortunadamente, en algunas ocasiones, el Ejército colombiano ha cometido abusos, ha hecho desaparecer personas, que después hicieron aparecer como “muertos en combate”, cuando en realidad no ha sido así. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido y aún tenemos.

 

Es una de las regiones más afectadas (por el escándalo de los llamados “falsos positivos”, n. de la R.). Tenemos tres municipios –Granada, La Macarena y San José del Guaviare– en los que recientemente se han hecho exhumaciones y se han encontrado fosas comunes con civiles que fueron enterrados como NN (sin nombre). Y resulta que no fueron NN, sino personas muy reconocidas en las comunidades que, en un momento dado, desaparecieron y ahora aparecen como “muertos en combate”.

 

 

Tenemos tres grandes focos de acción. En primer lugar, administramos 150 escuelas en las regiones más conflictivas, por un convenio con la Secretaria de Educación Departamental. Las llevamos directamente desde la diócesis, gracias a ese convenio en el que el Gobierno financia pero somos nosotros quienes administramos. Atendemos a una población infantil de alrededor de 3.500 niños, infundiéndoles valores de respeto a los derechos humanos, a la vida.

 

En segundo lugar, desde la diócesis, a través de la Comisión de Pastoral Social, impulsamos una serie de programas de promoción, de educación, de enculturación, para que las personas conozcan cuáles son sus derechos. Hay toda una línea de trabajo en este sentido y, por otra parte, toda una línea de acompañamiento a personas cuyos derechos han sido violentados, a desplazados, a mujeres cabezas de familia, a jóvenes que habían sido reclutados (por la guerrilla, n. de la R.) y ahora han vuelto a integrarse a la sociedad.

 

Un tercer frente es la tarea netamente evangelizadora. A través de la predicación, de la formación en valores, estamos infundiendo también en las personas el respeto a la vida y a los derechos humanos. Esas tres grandes acciones nos capacitan y autorizan para que nuestras comunidades también nos respondan porque saben que estamos con ellos, para que ellos mismos defiendan sus derechos.

 

Nosotros fundamentalmente recibimos ayuda internacional, sobre todo a través de Misereor, que es una organización de la Iglesia alemana, que yo sé que a su vez recibe apoyo del Gobierno alemán. Ellos nos financian programas de promoción de los derechos humanos.

 

Del Gobierno nacional no recibimos aporte ninguno como diócesis (aparte del convenio, a través de la Secretaria de Educación Departamental, para el financiamiento de las escuelas que administramos). Sí, una serie de impuestos que tenemos que pagar cuando realmente no tenemos recursos porque trabajamos desde nuestra pobreza. Pero el Gobierno nos ve como una empresa y como tal nos cobra los servicios (electricidad, telefonía, seguridad social), cuando en realidad podríamos cooperar porque estamos al servicio de personas necesitadas cuyos derechos han sido violentados.

 

Uno de los principales obstáculos que tenemos para poder apoyar nuestros programas de promoción social es la necesidad de hallar los recursos de los que no nos provee el Gobierno. Otro obstáculo es el conflicto mismo. Nuestra gente tiene que estar permanentemente desplazándose porque los actores en conflicto, en un momento dado, concentran el enfrentamiento en un sector de la región. La gente que está allí queda en medio y muchas veces tiene que salir.

 

Un tercer obstáculo que tenemos es que personas ajenas a la región, empresas multinacionales con megaproyectos, están acaparando muchas tierras de campesinos. Se las compran, quizás a un buen precio, pero esas personas que toda la vida vivieron en el campo no se logran acomodar a la ciudad, pues todo lo que saben hacer está en el campo.

 

 

El Gobierno debería tener una partida económica de apoyo a la región, donde actualmente, por ejemplo, la explotación del petróleo es muy abundante. Los beneficios que obtiene el Gobierno son muy grandes pero no se ven reflejados en la ayuda a la comunidad.

 

Si el Gobierno departamental –que da unas ayudas poco significativas en comparación con sus beneficios– destinara estos dineros a la educación, a la salud, a la vivienda, tendríamos un departamento boyante, donde la gente podría desarrollarse dignamente.

 

Entrevista: Rosa Muñoz Lima

Editor: Pablo Kummetz