Nicaragua: Opositores en campaña en EE.UU.
27 de septiembre de 2019
Es la primera vez que los dirigentes de la Alianza Cívica (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) viajan juntos en una delegación opositora a Washington, donde aprovecharon para anunciar el proyecto de una "Gran Coalición Azul y Blanco” que podría competir con Ortega en las próximas elecciones en Nicaragua.
La activista de derechos humanos Haydeé Castillo dijo que se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para abordar temas como la restitución de derechos ciudadanos, la situación de más de 130 opositores que siguen en prisión y su demanda de aplicar más sanciones al gobierno.
La visita ocurre a 17 meses del estallido de las protestas de abril de 2018, que dieron paso a la peor crisis política del país en las últimas décadas. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 328 personas murieron, más de 2.000 resultaron heridas y unas 700 detenidas duranter la "represión estatal” de la revuelta social.
Castillo, exiliada en Estados Unidos desde hace un año, dijo que en todas las reuniones expresaron su rechazo a que la OEA acuerde con Ortega un plan de reformas electorales sin previas garantías de libertad y seguridad para los opositores.
"Si no han liberado a los presos, si los exiliados no han retornado, si no hay libertad, ¿a qué elecciones vamos a asistir? Si en comicios anteriores hubo asesinatos, ahora con cientos de paramilitares y fanáticos armados en las calles, estaríamos participando en un remedo de elecciones”, indicó.
Piden más sanciones
El politólogo Félix Maradiaga, que también formó parte de la delegación opositora, dijo que contactaron a congresistas, senadores, representantes del gobierno, de iglesias y organismos de derechos humanos, a quienes pidieron apoyo para los más de 55.000 nicaragüenses refugiados en Costa Rica y "mayor presión internacional a través de sanciones individuales para los principales operadores del régimen”.
Según el político, que este mes regresó a Nicaragua tras 14 meses de exilio, también les informaron sobre la formación de una Gran Coalición Nacional Azul y Blanco "como la plataforma más amplia de oposición”. La creación de esa alianza aún no se ha oficializado en Nicaragua.
Estados Unidos y Canadá han aplicado sanciones a una docena de funcionarios, entre ellos la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, y el máximo jefe de la Policía, Francisco Díaz, a quienes vincularon con actos de corrupción y violación de derechos humanos.
"Hemos solicitado que Estados Unidos siga aplicando la ley Magnitsky Nica Act e imponga más sanciones individuales a los responsables de un régimen que no ha dejado de secuestrar y asesinar campesinos en las montañas”, acotó Haydeé Castillo.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, al menos 30 opositores que participaron en las protestas de 2018 fueron víctimas de "ejecuciones sumarias extrajudiciales” en zonas rurales, atribuidas a supuestos sicarios y activistas sandinistas.
Los opositores también se reunieron con miembros de una comisión especial de la OEA formada para dar seguimiento a la crisis y a cuyos miembros el gobierno les impidió el ingreso a Managua a mediados de septiembre.
También en Washington, tres conocidos periodistas nicaragüenses comparecieron ante la CIDH, para acusar a Ortega de mantener una "campaña sistemática contra la libertad de expresión” y de no acatar la protección cautelar en beneficio de comunicadores amenazados.
"La indefensión en la que se encuentran los medios de comunicación nicaragüenses obedece al sometimiento que, desde hace una década, el gobierno de Daniel Ortega impuso sobre los poderes Legislativo, Judicial y Electoral", dijo Carlos Fernando Chamorro, director de tres medios independientes y exiliado él mismo en Costa Rica.
Ortega exhibe fuerza policial
El "lobby” antisandinista en Washington coincidió con un acto en Managua por el 40 aniversario de fundación de la Policía, donde el presidente Ortega arremetió contra opositores, empresarios y obispos católicos, a quienes responsabilizó por el "fallido golpe de Estado” de 2018.
También acusó a la embajada de Estados Unidos y a los organismos de derechos humanos de la OEA y de la ONU de "alentar por debajo” las protestas sociales. "Se juntaron ahí todos los demonios”, dijo el ex guerrillero de 73 años.
En aparente alusión a la ofensiva diplomática opositora, Ortega fustigó a las "voces que reivindican el terror”. También Murillo se refirió a las "personas que salen del país a hacer campañas a favor del terrorismo” y calificó la rebelión social el año pasado como "una explosión satánica”.
Dos días después, la pareja presidió un desfile de la Policía en el viejo centro de Managua, donde centenares de efectivos de las fuerzas especiales exhibieron sus dotes en operaciones antidisturbios, desplazamiento de combate y técnica canina. "No permitiremos otro intento de golpe de Estado”, advirtió el jefe policial, Francisco Díaz.
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