México niega que sufra una crisis de derechos humanos
3 de marzo de 2016
El Gobierno de México rechazó un informe emitido este miércoles (02.03.2016) por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asegura que el país vive una grave crisis de violencia e impunidad, y califica de “insuficiente” la respuesta del Ejecutivo liderado por el presidente Enrique Peña Nieto. James Cavallaro, presidente de la CIDH, aseguró que “la espiral de violencia trae consigo graves consecuencias para el estado de derecho”.
El Gobierno sostuvo que el reporte no valoró el nivel de “cumplimiento de las obligaciones del estado” ni la colaboración de las autoridades con las instituciones internacionales. “Se esperaba que la visita de la CIDH contribuyera a esos esfuerzos y compromisos de México con la emisión de conclusiones y recomendaciones que resultaran de un informe objetivo y bien sustentado, lo cual no aconteció”, consideró el Ejecutivo.
“Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH” (Comisión Nacional de Derechos Humanos), el instituto de estadísticas o el de transparencia, “esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH”, sostiene el Gobierno, que añade que se “desestimó o recogió solo parcialmente” la existencia de instrumentos como las iniciativas de ley contra desaparición forzada y la tortura presentadas ante el Congreso.
Brecha con la realidad
La CIDH visitó México entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre de 2015, período en el que recopiló la información contenida en el informe. La Comisión considera que la respuesta estatal sigue siendo “insuficiente” para enfrentar la crisis de violencia, y calificó de “alarmante” que el 98 por ciento de los delitos no llegue a tener una sentencia condenatoria. “El reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y la realidad que experimenta la mayor parte de sus habitantes”, afirmó Cavallaro.
El informe agrega que las cifras oficiales “evidencian que las desapariciones son generalizadas” en el país. “En la práctica, infelizmente hay diferencias entre lo que dice el marco legal y la realidad. Alguien tiene que asumir la tarea de cambiar en la práctica”, dijo Cavallaro a la agencia de noticias Reuters. “Es como si no hubiera interés en buscar a los responsables y esclarecer los crímenes”, agregó.
DZC (EFE, Reuters, dpa)