Ley de aborto: la polémica no amaina

Las leyes “altamente restrictivas” existentes en gran parte de América Latina no han conducido a una reducción del aborto en la región. Así se deriva de un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Guttmacher, que registra incluso un incremento en los últimos 20 años: de 40 abortos por cada 1.000 mujeres en 1994, se pasó a 44 en 2014, de acuerdo con la investigación publicada en mayo pasado por la revista científica The Lancet.

Pero Latinoamérica dista de ser homogénea en la materia. Las legislaciones correspondientes abarcan desde las que autorizan la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas, como en Cuba, Uruguay y Ciudad de México, hasta las que la prohíben por completo, como las de Nicaragua, El Salvador y Chile.

El Gobierno de Michelle Bachelet intenta llevar adelante una reforma para sacar a Chile del grupo de países más restrictivos en la materia, que este martes (06.09.2016) será votada en la Comisión de Salud del Senado, tras haber sido aprobada ya en la Cámara de Diputados. El proyecto de ley contempla la autorización del aborto en tres casos específicos: peligro para la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación.

Una ley no basta

¿Tendría la aprobación de esta reforma en Chile alguna repercusión a nivel regional? No mucha, a juicio de Ingrid Spiller, directora regional para América Latina de la fundación alemana Heinrich Böll, cercana a Los Verdes. “Con lo que el Senado ojalá apruebe en Chile, solo se restablecería algo que en Chile ya existió desde los años 30 y que la dictadura militar eliminó, que es el llamado aborto terapéutico”, indica, subrayando que la mayoría de los Estados latinoamericanos cuenta ya con leyes que permiten el aborto en esos tres casos mencionados.

Pero la legislación es solo un aspecto de este delicado tema. Para prevenir abortos, se requiere educación sexual y acceso a métodos anticonceptivos. “Un aborto solo puede ser el último paso. Una regulación aislada sobre el aborto es mejor que nada, pero solo es la mitad del asunto”, opina Ingrid Spiller: “Tienen que ponerse a disposición los recursos correspondientes, para que las mujeres tengan la posibilidad de llevar a cabo un aborto seguro, sin peligro”.

Independientemente de los aspectos éticos o religiosos inherentes al tema, lo cierto es que el aborto constituye también un problema de salud pública. De acuerdo con la OMS, las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de las muertes de embarazadas a nivel mundial.

¿Vuelta atrás?

No obstante, la polémica no amaina, tampoco en Chile, donde este fin de semana salieron a la calle miles de personas para rechazar el proyecto de ley de aborto. También en otros países de la región hay corrientes conservadoras que presionan incluso por dar marcha atrás en las legislaciones al respecto, según indica la analista de la fundación Heinrich Böll: “Nuestras oficinas nos informan continuamente que se viene una ola de retroceso, precisamente en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, en Brasil, ahora más que nunca, tras el impeachment contra Dilma Rousseff”.

No es el único caso. En República Dominicana se aprobó en julio una reforma al código penal de 2014, que contemplaba tres causales de aborto, dejando ahora solo una sin penalización: el riesgo para la vida de la madre. Y en El Salvador, la dura legislación vigente, que no admite excepciones a la prohibición del aborto, parece no ser suficiente para la oposición conservadora: la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) solicitó al Congreso ampliar hasta 50 años de cárcel la pena máxima para el aborto.