Masacre de Tlatelolco
1 de octubre de 2018
Con motivo del 50 aniversario de la represión estatal del movimiento estudiantil del 68, académicos, actores, archivos y universidades reflexionan sobre esta fecha que marcó al país. "Es un punto de inflexión, una problemática que nos vincula con la violencia que estamos viviendo, una violencia política y delincuencial, varias violencias generalizadas", afirma la historiadora Eugenia Allier, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
El aniversario fue precedido por el sorpresivo reconocimiento, por parte de una comisión gubernamental, de que la masacre a manos del Ejército fue un crimen de Estado. El presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, (CEAV), Jaime Rochin, reconoció en un foro académico el 25 de septiembre pasado que "la masacre de Tlatelolco constituye un episodio histórico en el cual el Estado mexicano mostró su rostro más autoritario al silenciar las voces de la movilización ciudadana”.
La investigadora de la Universidad Libre de Berlín Anne Huffschmid, que estudia el fenómeno de la violencia en México desde hace 15 años, saluda el anuncio. "Es sin duda importante que por primera vez un órgano del Estado reconozca la masacre como lo que fue, un crimen de Estado, como lo hemos sostenido desde hace décadas un sinnúmero de expertos, activistas nacionales e internacionales. Pero el reconocimiento es tardío y no viene del gobierno federal o de alguna instancia con poderes jurídicos”. La investigadora considera que su única implicación sería en la reparación de víctimas y sobrevivientes.
El movimiento del 68
El año de 1968 pasó a la historia como un año de revueltas y protestas estudiantiles en todo el mundo. Huffschmid, que fue llevada por sus padres a las protestas estudiantiles en la Universidad y en las calles de Berlín, llegó a México en la década de los 90, cuando se cumplió el 25 aniversario de los sucesos ocurridos el 2 de octubre. "En México no era muy común ver el 68 como un acontecimiento global. Ese verano que se vivió simultáneamente en muchas partes del mundo está muy opacado por la memoria de esa fecha siniestra. El 68 es una marca de la represión, de la masacre y la impunidad", dice.
Aquel verano de 1968, los estudiantes protagonizaron en México meses de intensas protestas contra la política autoritaria y represiva del gobierno y del Partido Revolucionario e Institucional (PRI).
El gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz se preparaba ese año para la presentación de México como país de progreso. Los Juegos Olímpicos iban a celebrarse en la capital mexicana, cuya candidatura se había impuesto en 1963 en Baden Baden, Alemania, a la de Buenos Aires, Detroit y Lyon. Pero los estudiantes cantaban "No queremos olimpiadas, queremos revolución”.
La periodista y corresponsal de guerra italiana Oriana Fallaci llegó a México para cubrir las manifestaciones estudiantiles y acudió a la convocatoria de un mítin en la Plaza de las tres Culturas de Tlatelolco. Se habían reunido unas 8.000 personas cuando, al final de la concentración pacífica, francotiradores abrieron fuego desde las azoteas contra la multitud. Fallaci, que recibió varios disparos de bala, escribió que el ataque contra los estudiantes aquel 2 de octubre fue peor que lo que ella vivió en Vietnam.
Oficiales del Estado Mayor Presidencial
"Fue una salvajada porque dispararon contra una multitud indefensa. Perdieron el control sobre la violencia estatal. De hecho los francotiradores eran oficiales del Estado Mayor Presidencial disparando contra el Ejército, las fuerzas policiales y los civiles”, afirma el politólogo del Colegio de México, Sergio Aguayo, que fue parte del movimiento estudiantil e investiga los sucesos desde 1995. "Hemos establecido la verdad sin obtener justicia”, afirma Aguayo, autor del libro "El 68, los estudiantes, el presidente y la CIA”, que advierte sobre la fuerte influencia de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el gobierno mexicano.
Los disparos de los francotiradores tenían por objetivo generar un clima de caos que justificara la represión. Eso detonó la reacción militar, que convirtió la plaza en escenario de guerra. Oficialmente han sido identificados 37 muertos. Pero se estima que habrían sido más de 300 las víctimas mortales, sin contar el número de desaparecidos y de heridos.
El Estado Mayor, conformado por más de 2.000 personas, la mayoría varones, provenientes de las fuerzas armadas y policiales, es un cuerpo de élite que ha protegido al presidente de turno de México desde hace 70 años. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció su intención de disolverlo cuando asuma el poder el próximo 1° de diciembre.
Apertura de archivos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), anunció hace unos días que se abrirán los expedientes en poder del Archivo General de la Nación, que cuenta con documentos clasificados de la policía secreta, del Gobierno federal, de la Policía de la Ciudad de México y del propio Ejército mexicano.
Pero expertos como Aguayo se muestran escépticos. "El INAI está reaccionando tarde y mal. Ellos fueron los que a partir de 2015 impusieron la censura a los archivos que ahora están abriendo. No creo que aporten nuevos datos a lo ya conocido. Lo importante sería que abrieran los archivos de la Defensa".
En 2001, durante la etapa de transición que puso fin a 70 años de gobiernos ininterrumpidos del PRI, el presidente Vicente Fox, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), creó una Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) para investigar los crímenes cometidos por fuerzas de seguridad del Estado mexicano que en los años 60, 70 y 80, combatieron y eliminaron a grupos estudiantiles, sociales y campesinos durante la llamada Guerra Sucia. "Vicente Fox fue un traidor a la verdad y a la democracia. No quiso esclarecer lo que había pasado. Crearon una fiscalía de papel maché: brillosa, pero sin columna vertebral", afirma Aguayo.
Eugenia Allier sostiene que Fox negoció con los antiguos gobernantes. Con el PRI. "Cuando uno ve lo que ha ocurrido en otros países de América Latina en donde también hubo violencia política en los años 70s, una de las constantes es que la justicia tiene que ver con la voluntad gubernamental. Si no hay una voluntad política, no habrá cambio. Seguirán siendo los mismos gobernantes los que seguirán encubriéndose mutuamente", señala Allier.
México violento
La historiadora destaca los niveles de violencia. Investigadores hablan de entre 120.000 y 200.000 muertos, así como más de 30.000 desaparecidos. "Nunca habíamos tenido las cifras pavorosas que estamos viviendo. El no haber discutido la violencia en el pasado reciente, sobre todo la llamada Guerra Sucia, la represión del Estado contra los movimientos armados en los años 70 y 80, ha producido un país con una gran impunidad, lo que ha permitido que lleguemos a los actuales niveles de violencia", afirma.
Anne Huffschmid destaca la gran demanda de la sociedad porque se haga justicia. "Lo que pasó en la matanza del 2 de octubre y también en la mal llamada Guerra Sucia, que siguió después, no fue otra cosa que una variante del terrorismo de Estado que ejerció selectivamente el Gobierno mexicano en los años 70. Sin justicia penal será muy difícil romper el molde de la impunidad, uno de los mayores obstáculos para una verdadera democracia en México".
Autora: Eva Usi (ER)
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