Macri modifica por decreto la Ley de Medios

El Gobierno argentino modificó el lunes (4.1.2016) a través de un decreto la Ley de Medios aprobada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), disolvió organismos regulatorios y creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), pese a que un juez había dictado una medida para frenar cambios.

El decreto firmado por el presidente Mauricio Macri fue publicado ayer en el Boletín Oficial, pero con fecha 29 de diciembre, antes del fallo judicial en su contra. El juez de La Plata Luis Arias dictó el 30 de diciembre una medida precautelar que frena el decreto que modifica la ley de servicios de comunicación audiovisual y la fusión de entes regulatorios que había sido anunciado horas antes por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, antes de su publicación, pero su resolución debe ser ratificada por la Justicia Federal.

La norma difundida el lunes dispuso la creación de una comisión para elaborar el proyecto de ley de reforma, actualización y unificación de la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley Argentina Digital.

"Circunstancia excepcional"

Según el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, "la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios" determina, entre otras cosas, "la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización y modificación normativa proyectada, configurando una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

En respuesta a las críticas por apelar a un decreto, el Gobierno sostuvo que "esperar la cadencia habitual del trámite legislativo irrogaría un importante retraso que dificultaría actuar en tiempo oportuno y obstaría al cumplimiento efectivo de los objetivos de la presente medida".

El objetivo del Gobierno que aún no lleva un mes en funciones es impulsar la convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía -voz- y banda ancha -internet-.

En este contexto, consideró que "entra en crisis el régimen de regulación económica sectorial preexistente, con regulaciones y reguladores separados para las empresas de medios, por un lado, y para las telecomunicaciones, por el otro" ya que "puede generar una dispersión de criterios en su aplicación, produciendo así no sólo ineficiencias y distorsiones sino también inseguridad jurídica".

Planes de Macri "buscarían beneficiar al grupo Clarín"

Los críticos del plan de Macri sostienen que el cambio en las regulaciones buscaría beneficiar a los grupos de medios obligados a desprenderse de numerosas licencias por la ley de medios aprobada por el Congreso durante el kirchnerismo, entre ellos el Grupo Clarín.

El decreto cambia el artículo 41 de la ley de medios que restringía la venta de medios audiovisuales, algo que ahora se permite, y facilita la integración de cadenas privadas de radio y televisión, lo que hasta ahora estaba muy restringido, precisó el diario "La Nación". Tampoco habrá topes a la cantidad de ciudades en las que pueden operar las empresas de cable, que hasta ahora era de 24, que además pasarán a regirse por la ley de telecomunicaciones.

Además, se eliminan las restricciones a la propiedad cruzada de televisión por cable y radio y TV abierta; y los actuales licenciatarios de TV y radio podrán pedir la extensión del plazo de licencia por 10 años, sin importar cuándo sea su fecha de vencimiento actual.

Según la abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, el decreto de Macri viola la ley por varias razones, entre ellas por crear un organismo descentralizado, cuando para ello es necesario que se aprobado por el Congreso. "El esquema no cumple los estándares internacionales en libertad de expresión", sostuvo Peñafort en su cuenta de Twitter.

"Más concentración, más oligopolios, menos controles estatales, menos federalismo, menos participación ciudadana, incumplimiento de leyes. Incumplimiento de orden judicial, adulteración de fecha en documento publico, delitos varios", aseveró la experta.

CP (dpa, efe)