Negro panorama para Argentina

Hasta hace un par de semanas, un simple yogurt natural formaba parte de la cesta de la compra en Argentina. Solo dos pesos (19 céntimos de euro) costaba cada unidad. Pero, entre tanto, este producto lácteo se ha convertido en un bien de lujo en Buenos Aires. 7,5 pesos (69 céntimos) cuesta ahora el yogurt. Es decir, un aumento de precio del 263%, cifras que hacen temblar hasta a ciudadanos acostumbrados a cursos inflacionistas.

Estanterías vacías

Los precios escalan desde que el Gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner devaluó la débil moneda un 23% en enero. Los alimentos han subido cerca del 50% y los electrodomésticos el 30%. La compraventa de automóviles ni se mueve y muchos de los artículos de uso diario ni siquiera llegan a los mostradores porque los productores ya no pueden cubrir costes. Además, tampoco se pueden pagar las importaciones, puesto que éstas se cobran en dólares que, a pesar de un control de divisas menos estricto por parte del Estado, son difíciles de conseguir.

Este escenario deriva a veces en situaciones diarias un tanto singulares. Por ejemplo, 200 filiales de una cadena de comida rápida estadounidense se quedaron sin kétchup, una salsa de tomate importada de Chile que se paga en dólares. El pago ofrecido por las empresas en pesos argentinos fue rechazado por los proveedores.

También el Gobierno de Kirchner necesita dólares urgentemente. Primero, porque el país todavía tiene 10.000 millones de dólares de deudas pendientes desde el tiempo de la bancarrota de 2002. Y las reservas de divisas del banco central argentino llegarían solamente a 29.000 millones de dólares.

Supermercados en la mira

En cuanto a la inflación, el Gobierno reacciona como de costumbre: mediante la intervención estatal y el control intenta mantener los precios a un nivel aceptable. Se congelan los precios de determinados productos por decreto. Y voluntarios de las juventudes del grupo kirchnerista de “La Cámpora” patrullan los supermercados para delatar a los que incumplen la norma. Aparentemente, el hecho de que el precio de otros productos “no congelados” aumente no le importa a nadie. Actualmente, se negocia con la industria farmacéutica: 18.000 medicamentos deberían volver a venderse a los precios de enero.

Aparte de los controles, el Gobierno emite mensajes para distraer a la opinión pública de sus propios errores: el aumento de precios sería un resultado de la especulación y la ambición de las empresas. “Lo más importante es que los supermercados reduzcan los precios”, dice Albert Samid, director del mercado mayorista central. “Tienen márgenes de beneficio de hasta el 200%. Podrían desistir tranquilamente del 20%”, sostiene. Por su parte, La Cámpora pega carteles por las calles con retratos de los directores de las cadenas de supermercados más importantes, calificándolos de ladrones que roban al pueblo.

Economistas como Juan José Llach califican de arcaica la política económica del Gobierno. “Hemos generado estos problemas por nuestros propios errores”, dice Llach. “La devaluación fue inevitable. Pero si no va acompañada por otro paquete de medidas, no soluciona nada”.

Ricardo Esteves, empresario y fundador del Foro Iberoamericano, exigía en un artículo publicado en el periódico español El País una apertura a inversores extranjeros para disminuir el déficit gubernamental: “En el contexto actual todas las medidas son inútiles o incluso perjudiciales mientras no se corrija al mismo tiempo el agujero del déficit”.

El fantasma de la inflación

Para ello, el gobierno debería emprender medidas de ahorro que contravendrían profundamente la ideología del kirchnerismo. “Su objetivo siempre fue llenar la cartera de la sociedad para asegurarse su apoyo. Por eso aumentó durante años los salarios sin aumentar la productividad. Y gastó millones en planes sociales que enterraron la cultura del trabajo”, escribe Esteves.

La costumbre de exigir generada por el mismo Gobierno podría convertirse ahora en su sentencia de muerte. La semana que viene se esperan negociaciones colectivas en todos los sectores. Está claro que ni profesores, ni enfermeros ni trabajadores de transporte o de la basura plantearán peticiones pordebajo de la tasa de inflación. El economista y consultor Carlos Melconián teme negociaciones difíciles: “En vista de la tasa de inflación del 28%, ningún sindicalista aceptará en la negociación un aumento de salario inferior al 30%”.

Desde la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner pidió a los jefes sindicales ceñirse a pretensiones moderadas. Un tono poco acostumbrado. Pero seguro que la jefa de Estado se acuerda de 1989. Entonces, la situación económica y financiera era similar. La inflación subió al 3.000% y las masas saquearon los supermercados. Poco después, el presidente tuvo que dimitir.