Al que crea que el sentido común y el Estado de derecho son dos cosas que se excluyen mutuamente, la expulsión del tunecino Sami A. le da la razón. La figura de Sami A., conocido como "el guardaespaldas de Osama bin Laden", ha dominado los titulares desde hace meses. Hasta la canciller Angela Merkel declaró que no podía resignarse a aceptar la estadía de una persona así en Alemania.
Protección para un terrorista amenazado de tortura
A todo contribuyente deben ponérsele los pelos de punta: un islamista declarado, ayudante de uno de los terroristas otrora más buscados del mundo, que vive desde hace años en Alemania con su esposa y cuatro hijos, a expensas del Estado alemán. Su solicitud de asilo había sido rechazada desde hace mucho tiempo, pero debido a que presuntamente corre peligro de sufrir tortura en Túnez, su país natal, no había podido ser deportado.
Pero eso no es todo. Las autoridades de seguridad lo tenían clasificado como un "peligro". Una persona que es capaz de atacar en cualquier momento. El problema es que no se le podía probar legalmente. Y él se oponía vehementemente a su deportación.
Su intempestiva deportación, el pasado 13 de julio, generó júbilo entre los amigos de la lógica. Pero esa alegría no duró mucho: pocas horas más tarde, la Corte Administrativa de Gelsenkirchen pidió que el hombre fuera devuelto a Alemania, desde luego, con todos los gastos pagados por los contribuyentes. Según dicho tribunal, la persona no debió haber sido deportada por presunta amenaza de tortura. Pero hay algo consolador en este circo: Túnez no quiere regresar a Sami A. a Alemania, sino que lo quiere llevar a juicio por otras acusaciones pendientes.
Ahora parece que la orden judicial que buscaba impedir la deportación, habría sido retenida deliberadamente hasta que se completó la expulsión. Un hecho inaudito, porque las agencias estatales no pueden obviar las decisiones judiciales. Eso socava la confianza en el Estado de derecho. ¡Eso no puede ser!
Es falso que solo se estén deportando a criminales
Por otro lado, se conocen más y más detalles sobre los 69 afganos deportados durante la primera semana de julio, de los cuales uno se suicidó días más tarde en Kabul. Los que, hasta ahora, creían que las autoridades estaban deportando solo a los criminales o quienes rechazaban su integración a la sociedad, están reflexionando: reporteros han desvelado el entorno de los jóvenes deportados.
Y ahí están las consecuencias: una empresa de procesamiento de metal se quedó, de la noche a la mañana, sin ayudantes de soldadura con experiencia de más de tres años y que hacían disciplinadamente su trabajo, hablaban buen alemán y pagaban impuestos.
También un aprendiz de panadero - que en Alemania se buscan desesperadamente - fue deportado. Y dos jóvenes fueron sacados de sus lechos la noche anterior a su examen oral de finalización de la escuela. Uno de ellos ya tenía firmado un contrato de capacitación como enfermero geriátrico que debía empezar en septiembre. Alemania busca enfermeros geriátricos. Todos los que trataron con estos jóvenes los describen como diligentes y dispuestos a integrarse.
Puede ser que todas estas deportaciones fueran legalmente legítimas. Pero las biografías de los jóvenes deportados plantean preguntas. Sobre todo una: ¿sabe realmente el Estado alemán lo que quiere y lo que hace?
En cualquier caso, todos los ayudantes de los refugiados y las empresas que les dan una oportunidad a los recién llegados no se sienten tomados en serio. Aunque todas las agencias gubernamentales deberían saber que sin estas personas el "podemos lograrlo" de Angela Merkel es completamente ilusorio. Aquí también se está socavando la confianza y la fe en el Estado alemán de derecho de las personas que pagan impuestos a este Estado, quienes lo componen. Eso es francamente fatal.
Felix Steiner (jov/er)