"La corrupción somos todos"
11 de noviembre de 2015
“Una encuesta reciente de la BBC reveló que el tema que más preocupa a nivel global es la corrupción, sin embargo, muchos de los que se quejan en América Latina de este flagelo, son los primeros que pagan un soborno a un policía para evitar una multa o a un empleado público para agilizar un pasaporte“, explica Alejandro Salas, responsable para las Américas de la organización Transparencia International, desde su sede en Berlín.
El experto ilustra la situación en México, en donde los narcos son considerados a veces héroes, o el corrupto es admirado por listo, por saberle dar la vuelta al sistema en beneficio suyo y el de sus amigos. “El que no transa, no avanza", dicen en México o "Roba, pero hace", dicen en Sudamérica. Si un alcalde roba, pero construye escuelas, parece que está bien“, explica el experto.
Un lastre desde la colonia
Para el catedrático alemán Manfred Nitsch, profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín, históricamente figuras encumbradas se han visto privilegiadas por una aplicación de leyes distinta a las que se sometía al pueblo común, “un escalafón en donde los negros y los indígenas han sido los sectores más desprotegidos“. Nitsch destaca que la impunidad es un problema fundamental. “El saberse intocables, que la impunidad se les concedía por ser poderosos y adinerados“. A eso se suma un estímulo adicional, que son los bajos salarios a figuras claves para hacer valer el Estado de Derecho, como jueces y policías.
Según cálculos recientes del Banco Mundial, los costos de la corrupción en México equivalen al 9% del PIB del país, “una cifra muy alta que entorpece el entorno de negocios y el desarrollo de una de las economías más importantes a nivel global“, según Ary Naim, representante en México de la Corporación Financiera Internacional, el brazo financiero del Banco Mundial. Aunque la corrupción es un problema global, en México se destinan muy pocos recursos al combate a la corrupción.
Pacto de impunidad en México
Edgardo Buscaglia, experto en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, de Nueva York y autor de numerosos libros sobre financiamiento ilegal y narcotráfico, señala que en México la clase política se ha beneficiado de un pacto de impunidad. “Un intercambio de favores y tráfico de influencias que genera un conflicto de intereses. Eso es lo que prevalece en la clase política mexicana, un caldo de cultivo para que existan muchos Chapos Guzmanes en el futuro“.
El resultado es un costo múltiple e incalculable y que los países, en vez de avanzar, retrocedan. “El costo financiero es el más tangible. Cuando se pierden inversiones porque el país deja de ser atractivo, como ocurre en Venezuela, o por la cantidad del prespuesto público que se desvía. Pero hay otros daños igual o más importantes que son difíciles de cuantificar, según Alejandro Salas, como el daño ecológico y humano. “Cuando hay un cambio en el uso del suelo en una reserva protegida, en donde el estímulo ha sido un soborno. O casos de pérdidas humanas, como fue el caso de la guardería ABC en Sonora, México, en donde hubo un abuso de influencias y no se cumplieron con los permisos de ley“, explica Alejandro Salas.
Luces y sombras en la lucha contra la impunidad
Salas coincide con Buscaglia en que en México hay unos niveles de impunidad muy altos. Casi nunca hay sancionados por corrupción. “Incluso cuando hay castigo, como en el caso de la ex lideresa del magisterio, Elba Esther Gordillo, sumamente corrupta, tuvo un trasfondo político. A ella sí se le castigó pero a otros 5.000 no se les ha castigado“.
“En Brasil en cambio, la corrupción de Petrobras salió a la luz y se persigue a los culpables porque la justicia funciona. Por lo menos en un sector de la policía federal, del aparato judicial y de la fiscalía. En Chile también hay un poder judicial fuerte, además del mismo ejemplo de Guatemala“. La investigación de la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad de Guatemala (CICIG) y de la Fiscal General de Guatemala en el caso llamado La Línea, acabó encarcelando al entonces presidente Otto Pérez Molina y a las figuras claves de una red de corrupción que tramó un fraude millonario contra el Estado guatemalteco.