Brasil: La policía ve indicios de delito para acusar a Temer
20 de junio de 2017
El Tribunal Supremo de Brasil recibió este lunes (19.06.2017) un informe preliminar de la Policía Federal en el que se concluye que hay indicios de un posible delito de corrupción pasiva cometido por el presidente del país, Michel Temer. La Policía pidió también más tiempo para concluir sus investigaciones y presentar un informe completo sobre el caso, el cual ha puesto al jefe de Estado contra las cuerdas.
Temer es investigado por los delitos de corrupción, obstrucción a la justicia y asociación ilícita, después de que un Joesley Batista, uno de los dueños de la multinacional cárnica JBS, le acusara de recibir sobornos desde 2010. La Policía no se pronunció todavía sobre el supuesto delito de obstrucción a la justicia, el cual, según la Fiscalía, fue cometido por Temer al dar luz verde a Batista para comprar el silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de los Diputados y preso por corrupción.
Una vez concluida la investigación de la Policía, el Fiscal General, Rodrigo Janot, deberá decidir si presenta o no una denuncia contra Michel Temer, quien se ha visto acorralado después de la explosiva confesión realizada por Joesley Batista. El empresario también entregó a las autoridades una grabación clandestina realizada el pasado mes de marzo en la residencia oficial de Temer, en Brasilia, que está siendo analizada. En ella, Batista relata diversas maniobras ilegales que estaba realizando en favor de JBS tanto en el Poder Judicial como con algunos ministros, ante lo que Temer se mantiene en silencio o hasta llega a consentir. Un análisis encargado por el presidente concluía que el audio tenía "setenta puntos oscuros".
En caso de que el fiscal general presente una denuncia contra Temer, lo que podría producirse los próximos días o semanas, su aceptación o rechazo dependería de una votación en el pleno de la Cámara de los Diputados. Si fuese aprobada por al menos dos tercios de los diputados, la decisión sería entonces comunicada al Supremo, que tendría la última palabra sobre el caso.
LGC (EFE/Oglobo)