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El monstruo de violencia devora niños y jóvenes en México

16 de septiembre de 2019

Una importante proporción de la pavorosa lista de personas que desaparecieron en México en una carretera, en un retén, en su casa o simplemente mientras caminaban por la calle, eran niñas, niños y adolescentes.

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Imagen: ALFREDO ESTRELLA/AFP/Getty Images

Los crímenes cometidos contra cualquier ser humano son reprobables. Pero aquellos que se cometen contra la población infantil y adolescente lo son aún más. Privar de la libertad o de la vida a una persona que no tiene  posibilidad de defensa o de elección -no sólo por su condición física, económica, cultural, sino tan solo por su edad-, mutila la posibilidad de un futuro viable para una sociedad.

En México la violencia es brutal de manera cotidiana. Las historias de los crímenes que se cometen en mi país dan la vuelta al mundo en los periódicos y noticieros. Por ejemplo, la existencia de una fosa clandestina ubicada en la zona conurbana de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, donde hace unos días se encontraron 119 bolsas de plástico con restos humanos.

La imagen es abrumadora. Pero el lado más oscuro y voraz de la violencia en México se refleja en la cantidad de delitos que se cometen contra infantes y adolescentes, de entre cero y diecinueve años de edad. Si en general las víctimas adultas en México son silenciadas ¿quién escucha las voces de niñas, niños y adolescentes? ¿Quién los ve? Son victimas casi invisibles.

En los últimos 12 años de guerra entre los carteles de la droga, miles de niños y adolecentes en México han sido desaparecidos o asesinados. En esta guerra, como ocurre en otros países, servidores públicos, políticos, policías, militares, actúan como brazo armado de la delincuencia organizada, y han sido los responsables de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo desaparición forzada y homicidio.

La lista del horror

En noviembre de 2012, antes de que terminara el sexenio de Felipe Calderón, una fuente de información me hizo llegar una lista. Un documento en Excel que hasta ese momento no era del conocimiento público.

Cuando lo abrí en mi computadora, me estremecí. No podía creer lo que estaba leyendo. Nombre por nombre, era la lista de personas desaparecidas de 2007 a julio de 2012, que el gobierno saliente de Calderón pretendió borrar del mapa, como hicieron con las víctimas que estaban reportadas. La lista era de más de 20 mil personas, aunque otro documento aledaño a la lista, también del gobierno, decía que el número de víctimas era de 25.276 personas.

La fuente de información sabía que se pretendía destruir la lista así que me envió una copia a mí, a The New York Times, y a Los Angeles Times. Publiqué la información en un semanario en México.

Para ocultar a las víctimas mayoritarias de la guerra contra los narcos (como la llamó Calderón), cuando comenzaron a asesinar  a cientos de personas, el discurso oficial era hacer creer que las víctimas eran delincuentes, que algo malo habían hecho, que prácticamente se merecían la muerte. De este modo, nadie debía preocuparse. Ocultaron la lista no solo porque era escandalosa mundialmente, sino porque echaba por tierra el discurso oficial de que solo los "narcos", o los "malos" o los "delincuentes estaban muriendo".

En la lista estaba registrado el nombre de la víctima, la población de donde desapareció, la edad, y en algunos casos las circunstancia en las que había desaparecido, nombre del familiar que reportó la desaparición y su número telefónico. Leí uno por uno:

Desaparecido número 16. En diciembre 23 de 2010, Juana Berenice Chávez, de 13 años de edad. Desapareció en la vía pública en Irapuato, Guanajuato.

Desaparecido número 15. Paula Carina García Ortega, 15 años. Desapareció de San Miguel de Allende, Guanajuato.

Desaparecidos número 777 y 779. El 26 de enero de enero de 2011, en Tlaltizapán, Morelos, "cuatro sujetos armados levantaron a tres personas, entre ellas dos menores de edad”, se señala en el reporte de descripción de circunstancias. Eran Joel Martínez Pérez, de 4 años, y Dulce Ivette Cárdenas, de 16.

