Motines exponen vulnerabilidad de presos en Colombia

Hacia las nueve de la noche de este sábado (21.03.2020), reclusos de trece cárceles colombianas iniciaron una protesta simultánea. Al parecer por miedo. Miedo a que la llegada del COVID-19 podría significar para ellos. Y es que mientras el Gobierno ordena el aislamiento obligatorio preventivo para todo el país, el índice de hacinamiento en algunas prisiones colombianas ronda el 260 por ciento.

Las autoridades colombianas tratan el trágico incidente de intento criminal de fuga masiva. Y el domingo, la Ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, intentó desligar lo ocurrido de la pandemia. No "hay un problema sanitario que hubiera originado ese plan y esos motines". aseveró en un mensaje propagado por redes sociales. "Hoy no hay ni un solo contagio, ni un privado de la libertad ni cuerpo administrativo y de custodia que tenga coronavirus o que podría estar aislado por coronavirus", aseguró.

Presos denuncian falta de protección

Tal vez no haya aún infecciones dentro del sistema penitenciario colombiano. Pero también puede ser que simplemente aún no se hayan detectado. La Fundación Comité para la Solidaridad con los Presos Políticos ha recopilado una serie de testimonios de reclusos de la cárcel San Sebastián de Ternera en Cartagena. Denuncian la falta de implementación de medidas frente al COVID-19.

"Varios internos han presentado síntomas de fiebre y resfriado y al dirigirse a la enfermería son nuevamente devueltos a los patios sin que sean atendidos y sin que se tomen medidas preventivas y de protección", asegura la fundación en su página web. En varios centros penitenciarios se denuncia además la falta de tapabocas, jabón e incluso agua corriente.

Amenaza de crisis humanitaria

Desde la ONG Dejusticia creen que el temor de los presos es justificado. "Ha habido brotes de tuberculosis y otras enfermedades respiratorias altamente contagiosas. Esto ha hecho que la población carcelaria tenga un miedo muy grande frente a la llegada del coronavirus", apuntó Juan Sebastián Hernández, investigador de la línea de sistemas judiciales de Dejusticia. "Si este virus llega a entrar al sistema penitenciario va a generar un contagio masivo. Teniendo en cuenta la debilidad del sistema de salud creemos que es muy posible que desencadene una crisis humanitaria", afirmó.

Una crisis que el Estado colombiano aún está a tiempo de evitar. Un primer paso se dio el lunes (23.03.2020), cuando el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Norberto Mujica, decretó la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público.

La medida le da al ejecutivo y al INPEC un margen de acción más amplio ante situaciones que requieran atención inmediata. Pero para la Defensoría del Pueblo, la medida no es más que un parche. En un comunicado de prensa reaccionó apuntando que "la emergencia carcelaria se debe aprovechar para dar soluciones no en modo de transitoriedad, sino de permanencia en cuanto al hacinamiento (…) La estrategia no puede ser coyuntural, sino más ambiciosa y más creativa".

Entre 4.000 y 15.000 presos tendrían casa por cárcel

Una de las propuestas que más sonaban para hacer frente al hacinamiento en tiempos del COVID-19 es el traslado a detención domiciliaria de aquellos reclusos que no presenten riesgo de fuga o reincidencia. Según se ha adelantado, las autoridades han ponderado la idea y entre 4.000 a 15.000 presos podrían tener la casa por cárcel. Mediante un decreto, que estaría preparando el Gobierno, jueces otorgarían a través de audiencias virtuales la detención o la prisión domiciliaria a reos vulnerables. 

Previamente, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil a la Sentencia T-388 de 2013, conformada por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, ya había pedido medidas alternativas al encarcelamiento para los mayores de 60 años y otras personas que presentan condiciones que incrementan su vulnerabilidad de cara a una posible infección con el virus. 

Según medios locales, la medida de casa por cárcel acogería no solo a personas mayores de 60, sino también a madres gestantes, personas con cáncer, VIH, trastornos pulmonares, insuficiencia renal crónica, entre otros. 

Pandemia como oportunidad de cambio estructural

Estas demandas no son absurdas. El goce del grado máximo de salud obtenible es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. Declarando el estado de emergencia por razones de salud, el INPEC y el Ministerio de Justicia ya han admitido que en los centros penitenciarios y carcelarios de Colombia este derecho no está garantizado.

La amenaza del coronavirus podría obligar a actuar a aquellos que llevan años ignorando las condiciones inhumanas en las prisiones colombianas. O podría convertirse en una trágica oportunidad perdida. (few)

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