Migración: cohesión europea, desunión latinoamericana

Este viernes (29.6.2018), la Unión Europea anunció con bombos y platillos que sus líderes habían llegado a un consenso para distribuir en el territorio comunitario a los solicitantes de asilo provenientes de regiones vecinas. Ese bloque de países tardó varios años en responder a lo que Bruselas llama “la crisis de los refugiados”; de ahí que la noticia del acuerdo haya sido celebrada por tirios y troyanos, aunque no sin críticas a medidas que contemplarían la erección de centros de acogida fuera de la UE y el aislamiento de menores de edad.

Habiendo sido testigos en los últimos años de flujos migratorios que han causado fricciones  entre los Gobiernos de República Dominicana y Haití, Nicaragua y Costa Rica, Estados Unidos y México, Venezuela, Colombia y Brasil, cabe preguntarse si las naciones latinoamericanas y caribeñas pueden coordinar esfuerzos, como lo hacen ahora los Estados miembros de la UE, para prevenir y mitigar los estragos causados por los grandes movimientos humanos sin desatender los derechos humanos de los migrantes.

“No puedo imaginar que un pacto como el de los países comunitarios sea viable al otro lado del Atlántico. La regulación supranacional de la migración en Europa está entre las competencias de la UE, mientras que en América Latina no existe una sola iniciativa de integración regional capaz de construir siquiera un marco para un convenio migratorio”, señala Peter Birle, jefe de investigación del Instituto Iberoamericano (IAI) de Berlín, advirtiendo que, a sus ojos, los desafíos de ambos continentes en esta materia no son comparables.

Grados de generosidad

La libre circulación de personas y la libertad de asentamiento en la UE están severamente reglamentadas precisamente porque ese bloque es un imán para numerosos ciudadanos extracomunitarios, subraya el experto. En este momento, en América Latina, las grandes corrientes migratorias suelen ser intrarregionales y las soluciones para los problemas que causan, bilaterales. “No recuerdo que haya habido una consultación regional trascendental de cara al éxodo venezolano y sus efectos sobre los países vecinos”, dice Birle.

La politóloga Luicy Pedroza coincide con el especialista del IAI: “En su mayoría, las naciones latinoamericanas y caribeñas constituyen una unidad histórica, cultural y lingüística, pero no tienen un proyecto de comunidad política como los Estados que integran la UE. Ni siquiera el Mercado Común del Sur, que le concedió la libertad de circulación y de asentamiento a los ciudadanos mercosureños en los territorios de sus países miembros, tiene una política para regular la inmigración proveniente de Estados no asociados”, contrasta.

“Por eso, cuando hay movimientos agudos de migrantes, los países más afectados responden a ellos con acuerdos bilaterales o multilaterales ad hoc. Las naciones latinoamericanas y caribeñas se diferencian por el grado de generosidad de sus políticas de asilo. Brasil y México tienen un marco regulatorio amplio y espléndido; otros Estados interpretan los tratados internacionales alusivos al asilo de una manera menos expansiva e incluyente”, enfatiza Pedroza, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA).

Demasiadas divergencias

Hay también asimetrías llamativas. “México, el país latinoamericano más alejado de Sudamérica, es el único que está  aceptando todas las solicitudes de asilo de venezolanos. No obstante, activistas de derechos humanos acusan a México de negarles a los migrantes centroamericanos la solidaridad que les brinda a los refugiados venezolanos; el procesamiento de las solicitudes de asilo de los centroamericanos suele quedarse pasmado y prolongarse demasiado en el tiempo”, añade la investigadora del GIGA.

Un obstáculo para la concepción de una estrategia latinoamericana unificada en este ámbito es la divergencia, de un país a otro, de los factores aceptados legalmente como causantes de la migración forzada. A eso se suma el hecho de que no todas las circunstancias susceptibles de ser consideradas para la concesión de asilo –la discriminación y persecución por identidad de género u orientación sexual, por ejemplo– están debidamente tipificadas ni codificadas en las leyes de los países del subcontinente, explica Pedroza.

“Los desastres medioambientales como causas de desplazamientos humanos masivos no están estipulados todavía en muchas leyes. Sin embargo, nadie puede dudar que las personas afectadas por sequías, inundaciones o explosiones de volcanes, como la que sacudió a Guatemala recientemente, tienen derecho a recibir refugio en otros países”, señala la experta del GIGA, insistiendo en que, pese a la ausencia de proyectos políticos comunes desde Tierra del Fuego hasta el Río Bravo, en América Latina y el Caribe sí hay instancias solidarias.

Evan Romero-Castillo (DZC)

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