Opinión: Victoria sí, libertad no

Así es como suena una bofetada: un grupo de derechos humanos de las Naciones Unidas le ha leído la cartilla a la Justicia sueca y británica. El fallo del panel sobre la detención arbitraria es inequívoco: la forma en que se ha tratado al fundador de Wikileaks, Julian Assange, es ilegal, por lo que su libertad debe ser restaurada inmediatamente. Además, debe ser indemnizado por los cerca de 2.000 días que ha permanecido bajo arresto arbitrario.

Hagamos un recuento de los hechos: hasta ahora ni siquiera existe una acusación formal contra Assange. La Justicia británica se remite a una orden de detención europea, y ésta se remonta al deseo de una fiscal sueca de interrogar a Assange, en el marco de una investigación preliminar. La fiscal que originalmente estuvo a cargo del caso en Estocolmo había desechado las acusaciones por considerarlas injustificadas. Más tarde, estas fueron retomadas por la fiscal sueca en el lejano Goteburgo.

Sobre todo esta última fiscal ha quedado ahora en ridículo: el panel de expertos le reprocha haber dilatado las investigaciones y, en consecuencia, haberlas prolongado desproporcionadamente. Durante años insistió en querer interrogar a Assange en Suecia y rechazó hacerlo en Inglaterra. Y eso a pesar de que, en el mismo periodo, las autoridades policiales suecas han realizado interrogatorios en Gran Bretaña en más de 40 casos.

Cruzada contra el whistleblower

Es evidente: si no se tratara del fundador de Wikileaks, ni la Justicia sueca ni la británica seguirían insistiendo en ese absurdo escenario de presión en torno al “interrogatorio” de Assange. Más que hacer prevalecer la superioridad del Derecho, se trata de aprovecharse de leyes para hacer callar a un periodista incómodo. No está demás suponer que, en el fondo, las autoridades estadounidenses están ejerciendo presión.

Sobre todo Julian Assange, pero también otros colaboradores de Wikileaks tienen poderosos enemigos en Washington. Las publicaciones de esa plataforma pusieron al descubierto el lado sucio de la política del gigante norteamericano – sobre todo en cuanto a sus misiones militares en Irak y Afganistán. Lo que en aquel entonces salió a la luz fue realmente incómodo para el establishment político. Las reacciones no se hicieron esperar: tanto políticos como militares han llamado públicamente a asesinar Assange. El vicepresidente Joe Biden incluso lo considera un “ciberterrorista”.

Ningún otro Gobierno estadounidense ha adoptado medidas tan drásticas contra los whistleblower como el de Barack Obama. Y no pocas veces se ha pasado por alto la ley. Por ejemplo, en verano de 2013, cuando el avión del presidente Evo Morales, que viajaba de Moscú a Bolivia, fue obligado a realizar un aterrizaje imprevisto en Viena. La razón: se sospechaba que el exagente de la NSA Edward Snowden estaba a bordo.

De cara a estos sucesos, el temor de Assange a ser extraditado de Suecia a Estados Unidos no debe ser desechado como un mero pretexto. Incluso cuando Inglaterra y Suecia le aseguran ingenuamente no contar con ninguna solicitud de extradición por parte de EE. UU. Es un hecho que el FBI está investigando a Wikileaks. Lo más probable es que ya se hayan preparado las órdenes de detención y las solicitudes de extradición.

Una victoria que no trae libertad

Si bien el fallo de Ginebra le da un impulso a Julian Assange, no le traerá tan pronto la libertad. Pero los observadores de la ONU no pueden hacer más que ejercer presión moral. Tanto Gran Bretaña como Suecia han dejado claro que la decisión del panel no tiene carácter vinculante. Eso es equivocado y carece de visión. Y es que, más allá de Assange, debilitan su posición en materia de derechos humanos ante regímenes antidemocráticos. No obstante, lo aceptan sin siquiera pestañear.