Nueva arma de las víctimas contra la desaparición forzada

Representantes de 57 países firmaron en París una convención de la Organización de las Naciones Unidas en la que se califica a la "desaparición sistemática" de personas como un crimen contra la humanidad; además, cuando el instrumento jurídico entre en vigor, las víctimas tendrán sustento legal para exigir reparación del daño, y sus familiares tendrán derecho a saber cuál la verdad sobre el destino de los desaparecidos.

Con el reconocimiento universal de las desapariciones forzadas como violación a los derechos humanos, se hace realidad un sueño largamente anhelado por muchas víctimas de las dictaduras militares en América Latina. Tal es el caso de Viviana Díaz, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de Chile.

Un largo anhelo

"Pasaron 25 años, y felizmente hoy día vamos a contar con un instrumento jurídico internacional que condene la práctica de la desaparición forzada de personas. Hoy se reconoce que es un crimen de lesa humanidad, que es imprescriptible e inamnistiable", señala.

La convención llena un vacío penal importante en el derecho internacional. La ONU ha documentado más de 500.000 casos de desapariciones forzadas desde 1980, y la llamada "cifra negra" seguramente aumentaría de manera considerable esa cantidad.

No hay país de América Latina en el cual no falte por esclarecer el destino de muchas personas. Y aún cuando la convención no tiene carácter retroactivo, hay esperanza de que ayudará a deslindar responsabilidades sobre algunos de estos crímenes.

Confrontar el pasado

Ruth Llanos, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional, con sede en Bolivia, dice que el documento suscrito este martes "es una gran esperanza, porque un trabajo realizado durante 20 años por las asociaciones de familiares, sobre todo de América Latina, ha logrado con esta convención coronar un esfuerzo amplio para lograr un importantísimo derecho humano: el derecho a no ser desaparecido".

Del mismo modo, la mayoría de las naciones latinoamericanas ha comenzado en los últimos años a documentar, por lo menos, los crímenes cometidos por las dictaduras militares de los años setenta y ochenta. En Perú, Chile y Argentina fueron establecidas comisiones de la verdad. En Argentina el gobierno de Kirchner derogó las leyes de amnistía a militares. En México fue instituida una fiscalía especial para investigar la llamada "guerra sucia".

Una realidad actual

Pero otra es la situación en Colombia, donde 15.000 personas permanecen en calidad de desaparecidas. Gloria Gómez, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de ese país, comenta que la desaparición forzada "es una práctica criminal que nace del Estado colombiano para eliminar opositores políticos. Posteriormente, y hasta nuestros días, se ha convertido en una práctica para generar terror. Las víctimas no son opositores o militantes de izquierda sino población que por vivir en regiones de alto conflicto social y político son víctimas de la desaparición como una manera también de destruir procesos sociales y organizativos de las comunidades".

Luego de la firma, arranca otro proceso. Se requiere que por lo menos 20 países ratifiquen en sus congresos el documento para que pueda tener plena vigencia. El camino podría ser largo. La Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada, emitida en 1996 por la Organización de Estados Americanos, ha sido ratificada apenas por 11 países latinoamericanos. Así, otro de los logros de la convención firmada en París consiste en poner de nuevo este tema en la mesa de discusiones.