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México niega haber espiado a periodistas críticos

21 de junio de 2017

Las autoridades mexicanas admiten disponer de software espía y declaran secretos los contratos con sus proveedores. Pero rechaza haberlo utilizado contra periodistas, como denunció ayer el The New York Times.

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Symbolbild NSA Überwachung Handy
Imagen: imago/avanti

Abogados defensores de derechos humanos, periodistas, activistas que promovían un impuesto a los refrescos e impulsores de una ley anticorrupción en México recibieron decenas de mensajes de texto engañosos desde 2015 en momentos claves de su trabajo. En ellos se les invitaba siempre a pinchar en un enlace que, de hacerlo, les descargaba un virus informático de para espiarles.

De acuerdo con expertos del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y de otras organizaciones civiles, detrás de todos los mensajes está el malware Pegasus, fabricado por la empresa israelí NSO Group para que los Gobiernos puedan espiar, sin ser rastreados, a criminales y terroristas. Los resultados de una investigación, publicados el lunes por el diario The New York Times, desataron la duda: "¿Está espiando el Gobierno mexicano a activistas y periodistas?". El Gobierno lo ha negado.

Falta de pruebas

"No hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", afirmó la Presidencia en una carta al rotatativo neoyorquino. "Condenamos cualquier intento de vulnerar el derecho a la privacidad de cualquier persona". El propio reportaje dice que es muy difícil establecer quién está detrás del espionaje justamente por las características de hipersecreto del software. Sin embargo, según el diario, nadie más que los Gobiernos pueden comprarlo.

En México, han admitido que cuentan con él la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Defensa Nacional y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Por cada infección exitosa se pagan unos 77.000 dólares. El director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Luis Fernando García, que participó en la investigación, dijo que hay cuatro hallazgos fundamentales que las autoridades no han podido ni podrán desmentir. Que se intentó espiar el teléfono de 15 periodistas y activistas, que el malware sólo se vende a Gobiernos, que el Gobierno de México es cliente de NSO Group y que todos los espiados tocaron intereses del Gobierno federal con su trabajo.

Si ellos no han sido, ¿quién?

La Fiscalía del estado mexicano de Jalisco, por ejemplo, negó hoy (20.06.2017) actos de espionaje pese a comprar en 2015 un programa para intervenir comunicaciones similar. El fiscal general del estado Eduardo Almaguer, sostuvo que Jalisco "es ajeno" a esta práctica e indicó que Jalisco cuenta con "instrumentos de investigación" que sólo se usan "bajo los protocolos que marca la ley y también bajo la autorización de un juez de control" en casos de desapariciones, extorsiones y secuestros.

Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, consideró "preocupante" este tipo de espionaje y añadió que "el Gobierno mexicano ha negado cualquier responsabilidad en estos hechos, pero debe esforzarse mucho más para determinar quiénes fueron los responsables, llevarlos ante la justicia y asegurarse que esto no vuelva a ocurrir".

LGC (dpa/EFE)