La otra guerra contra las drogas: el caso de Filipinas

Tras su triunfo en las elecciones, el nuevo presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró que resolvería el problema de las drogas en el país en seis meses. Eso fue hace casi 60 días y desde entonces han sido asesinadas casi dos mil personas tanto por la Policía como por supuestos grupos de protección civil. Este martes 23 de agosto terminó la primera de las varias audiencias planificadas por el Senado sobre esta serie de ejecuciones, la mayoría de ellas cometidas fuera del marco de la ley.

“Son 33 muertos al día”, dijo la senadora Leila de Lima, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y exministra de Justicia. “Apoyamos totalmente la campaña antidrogas del nuevo Gobierno, pero al mismo tiempo queremos asegurarnos de que se respetarán los derechos humanos, las leyes y los procedimientos”, dijo la autoridad durante la audiencia.

La Policía Nacional entregó datos en los que se sostiene que 756 personas murieron en acciones policiales contra el narcotráfico. Otras 1.160 personas perdieron la vida “fuera del marco de las acciones policiales”, posiblemente a manos de grupos civiles. “Intentaron contraatacar. Si se hubieran rendido, todavía estarían vivos”, dijo el jefe policial, Ronald de la Rosa. Los asesinatos cometidos por presuntos grupos de defensa están siendo investigados.

Testimonios de familiares

Sin embargo, testigos cuentan otra historia. Por ejemplo la joven de 26 años Harra Kazuo, que llegó a la instancia senatorial cubierta con una bufanda y grandes lentes de sol. Ella relató que su marido, Jaype Bertes, y su suegro, Renato Bertes, murieron cuando estaban en custodia policial. La mujer admitió que ambos hombres consumían drogas y que eventualmente su marido las vendía para ganarse la vida. “Él ganaba 300 pesos (cerca de 6 euros) al día”, contó entre lágrimas la mujer, que está embarazada de siete meses.

Su marido estaba listo para entregarse a la Policía cuando los agentes irrumpieron en su casa y exigieron la entrega de las drogas. Los uniformados registraron las pertenencias de los sospechosos e incluso sometieron a la pequeña hija de dos años de la pareja a un registro corporal. Los dos hombres fueron detenidos. Según un reporte policial, ambos intentaron quitar su arma a un agente en la comisaría, por lo que fueron abatidos a tiros.

Pero según las pruebas forenses, ambos hombres fueron duramente golpeados antes de su muerte, además de recibir al menos tres disparos cada uno. Uno de los tiros impactó al suegro de la testigo en la parte superior de la cabeza, lo que apunta que él estaba encorvado al momento de recibir el disparo.

Nadie critica a Duterte

Según estimaciones de la Oficina de Drogas Peligrosas de Filipinas hay alrededor de 1,3 millones de adictos en el país. En tanto, datos de la Policía aseguran que el 73 por ciento de la ciudadanía se ve afectada de una u otra forma por el problema de las drogas. Es decir que en su barrio hay o pequeños traficantes, grandes proveedores o un laboratorio de drogas. La inmensa mayoría de los filipinos apoya la guerra impulsada por el Gobierno. La ciudadanía ve esta acción como una medida necesaria desde hace mucho tiempo para perseguir a los criminales. Actualmente, el índice de aprobación de Duterte supera el 90 por ciento.

En la audiencia de dos días realizada en el Senado, si bien los parlamentarios se manifestaron a favor de las medidas policiales adoptadas contra estos delitos, hubo opiniones disímiles sobre si se estaba tomando el camino adecuado. Un senador expresó su preocupación de que incluso el tiempo utilizado para participar en la audiencia podría frenar el “impulso” de la campaña antidrogas. Otros afirmaron que los homicidios en masa podrían tener un “efecto moderador” en la ciudadanía. “Quizás ganemos la guerra contra las drogas, pero este triunfo no significará nada si los ciudadanos pierden la confianza en la Policía y toman la ley en sus propias manos”, dijo el senador Ralph Recto.

El jefe policial De la Rosa habló al final de la audiencia para expresar su respaldo a los agentes. “No somos asesinos. Nuestra misión es servir y proteger. No matamos a nadie de forma indiscriminada”, aseguró. La tarde del martes, pocas horas después del término de la audiencia, la televisión transmitió una grabación donde se oye a un hombre desarmado que fue abatido a tiros por la Policía cuando se rendía y pedía piedad por su vida. Su esposa, ahora una viuda, dijo que su marido no consumía drogas ni las traficaba.