Israel: ONG apelan ante Corte regularización de colonias

La Justicia ha dado 30 días al Estado para que presente su defensa de la polémica ley ante esta demanda, asegura el diario digital Times of Israel. "Obviamente no podemos saber el resultado de antemano, pero somos optimistas", dijo Tom Mehager, director de comunicación de una de las ONG que firman la iniciativa, Adalah, un centro legal que defiende los derechos de la minoría árabe de Israel y de los palestinos en Cisjordania ocupada y Jerusalén Este.

El recurso fue presentado por los abogados de la ONG Suhad Bishara y Myssana Morany, junto al Centro Al Mezan para los Derechos Humanos en Jerusalén y el letrado Saliman Shahin del Centro Jerusalén de Asesoría Legal y Derechos Humanos, al considerar que abre la puerta a "vastas expropiaciones de tierras privadas palestinas".

Las organizaciones representan a diecisiete municipios palestinos de Cisjordania sobre los que están levantados algunos de los asentamientos. "Esta peligrosa ley de carácter general permite la expropiación de grandes extensiones de tierra palestina de propiedad privada, concediendo una absoluta preferencia a los intereses políticos de Israel como potencia ocupante y a los colonos israelíes que viven en el Territorio Palestino Ocupado", advirtió Bishara en un comunicado.

"Violación de derechos de propiedad de residentes y refugiados palestinos"

Adalah pidió al Supremo que anule la ley porque "viola los derechos de propiedad tanto de residentes y refugiados palestinos". La ley, aprobada el lunes por el Parlamento y que ha generado una ola de condenas contra Israel, contempla la posibilidad de que se regularicen retroactivamente en la legislación israelí (en el derecho internacional son todas ilegales) medio centenar de colonias que no habían sido autorizadas por el Gobierno.

Además, paraliza durante un año los casos abiertos sobre dieciséis de estos asentamientos, aunque no afecta a aquellos edificios que ya han recibido órdenes de derribo.

Tras su aprobación varias organizaciones israelíes de derechos humanos y civiles -entre ellas Yesh Din, Shalom Ajshav (Paz Ahora) y ACRI-, manifestaron su intención de impugnar la ley en la máxima instancia judicial de Israel, por lo que se espera que los debates no comiencen hasta que todas sean presentadas.

Debido a su presunta inconstitucionalidad, el asesor jurídico del Gobierno, Avijai Mandlblit, se negó recientemente a defenderla en el Supremo, y hasta el propio primer ministro y titular de Exteriores, Benjamín Netanyahu, advirtió en el Consejo de Ministros que acabaría llevando a sus miembros "al tribunal de La Haya",

Netanyahu, que dejó pasar la ley por la presiones políticas de su ministro de Educación, el ultranacionalista Naftalí Benet, espera sin embargo que el Supremo la revoque, según se desprende de un documento del Ministerio de Exteriores difundido ayer en exclusiva por el diario Haaretz.

Dicho documento resume los principales puntos que los diplomáticos israelíes han de realzar ante gobiernos extranjeros y periodistas para explicar su aprobación. "Cualquier ley aprobada por el Parlamento puede ser revisada por la Corte Suprema de Justicia si es impugnada", dice el último de los ocho puntos propuestos en la línea de argumentación.

JOV (efe, Terra)