Alemania debe garantizar la seguridad de los refugiados

Dos guardias sonríen ante la cámara. Uno de ellos coloca su pie derecho en el cuello de un hombre que yace en el suelo, esposado y boca abajo. Es una imagen sobrecogedora que recuerda a las fotos de prisioneros en Guantánamo o a las de Abu Ghraib, en Irak. Sin embargo, esas fotos fueron tomadas en Alemania, en un hogar para refugiados de Burbach, en el estado de Renania del Norte-Westfalia (NRW, por sus siglas en alemán). Fue hallada por la policía en el teléfono móvil de los guardias después de que un comenzara a circular un video no menos escandaloso. En otros hogares para refugiados en el mismo estado federado surgieron indicios de que se cometieron delitos de agresión física contra sus habitantes, y también allí se están llevando a cabo investigaciones.

Seguridad privatizada

Estos hogares son el primer paso para los refugiados en este país. Muchos dejan atrás una larga historia de sufrimientos, ya que han huido de la violencia y la represión. Que quienes buscan protección se encuentren expuestos a nuevos abusos, es un escándalo. Las autoridades no se cansan de repetir que se ven sobrepasadas por el creciente número de refugiados, por lo que, hace tiempo, la ubicación y alojamiento de éstos fue puesta en manos de empresas privadas para ahorrar costos y disminuir obstáculos burocráticos.

En principio, no hay nada reprobable en que empresas privadas alivien la labor de la administración pública, y mucho menos en tiempos en los que la cantidad de refugiados en Alemania aumenta de manera constante. El verdadero problema es que para muchas comunas y estados federados, lo prioritario no es el nivel de los servicios de esas empresas, sino ahorrar costos.

El caso ocurrido en Burbach fue un error que acarrea graves consecuencias. Allí, la operadora privada que se ocupa del alojamiento, la European Homecare (EHC), subcontrató a su filial, el servicio de seguridad privado SKI, de la cual forman parte los guardias que cometieron abusos. Las investigaciones dieron por resultado que esos guardias tienen antecedentes penales y que fueron investigados por agresión física, posesión de armas y drogas, así como por fraude. Nunca se les debió haber permitido trabajar en un hogar para refugiados.

Tampoco es nuevo que las empresas privadas de seguridad se caractericen por querer lograr beneficios cueste lo que cueste. En ese ramo, los bajos sueldos y las malas condiciones laborales están a la orden del día. Para garantizar el buen trato a los refugiados se necesita personal calificado y con capacidades interculturales. Y, sobre todo, empleados que no posean antecedentes penales.

Su desempeño debe ser verificado, por tanto, no solo por la empresa privada que les da trabajo, sino también por las autoridades que han contratado a esa empresa, es decir, por el Estado. El paso a manos privadas de la tarea de garantizar la seguridad de los refugiados no puede desembocar en que el Estado no se haga cargo de su responsabilidad, que es, justamente, protegerlos.

¿Todo será mejor a partir de ahora?

La empresa European Homecare y el organismo de vigilancia correspondiente Arnsberg están tratando de prevenir mayores daños. Según declaró la empresa, ya se despidió al servicio de seguridad y se emitieron nuevas normas para evitar que se repitan sucesos de este tipo. En el futuro, solo se permitirá el trabajo con refugiados a personal calificado y con una hoja de antecedentes sin tacha.

Esos son requisitos elementales, y se sobreentiende que esto debe ser así, pero estas condiciones se exigen, lamentablemente -y como sucede tan a menudo- solo después de que pasen estas cosas. Las personas que buscan refugio en Alemania deben tener la seguridad de que aquí serán protegidas. Los recortes presupuestarios en las municipalidades no deben justificar que se ahorre en garantizar su protección. Justamente para un país rico como Alemania, cualquier otra cosa sería inaceptable.