Los nexos transatlánticos de Podemos

Pocos periódicos españoles cubrieron el acto de fundación de Podemos el 18 de enero de 2014, pero ninguno de ellos pudo darse el lujo de ignorar al incipiente partido cuando éste llevó a cinco de sus representantes al Parlamento Europeo tras las elecciones comunitarias de mayo. A más tardar entonces, la clase política tradicional del país sureuropeo empezó a ver a Podemos como un adversario de cuidado, y el grupo liderado por Pablo Iglesias comenzó a percibir los riesgos de la sobreexposición mediática.

Aunque no pasa un día sin que la prensa local describa a Podemos como la entidad capaz de acabar con la alternancia del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) en el Gobierno –y de poner coto a la corrupción que prosperó a la sombra del bipartidismo–, la cúpula de esa formación también ha acaparado titulares al ser acusada de incurrir en prácticas reñidas con sus consignas. En julio de 2014 se dijo que Iglesias había apoyado a la organización terrorista ETA y que Podemos había recibido 3,7 millones de euros del Gobierno venezolano.

Iglesias demandó a Esperanza Aguirre, presidenta del PP en Madrid, y a Eduardo Inda, periodista del diario El Mundo, por ofender su honorabilidad y por atribuirle un financiamiento ilegal a su partido. Sin embargo, las imputaciones contra los dirigentes de Podemos no quedaron ahí. En diciembre le echaron en cara al segundo de a bordo, Íñigo Errejón, el haber incumplido su contrato de trabajo en la Universidad de Málaga para poder hacerse cargo de la Secretaría Política del partido. Errejón vio suspendido su sueldo y su cargo.

En enero, varios medios digitales e impresos revelaron que el tercero del partido, Juan Carlos Monedero, había cobrado 425.150 euros a través de una empresa unipersonal sin rendirle cuentas a su empleador ni declarar los impuestos correspondientes. Monedero, profesor de ciencias políticas en la Universidad Complutense de Madrid, le facturó ese monto a los Gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela por realizar, junto a otros profesionales, un informe de factibilidad sobre una unión monetaria latinoamericana.

Monedero: “campaña de desprestigio”

Políticos opositores y técnicos del Ministerio de Hacienda sospechan que la máxima autoridad de esa cartera, Cristóbal Montoro (PP), filtró los datos fiscales de Monedero para perjudicarlo. El propio Monedero describió los reproches en su contra como una “campaña de desprestigio” orquestada para empañar la imagen de Podemos, presentándolo como un partido financiado por el establishment chavista con miras a difundir la ideología del “socialismo del siglo XXI” en suelo ibérico mediante la compra de espacios en medios españoles.

Monedero abonó 200.000 euros para evitar ser objeto de una sanción tributaria y optó por retirarse a un segundo plano, sabiendo que pocos están satisfechos con la manera en que ha justificado sus controvertidos ingresos. De dimisión, ni hablar: hay indicios de que el partido lo mantendrá al margen hasta que se aquiete el oleaje. Está por verse cuánto tarda en amainar la tormenta: en la semana que termina, un reportaje del diario español ABC volvió a apuntar hacia un vínculo económico estrecho entre Podemos y el Gobierno venezolano.

“Venezuela paga una vida de lujo en Caracas a los asesores de Podemos”. Así tituló ABC la nota que informaba sobre el “trato preferencial” que los Gobiernos de Hugo Chávez (1999-2013) y su sucesor, Nicolás Maduro, le dieron a la fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales), a cuyas filas pertenecen los adalides de Podemos: Luis Alegre, portavoz, líder del partido en Madrid y secretario de Participación Interna; Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político y Social; Íñigo Errejón y el mismo Pablo Iglesias.

Al CEPS pertenece también el profesor Alberto Montero, quien hizo posible que Errejón siguiera cobrando desde Madrid su sueldo de la Universidad de Málaga sin cumplir con las cuarenta horas de trabajo semanal estipuladas en su contrato, según ABC. En el reportaje se habla de convenios renovables entre el Gobierno venezolano y el CEPS que le reportaron a la fundación unos 300.000 euros anuales durante más de una década; aproximadamente 4 millones de euros en los últimos doce años.

España y Venezuela, fricciones exacerbadas

“El fallecido presidente Hugo Chávez daba tanta importancia a sus consultores españoles que les puso un despacho junto al suyo, en el mismo pasillo del Palacio Presidencial de Miraflores”, comenta Javier Chicote en su investigación para ABC. “Los asesores cobraban su sueldo en España, de entre 1.200 y 1.500 euros al mes, y recibían dietas en Venezuela. La más básica era de 500 euros al mes, una fortuna en Caracas, máxime cuando la casa y los viajes ya los tienen pagados”, acota el reportero de marras.

Esta información no ha sido bien recibida en Madrid, que, por si fuera poco, ha visto exacerbadas sus fricciones con Caracas por otros motivos. En días recientes, las agencias de noticias dpa y EFE aseguraron que el Gobierno de Maduro convocó a los representantes de varias empresas españolas asentadas en Venezuela –Telefónica, Zara, Repsol, BBVA, Mapfre, Meliá, Iberia y Air Europa– y los amenazó con expropiarlas inmediatamente si no accedían a persuadir a los medios de la “Madre Patria” de poner fin a la “campaña” en contra de su gestión.

Es poco probable que este incidente contribuya a mejorar la imagen del actual Gobierno venezolano en el extranjero y mucho menos en España. Pero, ¿qué implicaciones tendrá para Podemos su cercanía con las administraciones de Chávez y Maduro? ¿Son esos nexos transatlánticos aún más fuertes de lo que la prensa española ha dejado ver hasta el momento? Y, de ser así, ¿pueden esos vínculos convertirse en un lastre para Podemos de cara a los comicios venideros? Es posible que estas incógnitas se despejen en las elecciones andaluzas de marzo y en las presidenciales de noviembre.

Autor: Evan Romero-Castillo