Opinión: El chavismo ata de manos a sus opositores

A estas alturas, el ademán totalitario del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) es tan explícito que raya en lo pornográfico. Este jueves (25.1.2018), por orden del hombre fuerte de Caracas, Nicolás Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia le ordenó al Consejo Nacional Electoral hacer aún más difícil que las formaciones antichavistas presenten a un candidato unitario de cara a los comicios presidenciales, pautados originalmente para diciembre, pero adelantados ilegalmente por la Asamblea Nacional Constituyente con miras a aprovechar las flaquezas de la oposición: sus pugnas internas y la desconfianza que su dispersión ha sembrado entre sus seguidores. Este martes (23.1.2018) se decidió convocar a las urnas antes del 30 de abril.

Elecciones a la medida

Concretamente, el Consejo Nacional Electoral excluyó a la mayor alianza opositora -la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)- del proceso de revalidación de partidos, alegando que, si admitiera su participación, algunos de sus miembros incurrirían en el delito de doble militancia. El argumento parece razonable, pero nadie olvida la inconsistencia y el oportunismo con que el Poder Judicial y el Poder Electoral -controlados por el Poder Ejecutivo- interpretan y aplican las leyes. Por sí sola, la revalidación de partidos es un capricho del oficialismo cuya función es castigar a los grupos políticos que boicotearon los comicios municipales del pasado 10 de diciembre para protestar contra los fraudes cometidos en la elección de gobernadores del 15 de octubre.

Las instituciones estatales cooptadas por el PSUV posponen elecciones cuando el partido de Gobierno tiene las de perder porque su arsenal de trampas no siempre garantiza el triunfo. En cambio, cuando llamar a votar no entraña riesgos serios para la élite cívico-militar chavista, ésta organiza los comicios con sospechosa rapidez o los anticipa, asegurándose previamente de neutralizar a sus rivales más robustos. Leopoldo López, líder de Voluntad Popular, y Henrique Capriles Radonski, dirigente de Primero Justicia, podrían dejar a Maduro fuera de combate en las urnas, pero a ellos se les prohibió ejercer cargos públicos por quince años. De ahí el dejo fanfarrón con que el sucesor de Hugo Chávez insta a los contrincantes que quedan a dar la pelea.

Uno o ninguno contra Maduro

Cabe advertir, sin embargo, que el envalentonamiento de Maduro luce fingido, que su aire de perdonavidas puede ocultar su temor a quedarse solo en el ring. Este mismo jueves (25.1.2018), en un mitin celebrado en el corazón de Caracas, Maduro denunció que los Gobiernos de Estados Unidos, España y Colombia le habían ordenado a la oposición venezolana abandonar el proceso electoral para evitar una derrota bochornosa; luego le pidió a los antichavistas que "cumplieran su palabra” y no retiraran sus candidaturas. Algunos piensan que dar un paso atrás es la única opción que la oposición tiene a la mano para frenar las arbitrariedades del PSUV. Después de todo, ¿qué legitimidad tendrían unas elecciones presidenciales con Maduro como único aspirante?

Quienes opinan lo contrario cifran sus esperanzas en un candidato opositor unitario, pese a que Henry Ramos Allup, del partido Acción Democrática, y Henri Falcón, de Avanzada Progresista, ya se lanzaron al ruedo sin consultar al resto de las formaciones antichavistas. El lema de ambos parece ser "estamos preparados para cualquier escenario hasta el final”, pero eso está por verse. De momento, nadie sabe ni siquiera si, como los comicios, también la fecha de inicio del nuevo mandato será adelantada. Si Maduro pierde y el cambio de Ejecutivo no se anticipa, el presidente electo podría verse obligado a convivir con el saliente durante nueves meses. Y en ese tiempo, es mucho lo que el PSUV puede tramar para no soltar el timón.

Evan Romero-Castillo (VT)