Filipinas: la lucha contra el narcotráfico sigue con Marcos

Tina (nombre ficticio), de 27 años, vive en un barrio del norte de Manila, la capital de Filipinas. Su zona no se salvó de la oleada de asesinatos que se produjo después de que Rodrigo Duterte, presidente desde 2016 a 2022, desatara una guerra sin cuartel contra las drogas ilegales. Ella nunca pensó que pudiera haber una muerte vinculada al narcotráfico en su propia familia.

Su marido no estaba involucrado con las drogas. Sin embargo, un año después de que Ferdinand Marcos Jr. asumiera la presidencia, fue asesinado por la policía, por presunto tráfico de drogas. Las imágenes del incidente muestran a Serioso, de 29 años, tirado en el suelo mientras el policía se aleja.

"La coartada del policía era que mi marido vendía drogas, pero las autoridades no encontraron drogas en el lugar de los hechos", declaró Tina a DW. Ella negó que su marido vendiera sustancias ilegales. El patrullero, Edwin Rivera Sibling, ha sido despedido del cuerpo policial y ahora se enfrenta a cargos penales.

Los asesinatos relacionados con las drogas continúan

Este incidente no es un caso aislado. La violencia relacionada con las drogas continúa en Filipinas a pesar de que Marcos afirma que su administración ha modificado el enfoque y ha avanzado en la lucha contra el narcotráfico. Las cifras de los continuos asesinatos relacionados con las drogas muestran un panorama distinto. Los datos del proyecto Dahas, una iniciativa de la Universidad de Filipinas, muestran que la violencia de la droga se mantiene al mismo nivel que bajo Duarte.

Dahas registró 342 víctimas del narcotráfico entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023, a un ritmo medio de 0,9 muertes al día, un poco más que la media diaria de 0,8 durante el último año de mandato de Duterte. En los últimos seis meses del 2023 registraron 165 muertes, y 29 en los primeros dos meses de este año.

Filipinas rechaza que se realice una investigación

La campaña antidroga de Duterte dejó miles de muertos como resultado de operaciones policiales. Según el Gobierno, la policía mató a unos 6.200 presuntos traficantes que se resistieron a ser detenidos durante las operaciones antidroga, pero los grupos de derechos humanos afirman que la cifra podría ser mucho mayor. La Corte Penal Internacional inició una investigación sobre estas muertes.

El año pasado Manila solicitó a esta corte que detuviera su investigación, pero esta rechazó su apelación. Rise Up for Life and for Rights, una organización que apoya a las familias afectadas por las ejecuciones extrajudiciales dijo que este hecho había dado esperanzas a las personas que no pueden buscar justicia en los tribunales. Marcos, sin embargo, ha dicho que su administración, como la anterior, no cooperará con la investigación. 

Las políticas de Duterte se mantienen

Joel Ariate, el investigador principal de Dahas, dijo a DW que hay una gran diferencia entre los asesinatos relacionados con las drogas bajo Duterte y los de Marcos. Él explica que, durante el mandato de Duarte, la implicacion de las fuerzas policiales en los asesinatos era mayor.

Carlos Conde, investigador principal de la División Asiática de Human Rights Watch, explica que los problemas que plagaron la ofensiva antidroga bajo Duterte, incluida la falta de garantías procesales y el desprecio por las leyes internacionales de derechos humanos, no han desaparecido bajo la nueva administración.

¿Declarar el fin a la guerra contra las drogas?

La situación no es homogénea en todo el país. En Davao, donde el hijo de Duterte es alcalde, la policía o los agentes antidroga están implicados en casi el 99% de las muertes relacionadas con las drogas, cuenta Ariate. Si bien la mayor parte de los asesinatos se producían antes en la región de Manila, Ariate señaló que ahora se producen cada vez más en provincias como Cebú y Negros Occidental.

Conde afirma que Marcos tendría que declarar públicamente el fin de la guerra contra las drogas para detener los asesinatos. Asimismo, pide a la administración filipina que adopte un enfoque holístico en su lucha contra las drogas ilegales, argumentando que debería abordarse desde una perspectiva de salud pública, en lugar de considerarse un problema únicamente de seguridad pública.

(mw/lgc)