México: ¿suspensión de poderes y de elecciones en Guerrero?

“Los padres de los jóvenes desaparecidos han estado emplazando a las autoridades federales y al Poder Legislativo, que no han manifestado un compromiso concreto en favor de los desaparecidos. Ante la falta de atención, de presencia y de solidaridad de parte de los senadores y senadoras, los padres decidieron ir al Congreso para manifestarle su malestar y reclamos“, recapitula el abogado y defensor de derechos humanos, Abel Barrera, fundador y director de la organización Tlachinollan, que acompaña legalmente a los padres de los desaparecidos.

Barrera considera que la lucha de los padres de Ayotzinapa refleja la situación a diario que se vive en el país en el campo. El abandono y el desinterés de la clase política mexicana ante esta problemática provoca enojo en los padres de los desaparecidos y en amplios sectores en todo el país.

La lista de peticiones presentada por los padres el pasado martes ante el Senado de la República, incluye la de desaparecer los poderes en Guerrero y de suspender las elecciones en dicho Estado por no haber condiciones para ello. Para el experto alemán Stefan Jost, que dirige en México la representación de la fundación alemana Konrad Adenauer, la demanda de suspender las elecciones en Guerrero es poco realista. “Es una demanda nueva y por el momento me parece poco realista esperar que eso suceda. No me imagino al Estado mexicano anunciando que se suspende la elección. Sin embargo los comicios tendrán lugar a mediados del próximo año“, dice, “por lo que todavía correrá mucha agua“.

Mientras no haya claridad el enojo irá creciendo

Jost destaca el hecho de que se hayan identificado los restos de uno de los 43 estudiantes desaparecidos, pero no se sabe si el resto de los estudiantes también estaban en ese basurero de Cocula. “Hay dudas entre la opinión pública mexicana frente a las declaraciones de la Procuraduría General de la República (PGR) y no creo que la demanda por que haya claridad se vaya a calmar. Más bien está creciendo“.

La exigencia de desaparecer los poderes en Guerrero no es la primera vez que sale a la luz pública, según Jost. “Eso se discutió ya y es una exigencia comprensible porque la confianza de la gente en los poderes públicos en el Estado de Guerrero, básicamente no existe“, dice y añade: “No creen en las unidades policiales estatales, municipales, ni en la impartición de justicia, se sienten abandonados y no confían en las autoridades“, explica.

Abel Barrera destaca que el nombramiento de un nuevo gobernador no ha resuelto el conflicto. “El saber el paradero de los estudiantes es una causa que no puede suplirse con nada. El tema de los desaparecidos no es sólo un tema que duele a los padres de Ayotzinapa, es una herida abierta en nuestro país, que resulta inconcebible ante el ambiente de impunidad que sigue prevaleciendo en las instituciones de gobierno. No sólo es un problema del gobierno municipal, la impunidad es competencia del gobierno federal“, advierte Barrera.

Impedir la realización de elecciones

Según Abel Barrera, los padres no sólo piden la suspensión de las elecciones del 7 de junio que elegirán a un nuevo gobernador en el estado de Guerrero, sino que están dispuestos a impedir que se lleven a cabo. Las elecciones del 7 de junio renovarán las gobernaturas en 18 Estados, entre ellos el de Guerrero, y decidirá quienes serán los futuros diputados que conformarán el Congreso de la Unión. “Mientras no haya verdad y justicia la sociedad no cesará en el empeño de cuestionar a las autoridades y a la institucionalidad democrática que es utilizada por los grupos de poder para beneficio personal y no para ejercer los derechos de la ciudadanía“, afirma Barrera.

Además de exigir la aparición con vida de los 42 estudiantes desaparecidos y justicia para los 4 asesinados, así como atención médica a los lesionados, los padres pidieron a los senadores que respalden la petición para que México ratifique la competencia del Comité de Desaparición Forzada de la ONU, lo que permitiría que los familiares de desaparecidos presenten sus demandas individuales conforme a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada.

Se trata del único Comité de Naciones Unidas al que México no ha aceptado aún la competencia, y el gobierno mexicano tendrá que adoptar una postura de cara a la comparecencia ante dicho Comite cuando el Estado mexicano presentará su primer informe sobre los desaparecidos el próximo 2 de febrero.

Por último los padres pidieron al Senado de la República que exhorte a la PGR a abrir líneas adicionales de investigación, más allá de la hipótesis del basurero de Cocula, y que investigue la implicación del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y del ex gobernador Ángel Aguirre.