México: ¿Calderón, al banquillo?
17 de febrero de 2015
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó el 13 de septiembre de 2014 a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abrir un examen preliminar contra México por crímenes contra la humanidad cometidos durante el mandato del presidente Felipe Calderón (2006-2012). Ya en noviembre de 2011 había sido presentada otra demanda similar por el abogado mexicano de DD. HH. Netzaí Sandoval, respaldada por unas 23 mil firmas. El expediente está actualmente en manos de la fiscal Fatou Bom Bensouda, que se espera se pronuncie próximamente sobre el caso.
La FIDH argumenta que durante la ofensiva del Gobierno de Calderón contra el narcotráfico, las instituciones de seguridad del Estado (militares y policías federales, estatales y municipales) llevaron a cabo torturas y desapariciones forzadas de forma sistemática y dentro de un esquema organizado. El documento presentado por Sandoval ante la CPI está integrado por 470 casos de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
Los demandantes dicen que la intervención de la CPI es necesaria porque en México no se ha investigado ni juzgado a ningún alto mando militar o de policía eventualmente implicado en estos actos. Esperan que si el Tribunal da lugar a las demandas, los jueces nacionales reaccionen poniendo en marcha investigaciones serias.
Como máximo responsable de los crímenes se señala en las demandas al extitular del Poder Ejecutivo Felipe Calderón, en tanto jefe de las Fuerzas Armadas, pero la denuncia también incluye a varios integrantes de su gabinete de Gobierno.
DEUTSCHE WELLE habló con la jurista Annelen Micus, del Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), sobre la posibilidad de que la CPI efectivamente acepte la argumentación de los demandantes y dé los pasos pertinentes previstos en su estatuto.
¿Cree usted que en el caso de México se llegue a una acusación por parte de la CPI?
Es difícil decirlo por anticipado. Hay que probar primero si se trata de delitos de lesa humanidad, en particular si se cometieron en forma sistemática. Los informes presentados a la CPI parecen demostrar que los hechos en cuestión fueron realizados en gran escala en el marco de la lucha contra el narcotráfico y en efecto sistemáticamente.
Para que intervenga la CPI debe darse además la condición de que en el Estado de que se trata los delitos en cuestión no sean perseguidos…
Exacto, se trata del principio de la complementariedad. La CPI interviene cuando en el país no se investiga lo suficiente. Hasta ahora, en México no tienen lugar prácticamente investigaciones contra responsables de alto nivel, es decir, el grupo de eventuales culpables de los que se ocupa la CPI.
¿Cuál es el procedimiento que sigue la CPI?
Hasta llegar a una acusación y órdenes de detención deben darse antes otros pasos. El primer paso es un examen preliminar. Luego siguen otras medidas, hasta llegar finalmente a una acusación y eventualmente órdenes de detención. De una eventual acusación estamos todavía muy lejos.
¿Cuán posible cree usted que se llegue a ese examen preliminar?
Lo veo como una posibilidad y creo que sería importante para que la Fiscalía pueda examinar esos graves violaciones de los derechos humanos. Un examen preliminar, como el que ya se lleva a cabo en el caso de Colombia, le daría a la fiscalía medios para plantear preguntas y pedir informaciones al Estado. Es decir, supone la necesidad de ahondar en los hechos y argumentos planteados por los demandantes.
¿Qué efectos tendría la apertura de un examen preliminar?
De esa forma aumentaría la presión para que sean ampliadas las investigaciones en el propio México. México tendría en ese caso interés en que la CPI no continúe con sus investigaciones ni emita, por ejemplo, órdenes de detención. Si México realiza investigaciones, la CPI podría decir, bien, eso basta, y observar si son efectivas. Así, el país no estaría más bajo presión. Ese es uno de los efectos positivos que se podrían dar ya ahora, incluso antes de que se llegue la acusación.
El Gobierno de Peña Nieto envió un grupo de representantes a La Haya para tratar de detener la actuación de la CPI. ¿Puede ser debido a la reciente desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, en la que autoridades desempeñaron también un papel decisivo?
En ese caso queda aún mucho por aclarar, entre otras cosas qué papel pueden haber tenido las autoridades. El interés del Gobierno actual es sobre todo sacar a México del foco de la CPI. Peña Nieto utiliza una retórica distinta a la de su antecesor, pero está por verse si realmente hay un cambio. Una de las cuestiones que la Fiscalía de la CPI intentaría aclarar en el examen preliminar es justamente si se trata de una política de Estado, es decir, si el Estado, incluso no interviniendo directamente, ha apoyado actos de violaciones de los derechos humanos. En el caso de Calderón puede decirse que con sus directivas de que en la guerra contra el narcotráfico interviniera el ejército creó presión para que se lograran éxitos a toda costa.
Annelen Micus desarrolla actividades en el ECCHR en las áreas de derecho penal internacional y responsabilidad jurídica. El ECCRH es una organización independiente de defensa de los derechos humanos con sede en Berlín fundada en 2007 por un grupo de abogados. La FIDH es una federación de 178 organizaciones de derechos humanos de más de 100 países con secretaría central en París.