Desaparecido número 12.565.  El 5 de septiembre de 2011, Hokusai Kendy Mejía Martínez, de tan solo 15 años de edad, desapareció en Oaxaca. La última vez que supieron de ella fue  cuando llamó a su hermana para decir que la habían parado en un retén policiaco para pedirle sus documentos de identificación.

Desaparecido número 769. El 23 de enero de 2011, en Hidalgo del Parral, Chihuahua, después de un operativo realizado por la policía municipal, estatal y federal, Noel Jurado Duarte, de 17 años de edad.

Desaparecido número 753. El 18 de enero de 2011, en Mazatlán, Sinaloa, en la avenida Galaxia y Calle Leo, se registró la privación ilegal de la libertad de Sergio "N”, de 13 años de edad.

Pese a que la cifra de desaparecidos aumentaba, no fue sino hasta septiembre de 2011 que el gobierno federal firmó un convenio con los 32 estados de la república para homologar el método y criterios de registro de personas "no localizadas”.

Sí, una importante proporción de la pavorosa lista de personas que desaparecieron en México en una carretera, en un retén, en su casa o simplemente mientras caminaban por la calle, eran niñas, niños y adolescentes.

Actualización periódica

La existencia de la lista fue negada durante varias semanas por el gobierno entrante del presidente Enrique Peña Nieto. Hasta que al final, en febrero de 2013, reconocieron la existencia de dicho registro el cual se tuvo que implementar en septiembre de 2011, sin que la sociedad tuviera conocimiento de ello, por las constantes denuncias de personas que se habían esfumado. A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) el gobierno debe actualizar la lista periódicamente y hacer público el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para maquillar la tragedia, ya que un término no es sinónimo del otro. En la desaparición se ejerce un acto de poder sobre la víctima, y las connotaciones legales son totalmente diferentes.

DW Kolumne Anabel Hernández
Anabel Hernández.

El último registro en el banco de datos oficial* reconoce que de 2007 a abril de 2018 han desaparecido en México 8.195 personas entre 0 y 19 años de edad, de ambos sexos. Eso significa 682 víctimas al año, casi dos al día. La cifra de infantes y adolescentes que sufrieron desaparición forzada y de quienes hasta ahora se desconoce su paradero representa casi la cuarta parte del total de 37.435 víctimas registradas en ese periodo.

Aunque la desaparición forzada en México ocurre en las 32 entidades que conforman la república mexicana, los 5 estados donde hay más desaparecidos ahora, de mayor a menor, son: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa y Nuevo León.

El año con más desaparecidos fue el 2017, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hubo 5.426 víctimas. Algunos de los jóvenes que han sufrido desaparición forzada son algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, hace cinco años, mientras eran atacados en un operativo conjunto en el que estuvo presente la policía municipal, la policía estatal, la policía federal ministerial, la policía federal, y el Ejército.

En el mismo periodo, de 2007 a 2018, la cifra de niños y adolescentes que han sido asesinados violentamente en México también es brutal. De acuerdo a los registros de defunción por homicidio violento en 12 años fueron ejecutados en México 27.173 niños, niñas, y adolescentes entre cero y diecinueve años de edad. Dos mil 264 al año, seis al día.

No hay proceso de paz posible, si los niños y adolescentes siguen siendo la eterna carne de cañón de las guerras que hacen los adultos. La violencia que ha vivido México en estos últimos doce años jamás se había registrado antes. Fue a partir del 2006 que esta violencia comenzó a repuntar notablemente porque las autoridades, desde el máximo nivel, ayudaban, colaboraban, eran cómplices de un cartel de la Droga, el Cartel de Sinaloa, y con la fuerza del Estado utilizó la violencia para arrebatar territorios a otros carteles para entregárselos al Cartel de Sinaloa, lo que desató la guerra entre los grupos criminales por defender sus territorios.

* Fuente de información: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México.