Artistas contra la "criminalización del arte" en Cuba

Se presentan como “artistas y gestores de la cultura independiente y alternativa” en la isla. Tocan y graban música, filman películas, exponen obras de artes plásticas en estudios y locaciones independientes, privadas. Se autofinancian o recaudan fondos en plataformas de micromecenazgo online.

Han organizado recogidas de firmas virtuales y físicas. Un “tuitazo”. Mesas de debate, una lectura de poesía, un concierto y un video clip de rap (en el que no faltan la lírica ni el "lenguaje de adultos"). Han dirigido cartas abiertas, quejas y solicitudes de diálogo a los titulares del Ministerio de Cultura (MINCULT) y las asociaciones gremiales, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Nacional (parlamento cubano) y su Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, al mismísimo presidente del Estado y el Gobierno.

Una campaña con fotos y tomas de partido de artistas, activistas y académicos circula en las redes sociales. Una de ellos, la curadora Yanelys Núñez, incluso llegó a untarse con excrementos en un performance de protesta frente al Capitolio (sede de la Asamblea Nacional), luego de que su pareja y protagonista original de la performance, el artista Luis Manuel Otero, fuese detenido sin haber comenzado.

No pocos viven en la isla. Pero cuentan con apoyo de sus pares en la diáspora o el exilio. Buscan movilizar a otros artistas y a sus conciudadanos contra el Decreto 349, que legaliza la “censura previa” de cualquier iniciativa cultural independiente del Estado en la isla, explica la jurista exiliada Laritza Diversent, que ofrece asesoría legal al movimiento de protesta.

“Censura previa”, puerta abierta a la corrupción

El decreto, firmado por el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, en abril de 2018, se hizo público en julio y entrará en vigor en diciembre. Condiciona el desarrollo y la contratación de cualquier actividad artística en espacios públicos o privados, estatales o no estatales, a la evaluación y aprobación previa de los artistas y sus propuestas por parte del MINCULT, así como al criterio posterior de sus supervisores e inspectores.

Con “restricciones imprecisas y excesivamente amplias de la expresión artística”, prohibiendo contenidos “obscenos”, “vulgares”, “lesivos a los valores éticos y culturales” o “cualquier otro que infrinja las disposiciones legales que regulan el normal desarrollo de nuestra sociedad en materia cultural”, el decreto atenta contra el derecho a la libertad de expresión, ha denunciado Amnistía Internacional.

Toca asignaturas total o parcialmente pendientes en la legislación cubana, como la penalización de la discriminación racial, por género, orientación sexual y discapacidades, pero “el mecanismo de censura previa no es el adecuado”, asegura Diversent. El decreto afecta a los artistas y a la población en general, en tanto coarta “la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”, incluida en la libertad de expresión, insiste.

“La libertad de expresión es un derecho de responsabilidad ulterior”, precisa la jurista. Con límites situados, por ejemplo, en los derechos o la reputación de otras personas. “Usted es responsable después que dice algo. Y tiene que haber alguien que se sienta afectado y ponga una demanda”, explica la también directora de la asociación defensora de derechos humanos Cubalex: “El Estado debe abstenerse de definir qué es arte y que no”.

La aplicación de medidas punitivas a discreción de inspectores “que no están capacitados en materia de derechos humanos”, “sin garantías del debido proceso” ante un tribunal y en base a estándares internacionales, favorece la corrupción, advierte además Diversent. “Los artistas cubanos no han sido consultados y no tendrán recursos a árbitros independientes en el caso de una disputa”, denuncia el movimiento de protesta en una de sus cartas abiertas a las autoridades pertinentes. Las medidas de penalización previstas por el decreto 349 solo se podrán apelar ante el propio MINCULT.

Represión de voces disidentes

Entre julio y agosto, los artistas que protestan dentro de Cuba han sufrido detenciones “arbitrarias” y “violentas” por supuestas “causas comunes”, citaciones diarias a unidades policiales, multas, intervención de teléfonos móviles. Agentes de la Seguridad del Estado los han amenazado directamente, o han amenazado a sus familias con el decomiso de sus viviendas, la pérdida del empleo o “la enfermedad de la abuela”, denuncian Yanelys Núñez y Luis Manuel Otero.

Pero la implementación del decreto no solo criminalizará y cancelará cualquier espacio artístico crítico del Gobierno, como la Casa-Galería "El Círculo", de Lía Villares y Luis Trápaga, allanada a inicios de año; el festival ‘Poesía sin fin’, de Amaury Pacheco; o el proyecto ‘Incubación’, del rapero Soandry del Río, alerta Luis Manuel Otero. Censurará también manifestaciones del “arte popular”, a veces “contracultural”, que pueden ser tan “polémicas” como lo es hoy el reguetón o como lo fue hace años la rumba.

Las multas, decomisos, suspensión de presentaciones, cancelación de autorizaciones para desarrollar determinadas actividades artísticas, afectarán también a quienes las hayan contratado: a los llamados “trabajadores por cuenta propia”. Sin ser reconocidos como empresarios por la legislación vigente, con locales comerciales muchas veces instalados dentro de sus propios hogares particulares, representantes del emergente sector privado cubano podrían perder sus licencias para operar, tras incurrir en alguna de las contravenciones previstas por el decreto.

“La Revolución”, contra “el mal arte y la falsa estética”

A los afectados que protestan, pero también a quienes aún no se atreven a protestar, aunque están en la mira del decreto, el Gobierno y sus simpatizantes les llaman “artistas” (entre comillas). De “aficionados sin obra alguna, que usurpan el espacio público y burlan el difícil trabajo de educación cultural de la ciudadanía”, los tilda el escritor Jorge Ángel Hernández, en la revista cultural oficialista La Jiribilla.

Han sido “pagados desde el exterior”, aspiran a “confundir a los verdaderos artistas”, asegura, sobre quienes protestan, una nota que habría circulado entre funcionarios del Ministerio de Cultura. El decreto, “ante todo, se manifiesta en contra del intrusismo profesional”, “protege a los verdaderos artistas”, “está en contra de la chapucería, el mal arte y los advenedizos que, creyéndose artistas, escenifican actos de grotesca conducta y falsa estética”, sigue la nota.

¿Nada nuevo bajo el sol del Caribe? En años recientes, el Gobierno cubano ha vetado la proyección de filmes o documentales de producción independiente, considerados polémicos, como “Santa y Andrés”, de Carlos Lechuga; “Quiero hacer una película”, de Yimit Ramírez; o “Nadie”, de Miguel Coyula. Se han suspendido festivales independientes, como el de Hip Hop del barrio habanero de Alamar, o el de música electrónica de la playa Rotilla. Pero, advierten Otero y Núñez, con el decreto 349, aquella vieja máxima de la política cultural cubana -extraída de un discurso del expresidente Fidel Castro en 1961-  “dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”, se convierte en ley.

Autora: Rosa Muñoz Lima (ers)

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