La Justicia británica mantiene a Julian Assange en prisión
6 de enero de 2021
La jueza británica Vanessa Baraitser denegó este miércoles (6.01.2021) la libertad condicional al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al considerar que presenta riesgo de fuga, a pesar de haber rechazado su extradición a Estados Unidos por motivos de salud.
La Fiscalía británica, en representación de EE. UU., pidió hoy que la Justicia no conceda al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, la libertad condicional, en el comienzo de una vista en el Tribunal de Magistrados de Londres.
Estados Unidos acusa al periodista de presunto espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal digital WikiLeaks.
En la vista de hoy, Clair Dobbin, de la Fiscalía británica, pidió al tribunal que deniegue la libertad condicional porque existe riesgo de fuga y porque Assange ha demostrado ser capaz de tomar medidas "extraordinarias" para evitar la extradición, como ha ocurrido -agregó- durante los años que pasó refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.
En esta vista está presente la pareja de Assange, Stella Moris, cuya llegada al edificio judicial estuvo rodeado de una gran atención mediática.
Dos días después de su primera victoria judicial, cuando, invocando el riesgo de suicidio si se encontrase bajo en el sistema penitenciario estadounidense, una jueza londinense decidió no entregarlo a ese país, Assange vio frustrada su ambición de recuperar la libertad de la que ha estado privado durante más de ocho años.
"Estoy convencida de que hay razones para creer que si el señor Assange es puesto en libertad hoy no se presentará en la corte para hacer frente a los procedimientos de apelación", afirmó la jueza.
Como argumento contra su liberación, la fiscalía había puesto de relieve que el australiano, de 49 años, dispone de los "recursos" para huir, y señaló la oferta de asilo político hecha por México el mismo lunes, en cuanto se supo que el Reino Unido rechazaba entregarlo a Estados Unidos.
El abogado de la defensa, Edward Fitzgerald, defendió que se malinterpretaron las palabras del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuya oferta se aplicaría solo al final de todo el proceso y que en ningún caso le abrió las puertas de su embajada en Londres.
En 2012 Assange se refugió en la embajada de Ecuador en la capital británica vulnerando una libertad bajo fianza impuesta por la justicia inglesa a la espera de examinar una petición de extradición a Suecia, que lo reclamaba por violación, cargos que fueron desestimados desde entonces.
Allí vivió refugiado durante siete años hasta su espectacular detención por la policía británica en abril de 2019, cuando el presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor Rafael Correa.
Desde entonces, el australiano se encuentra recluido en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh.
Estados Unidos, que quiere juzgarlo por espionaje a raíz de la publicación de unos 700.000 documentos militares y diplomáticos secretos, notificó al tribunal su intención de apelar la decisión británica de no extraditarlo.
Y hasta que eso ocurra, Assange permanecerá encarcelado.
Fitzgerald aseguró hoy que la nueva situación de Assange, quien durante su reclusión en la embajada ecuatoriana tuvo a escondidas dos hijos con la abogada sudafricana Stella Morris, lo mantiene ahora más enraizado a la comunidad.
Aseguró que tenía todos los motivos para respetar las condiciones de una nueva libertad bajo fianza y permanecer en Inglaterra, mientras Assange, vestido con traje oscuro, escuchaba en la sala.
Fitzgerald argumentó también que su cliente corre mayor riesgo de contraer el covid-19 en prisión que en casa con su familia.
Y aseguró que entre los numerosos y influyentes seguidores del fundador de WikiLeaks, que lo consideran paladín de la libertad de información, hay quienes están dispuestos a pagar una cuantiosa fianza.
No logró sin embargo convencer a la magistrada.
Assange y WikiLeaks se hicieron famosos en 2010 a raíz de la publicación de cientos de miles de documentos confidenciales que pusieron a Estados Unidos en más de un aprieto.
Entre ellos figuraba un video en que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak en 2007, matando a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Washington afirma que no es un periodista, sino un pirata informático, y lo acusa de haber puesto en peligro la vida de sus informantes con la publicación de los documentos secretos sobre las acciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán, que revelaron actos de tortura, muertes de civiles y otros abusos.
Pero para su comité de apoyo, son "cargos con motivación política" y el australiano, que podría ser condenado a 175 años de cárcel si la justicia estadounidense lo declarase culpable de espionaje, no tendría un juicio justo en Estados Unidos.
La jueza ya había desestimado el lunes estos dos argumentos, reteniendo únicamente el de su frágil salud mental.
CP (efe, afp)