Opinión: Argentina, la oportunidad de la razón

A poco más de un año después de haber asumido el Gobierno de Mauricio Macri, los sindicatos argentinos le plantan cara. No se trata en primera línea de reclamos salariales o del mejoramiento de condiciones de trabajo. La CGT, la central sindical mayoritaria, cree que la gestión de gobierno “va de mal en peor” y exige “profundos cambios en la política económica”. Mal aconsejado estaría, sin embargo, un Gobierno, en implementar la política económica que quieren unas u otras corporaciones.

Macri fue elegido por el pueblo argentino y no por los sindicatos. Repasando sus primeras medidas, se constata, además, que son todo lo contrario a descabelladas. Que Argentina debía romper el aislamiento internacional político y económico autoimpuesto por el Gobierno de Cristina Kirchner es realmente difícil de cuestionar en un mundo cada vez más interconectado. En ese contexto, al país no le quedaba tampoco otra opción que llegar a un arreglo con los “fondos buitre”.

El levantamiento del “cepo cambiario” terminó con una extraña mordaza económica que, a todas luces, no puede funcionar a largo plazo y cuyo efecto fue, sobre todo, el surgimiento de un mercado negro. La liberalización del tipo de cambio devolvió al dólar su verdadero valor y eliminó las presiones sobre las reservas del Banco Central.

Que el déficit fiscal no debe financiarse con emisión de moneda debería ser obvio. Que las subvenciones “con la regadera” benefician a los que las necesitan, pero también a los que no las necesitan, amén de alentar el despilfarro, es difícil de rebatir. Que el Estado no puede gastar indefinidamente más de lo que ingresa por vía impositiva es una cuestión de aritmética básica. Que reducir los impuestos a las exportaciones también es sensato lo demuestra el explosivo aumento de las inversiones y la producción en el campo argentino. Y que las estadísticas no deben falsearse, ¿quién lo duda?

Finalmente, el nuevo Gobierno parece haber acabado con el “apriete” a los jueces. Y la detención de un teniente general nombrado por el Gobierno anterior, acusado de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, rebate la acusación de que ahora se protege a los representantes de los años de plomo. No hay que ser macrista para constatar que la gran mayoría de las medidas tomadas por el Gobierno de Macri no son insensatas. Dar marcha atrás en todo ello equivaldría a un suicidio económico. La tarea ahora debería ser partir de esa base y dar una oportunidad a la razón. Algo mejor que toda ideología.