Nicaragua: sanciones estrechan cerco sobre dinero de Ortega

Las sanciones impuestas el viernes (21.06.2019) por Canadá y Estados Unidos a funcionarios del presidente Daniel Ortega, incluida su esposa y vicemandataria Rosario Murillo, son una nueva "vuelta de tuerca” en las presiones externas sobre el gobierno de Nicaragua. Están dirigidas a afectar las transacciones financieras de la familia gobernante, cuya fortuna se ha manejado en el más absoluto misterio.

"Es evidente que hay un gran malestar de Estados Unidos y de Canadá por el rumbo de las cosas en el país y el poco cumplimiento de Ortega a lo acordado en el diálogo, especialmente la liberación de los presos de conciencia”, declaró a DW el ex canciller y ex embajador nicaragüense en Washington, Francisco Aguirre Sacasa.

Como parte de una negociación con la opositora Alianza Cívica, el gobierno excarceló a más de 600 personas arrestadas en el marco de las protestas de 2018, pero unas 85 siguen presas. Además, los excarcelados no han obtenido libertad definitiva ni sus juicios han sido anulados, lo que les impide volver a trabajar o a estudiar.

Las sanciones canadienses afectan a nueve altos personeros del gobierno, entre ellos el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; el director de Telecomunicaciones, Orlando Castillo, y el ministro de Transporte, Óscar Mojica, un general retirado del Ejército ligado a los negocios personales de Ortega.

Canadá incluyó además a  cinco funcionarios ya sancionados por la Ley Global Magnitsky de Estados Unidos: el jefe de la Policía, Francisco Díaz, el secretario de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el asesor de seguridad, Néstor Moncada, así como a Rosario Murillo y a su hijo y asesor de inversiones, Laureano Ortega Murillo.

Las sanciones se dictaron "en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Nicaragua” e imponen "una prohibición de transacciones (y) una congelación de activos efectiva a las personas incluidas en la lista”, anunció un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense.

Advirtió que también se prohíbe a los sancionados viajar a Canadá, y a individuos y empresas canadienses tener relaciones comerciales con ellos o con quienes actúen en su nombre.

Castigo a la impunidad

"Estas sanciones envían un claro mensaje al Gobierno de Nicaragua, que las violaciones a los derechos humanos contra su población no serán toleradas", remarcó el comunicado. La ministra de Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, añadió: "Las violaciones de derechos humanos en Nicaragua no pueden continuar con impunidad".

El mismo viernes el Departamento del Tesoro norteamericano dictó sanciones para cuatro funcionarios del "anillo de poder” presidencial, con lo que ya son doce los castigados por Washington con el retiro de visas y congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Para la ex comandante guerrillera Dora María Téllez, todos los sancionados actuaron "bajo la lógica del paramilitarismo”. Desde la ministra de Salud, Sonia Castro, que ordenó a los hospitales públicos no atender a los manifestantes heridos, hasta el secretario de la alcaldía, Fidel Moreno, señalado por ex funcionarios de gobierno de organizar a grupos de civiles armados.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al menos 325 nicaragüenses fueron asesinados y otros 2.000 resultaron heridos por policías y paramilitares durante las protestas de 2018. La crisis dejó además más de 62.000 exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.

Aunque inicialmente el gobierno minimizó el impacto de las sanciones, en las últimas semanas ha urgido su suspensión, calificándolas de "injustas” y "criminales”. Ningún vocero oficial reaccionó inmediatamente al anuncio del viernes.

A juicio de Aguirre Sacasa, Canadá y Estados Unidos estarían castigando también otros incumplimientos, como las restricciones a la libertad de prensa, la no devolución de medios de comunicación confiscados, el hostigamiento a la Iglesia católica y la prohibición del derecho a la manifestación y a la protesta pacífica.

"El mensaje del exterior es que el tiempo está pasando y empieza a apremiar”, afirmó el analista. Consideró que hasta ahora todos los castigos han sido para allegados a Ortega, pero "las sanciones pueden ir más allá” y comenzar a afectar el financiamiento a programas para el país.

La fortuna de los Ortega

Antes de asumir el gobierno en 2007, Ortega rindió una declaración patrimonial por 217.000 dólares. Pronto comenzaría a recibir una importante cooperación del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, que según expertos superó los 5.000 millones de dólares, aunque la suma nunca fue reportada al Parlamento o incluida en el presupuesto del Estado.

Para manejar a discreción los fondos de Venezuela el gobierno creó la empresa mixta Alba Petróleos de Nicaragua (Albanisa) y siete subsidiarias que  financiaron emblemáticos proyectos en busca de apoyo de la población más empobrecida, especialmente en las zonas rurales.

Canales de televisión, radioemisoras, haciendas ganaderas y hoteles de lujo se fueron sumando rápidamente al patrimonio del ex guerrillero nacido hace 73 años en un hogar humilde de la provincia rural de Chontales.

¿A cuánto asciende hoy la fortuna de los Ortega? "Imposible saberlo”, dijo a DW el analista Oscar René Vargas, asesor del presidente durante el primer gobierno sandinista, en la década de 1980. "Sólo de Venezuela recibieron unos 6.000 millones de dólares, más el dinero de las empresas que manejan, menos el dinero invertido en el proselitismo político y la corrupción”, añadió.

Uno de los pujantes negocios derivados de la cooperación venezolana es la generación eléctrica y la importación y venta de petróleo y derivados.

Buena parte de las ganancias de Albanisa se depositaron desde 2014 en el Banco Corporativo (Bancorp), disuelto en abril pasado tras ser sancionado también por Estados Unidos por supuestas transacciones ilícitas con Venezuela. El gobierno nunca informó sobre el destino de un fideicomiso equivalente a 2.500 millones de dólares que recibió Bancorp de una financiera ligada a Albanisa.

"La sanción a Bancorp le tocó el bolsillo a la familia Ortega y a todo el sistema financiero nicaragüense”, en tanto lo colocó bajo la lupa directa del Departamento del Tesoro norteamericano, indicó Aguirre Sacasa.

Se desconoce a cuánto asciende el dinero de los Ortega Murillo en bancos extranjeros, en qué países están y quiénes son los testaferros. "Pero es un hecho que a partir de ahora, cualquier transacción importante, de 100.000 dólares para arriba, será cuidadosamente estudiada por el Tesoro norteamericano”, opinó el ex diplomático.

¿Advertencia al Ejército?

Entre los sancionados figura, por primera vez, un ex alto jefe militar. No pocos opinan que el castigo al general retirado Mojica, ministro de Transporte, llega como una advertencia al Ejército, por no haber actuado hasta hoy frente a unos 2.000 para-policías organizados como una fuerza armada al margen de la ley.

Aunque prometió neutralidad en la crisis, el Ejército participó en la captura de opositores que huían por las fronteras y habría tolerado el uso de armas de guerra exclusivas de la fuerza castrense por parte de la Policía y los paramilitares.

"La sanción a Mojica es un mensaje al Ejército. Casi todo la oficialidad superior está sometida a Ortega Murillo a través de regalías y de puestos públicos para sus familiares: cargos importantes en el Estado, puestos en embajadas, en empresas estatales y de la familia presidencial”, apuntó Vargas.

Según Estados Unidos, durante las protestas el ex general Mojica "promovió la estrategia de exilio, cárcel o muerte” del gobierno para silenciar a la oposición.

Advirtió que Mojica, quien por años manejó los fondos de pensiones para militares retirados, administra hoy "una parte significativa de las finanzas personales y oficiales del presidente Ortega y de la vicepresidenta Murillo, incluidas las inversiones en plantaciones de café y establecimientos hoteleros”.

(dg)

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