ONU: Turquía viola gravemente los derechos humanos
10 de marzo de 2017
Unas 2.000 personas murieron entre julio de 2015 y diciembre de 2016 en el sudeste de Turquía durante operaciones de las fuerzas de seguridad turcas, según un informe de la ONU basado en cifras facilitadas por Ankara y ONGs. "Estas cifras han sido aportadas por el Gobierno, y como no tenemos acceso a la región, no podemos verificar si son ciertas o no, es por eso que no las asumimos como propias, porque necesitan ser verificadas de forma independiente", explicó este viernes (10.03.2017) en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de la ONU, Rupert Colville.
Según las cifras gubernamentales, de las 2.000 personas supuestamente fallecidas en el contexto de las operaciones de seguridad, 800 serían miembros de las fueras de seguridad y 1.200 residentes locales. Dado que el Gobierno de Turquía no permite el acceso a sus investigadores a la región en conflicto, a pesar de que ha sido solicitado en innumerables ocasiones, el informe ha tendido que ser elaborado a distancia.
Gracias a ONGs, defensores de derechos humanos y a imágenes de satélite, el Alto Comisionado ha podido documentar que las operaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad han provocado el desplazamiento forzado de entre 355.000 y 500.000 personas, y que se cometieron cientos de abusos a los derechos humanos. El documento habla de desapariciones forzadas masivas, incitación al odio, bloqueo de acceso a ayuda médica de emergencia, a comida, agua y cualquier tipo de asistencia de supervivencia, así como violencia sexual contra las mujeres.
La mayoría de las víctimas eran de origen kurdo
"Para poder determinar el número real de víctimas, así como hacer un recuento profundo de los abusos cometidos, necesitamos acceso, necesitamos que un grupo de investigadores vaya sobre el terreno y entreviste a las víctimas, por eso reiteramos nuestro llamamiento al Gobierno para que lo permita", aseguró Colville. "La investigación podría ser nacional, pero independiente e imparcial, o internacional, pero tiene que haber pesquisas sin demora", agregó.
El portavoz explicó que el Gobierno no da una razón concreta por la cual impide el acceso y la investigación, y que su única respuesta ha sido invitar al alto comisionado, Zeid Ra'ad al Hussein, a visitar el país. "El alto comisionado irá encantado a Turquía, pero después de que hayan ido investigadores expertos e independientes. Él no puede ejercer esa labor investigadora que ahora es la prioridad", especificó Colville. Precisamente, Zeid, citado en un comunicado, dijo estar muy preocupado porque a pesar de las graves alegaciones de violaciones y abusos "no se ha detenido ni procesado a nadie por estos crímenes".
Consecuencias del fallido golpe de Estado
El informe describe como en varias localidades, el 70 por ciento de los edificios fueron destruídos por bombardeos, con lo que las urbes han prácticamente desaparecido. Asimismo, el texto expresa "su preocupación" por la política de expropiación de la tierra de las comunidades, legalizada con una decisión del Consejo de Ministros de marzo de 2016.
Con respecto a las consecuencias del fallido golpe de estado de julio pasado, el informe recoge que las medidas tomadas posteriormente "afectan profundamente" a los derechos humanos de los ciudadanos de la región. Según su recuento, 100.000 personas han sido despedidas de su trabajo, incluyendo 10.000 profesores. "En el marco de las leyes antiterroristas, las expulsiones de políticos democráticamente electos, el acoso a periodistas, el cierre de medios kurdos, y la suspensión masiva de jueces y fiscales han socavado severamente los controles democráticos y la protección de los derechos humanos", concluye el texto.
MS (dpa/efe/afp)