Opinión: ¿Más deportaciones, menos populismo?

Cuando los políticos presentan un proyecto con objetivos numerados y hablan de la necesidad de hacer "un esfuerzo nacional”, hay algo que se está cocinando por detrás. Eso trae a la memoria al excanciller Helmut Kohl y su plan de diez puntos para la reunificación alemana, hecho público en noviembre de 1989. Hoy, 27 años más tarde, la jefa de Gobierno, Angela Merkel, hace alusión a un plan de dieciséis puntos para cambiar la política de asilo.

Ese no es un programa que pueda implementar ella sola. De ahí la necesidad de que los Ejecutivos de los Länder la apoyen. Conseguir ese respaldo no suele ser fácil, porque las constelaciones partidistas a escala federal y a escala regional son muy distintas y propician más divergencias que coincidencias. Pero en 2017 hay una buena razón para que predomine la unión y la concordia: en marzo y mayo tendrán lugar elecciones locales en Sarre, Schleswig-Holstein y Renania del Norte-Westfalia. Y poco después, en septiembre, se llevarán a cabo los comicios federales. Encuestas recientes apuntan a que el partido populista de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) tiene muchas posibilidades de obtener escaños en los cuatro Parlamentos.

Muchas solicitudes de asilo son denegadas

La política de asilo del Gobierno alemán y sus consecuencias siguen siendo el caldo de cultivo de las victorias electorales de la AfD. Por eso no sorprende que la Unión Demócrata Cristiana (CDU), la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU), el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y Los Verdes, que gobiernan en los tres Estados federados y a nivel federal, quieran probar todos los recursos disponibles para reducir al mínimo la fertilidad del suelo donde florece la AfD. Eso no será fácil, después de todo lo que ha pasado en el último año y medio. Es mucho lo que se ha acumulado, lo que ha salido mal, lo que se ha omitido.

A finales de 2016 vivían en Alemania más de 207.000 extranjeros que debían haber abandonado el país. Esa cifra podría llegar a casi medio millón a finales de este año, según el cálculo hecho por los asesores de McKinsey por encargo de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (BAMF). De facto fueron expulsados del país 85.000 migrantes por año. Para satisfacer las necesidades de las personas cuyas solicitudes de asilo han sido denegadas, se pagó alrededor de 3.000 millones de euros.

¿Un Gobierno impotente?

Esas estimaciones son dinamita política pura. Sobre todo después del ataque terrorista contra un mercadillo navideño en Berlín, perpetrado por Anis Amri, un tunecino que debía haber sido repatriado mucho antes de ese ataque. Ese suceso volvió a dejar a la población alemana la sensación de que el Gobierno no está en condiciones de responder a las consecuencias de la crisis de los refugiados; de que perdió la visión de conjunto; de que no puede garantizar ni la seguridad, ni el orden, ni el cumplimiento de la ley; de que es impotente frente a criminales que se hacen pasar por refugiados. Eso es justo lo que necesita la AfD.

Los actores políticos, tanto en el Ejecutivo central como en los Gobiernos regionales, están conscientes del peligro que corren en este año electoral y eso los une de una manera poco vista antes. Angela Merkel y los mandamases de los Estados federados no habían pasado más de tres horas juntos en la Cancillería cuando, superando las barreras partidistas, llegaron a un acuerdo. El lema: basta de tonterías. Ellos quieren exhibir capacidad de concreción, voluntad política. Y la política es –dice el refrán– el arte de taladrar tablas gruesas lentamente. Todo apunta a que, por fin, en Berlín recurrieron a un taladro más fuerte.

Los ciudadanos están hartos

La presión se hace evidente en el hecho de que los Estados federados estén dispuestos a delegar competencias voluntariamente. En el futuro, cuando el Gobierno central se vea en la necesidad de producir documentos, coordinar expulsiones masivas y asumir responsabilidad por quienes no tengan permiso de residencia permanente o representen un peligro para la seguridad nacional, el Ejecutivo federal tendrá la potestad para poner en marcha las repatriaciones. Hasta ahora, esa era una prerrogativa de los Länder.

A los ciudadanos poco les va a interesar qué instancia sea responsable. A ellos lo que les importa es que la clase política cumpla con su cometido. Muchos en Alemania están hartos, tanto los alemanes de pura cepa como los migrantes que han echado raíces aquí. Ellos demandan soluciones; no quieren seguir viendo todo lo que no funciona. La mayoría de la gente en Alemania todavía está convencida de que se debe ofrecer refugio a quien lo necesite. Pero, al mismo tiempo, crece el miedo hacia la criminalidad y la sobrecarga. Los ánimos pueden variar de un momento a otro. Algo debe cambiar. Y debe cambiar ahora mismo.