¿Mercenarios latinoamericanos en Irak?

El gobierno del presidente George Bush se ve confrontado a crecientes críticas por la guerra en Irak. A los críticos se unen ahora los familiares de civiles muertos en combate. Reclamaron frente al Congreso que sus maridos o hijos fueron enviados a Irak sin recibir una formación adecuada. Son los llamados “soldados secretos” de George Bush: unos 100 000 ciudadanos estadounidenses que trabajan para empresas civiles, como Halliburton, por encargo del Pentágono. Su misión oficial es reconstruir Irak y dar apoyo logístico a las fuerzas armadas estadounidenses.

Cerca de 800 de ellos han muerto. Sin embargo esta cifra no pasa a engrosar las estadísticas oficiales de los soldados caídos en Irak. De lo contrario, el número de víctimas, que ya supera las 3.000, crecería un 25% más.

Mano de obra barata

Lo que la opinión pública en EEUU ignora es que entretanto, las empresas contratistas estadounidenses se han desplazado hacia el sur del continente americano. La privatización de la guerra, sobre la que la ONU viene alertando desde que estallaran los conflictos de Yugoslavia, Angola y Sierra Leona a comienzos de los años noventa, obedece a la ley del mercado: el objetivo es reducir costos. Por lo tanto, las empresas de seguridad privadas contratan a su “personal” donde más barato les resulte.

“Se están aprovechando de la situación de precariedad de empleo, de condiciones de nuestros ciudadanos latinoamericanos para ofrecer salarios que resultan atractivos para estas personas, pero que son muy bajos comparados con los estándares de otras que realizan labores similares en la zonas de conflicto y que están sin ningún tipo de control”, dice Amanda Benavides, la presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios. Los cinco integrantes de este equipo recorrieron diversos países latinoamericanos, entre ellos Honduras, Ecuador, Colombia, Perú y Chile.

Cuando Amanda Benavides habla de “salarios atractivos”, se refiere a la suma de mil dólares por día, y añade: “Para un estándar latinoamericano es alto, pero no es comparable con lo que gana una persona en esa misma labor si proviene de EEUU, de Francia, o de cualquier país del primer mundo.”

Con un total de 25 000 efectivos en Irak, las empresas privadas militares y de seguridad constituyen la segunda fuerza de ocupación, detrás de las fuerzas armadas oficiales estadounidenses y aún por delante del Ejército británico. La presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios sabe quiénes son los que van a hacer los trabajos sucios a la Guerra de Irak:

“Por lo general son personas que ya tienen experiencia como guardias de seguridad en sus países de origen o han trabajado en el campo militar o de la policía, ex soldados o ex policías, que se encuentran recibiendo muy bajos salarios en sus países de origen o están desempleados, y que, sabiendo el riesgo que corren, lo asumen por la necesidad que están sufriendo en sus países.”

Un negocio más

Con el fin de abaratar los costos de la Guerra, el estado ha comenzado a ceder a particulares su monopolio del uso de la fuerza, critica Amanda Benavides:

“Estamos hablando de empresas que generalmente tienen grandes contratos con el Departamento de Estado de EEUU, y que están trabajando en esta nueva modalidad de la privatización de los servicios de seguridad y fuerza del estado, asumiendo funciones que anteriormente correspondían a los ejércitos nacionales y que ahora se están cediendo a este tipo de empresas.”

El Pentágono y el Departamento de Estado de EEUU han otorgado, desde 2003, contratos por un valor superior a 766 millones de dólares a estas empresas privadas. “Con la mundialización de la economía, el uso de la fuerza se ha convertido en un negocio más que hay que privatizar a toda costa. Se estima que el valor de esa industria ha pasado de 33 mil millones de dólares en 1990 a uno 100 mil millones en 2006, calculándose que alcanzará en 2010 más de 200 mil millones”, escribe José Luis Gómez del Prado, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios en un artículo publicado recientemente en Internet.

