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Más cerca de prohibir el partido neonazi NPD

Vera Kern (EL/PK)8 de diciembre de 2015

Luego de que fracasara un primer intento en 2003, ahora parece posible la prohibición del partido nacionalsocialista NPD por parte del máximo tribunal de Alemania. Se reaviva una disputa política que ha durado años.

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Imagen: picture-alliance/dpa/M. Balk

La decisión correrá a cargo del Tribunal Constitucional de Alemania. Posiblemente será definitivo e inapelable. Los obstáculos para declarar ilegal a un partido político en Alemania son muchos. Ningún ministro y ninguna fracción parlamentaria en el Bundestag pueden declarar proscrito a otro partido. Tal prohibición es facultad exclusiva del Tribunal Constitucional, instancia jurídica suprema que es garante del cumplimiento de la Ley Fundamental.

Por eso, en este caso se trata de demostrar que un partido debilita el orden democrático liberal, o pretende disolverlo, o amenaza la existencia de la República Federal de Alemania. Acontecimientos sucedidos en dos lugares distintos pueden servir como evidencia contra el partido neonazi NPD.

Heidenau y Tröglitz son dos localidades tristemente célebres en el Este de Alemania. En la primera, agresivos militantes de la extrema derecha arrojaron cócteles molotov sobre un asilo para refugiados durante una manifestación. En Tröglitz fue incendiado un albergue para solicitantes de asilo. Quienes apoyaban a éstos recibieron amenazas de muerte. El alcalde de esa ciudad tuvo que renunciar, luego de que él y su familia se vieran en peligro inminente.

Estos dramáticos acontecimientos pueden servir al Tribunal Constitucional como evidencia para demostrar cuán peligroso es el NPD. Los magistrados de esa corte se reunirán en marzo de 2016, a fin de analizar la posible prohibición del NPD, con lo cual ésta podría estar cerca.

Espías encubiertos y otras calamidades

En el exterior causa asombro el hecho de que en Alemania aún exista un partido de ideas neonazis. El debate sobre su prohibición ha ocupado a políticos alemanes desde hace mucho tiempo. Hace más de 10 años, en 2003, una primera solicitud para declarar ilegal al NPD fracasó. El Tribunal Constitucional rechazó la evidencia presentada por la parte acusadora, debido a que policías encubiertos se infiltraron en la dirigencia neonazi e incluso participaron en algunas de sus actividades ilegales. Se trató de una práctica anticonstitucional y se aplicó al NPD el mismo principio protector que impide la prohibición arbitraria de un partido político.

Hajo Funke, investigador del terrorismo en Alemania
Hajo Funke, investigador del terrorismo en AlemaniaImagen: picture-alliance/dpa

Tales obstáculos parecen superados en el proceso actual. Éste no se fundamenta mayormente en testimonios o evidencia a cargo de espías encubiertos. Así, la pregunta es: ¿bastará la evidencia disponible para demostrar que el NPD es una organización que lucha activamente contra el orden democrático?

Hajo Funke, investigador del extremismo, conoce bien las actividades de grupos de ultraderecha en Alemania. Según él, crecen semana a semana los argumentos que justificarían una prohibición del partido neonazi. “El NPD es uno de los principales agitadores en manifestaciones o ataques contra refugiados y extranjeros”, dice. Cada atentado a albergues para refugiados constituye una nueva prueba que podría ser utilizada por la Corte Suprema de Alemania. Los disturbios de Tröglitz “son asimismo un retrato fiel de la peligrosidad de este partido neonazi”, afirma el investigador. Por eso, Funke piensa que el proceso para prohibir al NPD tiene posibilidades reales de éxito.

Está claro que, aún en caso de que proceda la prohibición, el extremismo de derecha no desaparecerá automáticamente. Una ideología profundamente enraizada no puede ser borrada de la noche a la mañana, opina Funke. Pero la prohibición sería una clara señal en cuanto a la ilegalidad de sus actividades, agrega.

El proceso contra el NPD comenzó este martes (08.12.2015). Los ministros del Interior de Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Pomerania Occidental consideraron que el solo inicio de las diligencias es por sí mismo “una victoria para el Estado de derecho”, independientemente de cuál sea el fallo del Tribunal Constitucional.