El desplazamiento de las empresas contratistas al sur se debe, según Amanda Benavides, no sólo a las “mejores condiciones de mercado”.

“En los sitios donde está más precaria, más limitada o que no existe una legislación sobre estas empresas hay un nicho para que ellas se instalen y lleven a estas personas para trabajar en esas zonas de riesgo.”

Así, en Ecuador y Honduras pudieron operar empresas de seguridad privadas estadounidenses, que sin estar registradas en esos países, reclutaban mercenarios mediante anuncios en los periódicos. Según el Grupo de Trabajo de la ONU, más de 200 hondureños, 100 chilenos y 20 nicaragüenses fueron contratados como personal de seguridad. A su regreso, muchos de ellos denunciaron que habían sido obligados a desempeñarse como un militar más en combate. Amanda Benavides denuncia otros casos de abuso y maltrato:

"Personas que en ejercicio de sus funciones como guardias habían sufrido una fractura de piernas o brazos fuero atendidos con paliativos muy mínimos, e incluso, estando en esas condiciones, tenían que ir a cumplir la guardia. Una persona que aparentemente había ido con un buen estado de salud - y así lo certifica un certificado médico que tuvo antes de salir de Perú – luego regresó con una leucemia aparentemente producida por el contacto con materiales radioactivos."

Protegiendo sus ingresos

Sin embargo, lamenta Amanda Benavides, durante sus visitas a los países latinoamericanos se encontró con que muchos excombatientes o familias de éstos no se atreven a denunciar malos tratos o irregularidades, por miedo a perder el sueldo. Por otra parte, dice, las estructuras del mercado mundial de la seguridad y los servicios militares privados son poco transparentes.

"Nadie responde a los familiares de estas personas porque el seguro no los cubre, se dice que no sufrió el accidente en horas de trabajo, porque la empresa que las contrató se exime de responsabilidades, porque el país de origen de las personas dice que era un contrato privado, entonces hay un absoluto limbo en la situación de estas personas."

Tres son los objetivos que persigue el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios. En primer lugar crear una mesa redonda internacional para discutir sobre la cesión del monopolio del uso de la fuerza por parte del estado, situación que de hecho ya se está produciendo, según Amanda Benavides.

"Lo que queremos es alertar sobre las consecuencias que esto trae, los efectos a corto y a largo plazo que trae este fenómeno. Y que las naciones discutan hasta dónde están dispuestas a ceder el monopolio del uso de la fuerza, y que sean muy concientes de las consecuencias que tiene la cesión de este monopolio del uso de la fuerza, y cuáles serán los controles que se ejercen sobre estos actores privados a los que se les cede este monopolio."

En segundo lugar, el Grupo de Trabajo apela a las naciones latinoamericanas a fortalecer su legislación de control sobre las empresas contratistas, sean éstas extranjeras o nacionales.

"Ojalá no haya coalición de competencias entre personas que actualmente están en los ejércitos nacionales o que ocupan cargos de estado como dueños de estas empresas, porque aquí se presentan muchas irregularidades, por ejemplo, como lo hemos podido evidenciar, que muchas de esas personas ha sido entrenadas en instalaciones de los ejércitos de todos los países."

Amanda Benavides hace un llamamiento a los países de la región a ratificar la Convención de la ONU contra el mercenarismo:

"Mientras más países tengamos adheridos a la convención, hay una presión internacional para que ella se reforme y se actualice. O poder hacer un protocolo adicional para que entren en la convención actores que no están ahora establecidos como por ejemplo las empresas privadas de seguridad y empresas militares privadas, que no siendo exactamente mercenarios, porque no cumplirían la definición que está consignada en la convención, sí hace actividades relativas o conexas al mercenarismo."

Los primeros pasos ya se están dando. A finales del año pasado, el gobierno peruano ratificó la Convención contra el mercenarismo. También Honduras y Ecuador han iniciado los respectivos procesos parlamentarios de adopción y ratificación de dicho documento.