Orden de detención contra Putin: ¿lo salva la inmunidad?

Putin ya tiene la invitación para la cumbre de los BRICS. Todos los jefes de Estado de los cinco países involucrados -Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- han recibido una. Así lo afirmó la ministra sudafricana de Exteriores, Naledi Pandor. La cumbre se celebrará en agosto.

Lo que para cuatro jefes de Estado no será más que una entrada en la agenda, para el presidente ruso Vladimir Putin es algo altamente explosivo. Pues, si pisara suelo sudafricano, tendría que ser detenido y extraditado. Desde marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido una orden de detención contra Putin. Y Sudáfrica se ha adherido a los Estatutos de Roma, el tratado base de la CPI.

Esto significa que el país tendría que extraditar a Putin. En declaraciones anteriores, sin embargo, los miembros del Gobierno isudafricano invocaron la inmunidad del presidente ruso: todos los miembros de conferencias internacionales gozan de inmunidad en Sudáfrica.

Pero "las inmunidades están ahí para hacer posible el derecho internacional, para hacer posibles las relaciones internacionales en primer lugar", afirma Christoph Safferling, catedrático de derecho penal y derecho internacional de la Universidad de Erlangen-Núremberg. Al fin y al cabo, los jefes de Gobierno deben poder reunirse sin temor a ser acusados por los tribunales nacionales.

Sin embargo: la inmunidad tiene límites. En varias sentencias, la Corte Penal Internacional ha declarado que la inmunidad de los jefes de Estado, incluso en funciones, termina ante los tribunales internacionales. "Esa es la norma jurídica según el Estatuto, y no hay ninguna excepción", dice Safferling. En otras palabras, las inmunidades en las conferencias contra un presidente buscado por una orden penal internacional no serían legalmente válidas. Tampoco bajo la ley sudafricana, pues ya existe un precedente.

No es el primer caso

Vladimir Putin es el segundo jefe de Estado en ejercicio contra el que la CPI ha emitido una orden de detención. El primero fue el entonces presidente sudanés Omar al Bashir. Y viajó a Sudáfrica en 2015 para una conferencia. Entonces, Sudáfrica debería haber extraditado al dictador, que, en cambio, pudo salir del país sin ser molestado.

"Después de aquello, el Tribunal Constitucional de Sudáfrica dictaminó que Sudáfrica debería haberlo detenido, que en principio el Gobierno había violado su propia ley, y ese principio jurídico sigue vigente hoy en día. Eso significa que no extraditar a Putin violaría el derecho internacional y sudafricano", afirma Kristoffer Burck, investigador de la Fundación Leibniz para la Investigación de la Paz y los Conflictos (HSFK).

Putin, ¿bienvenido?

¿Qué ocurrirá entonces? ¿Es posible que Putin participe en la cumbre de los BRICS en Sudáfrica? En teoría, sí, porque la CPI tiene pocos poderes sancionadores.

"Podría emitir una reprimenda y señalar que esta orden existe y debe ejecutarse, y luego nombrar claramente el incumplimiento por parte de Sudáfrica. Pero a fin de cuentas, eso es todo", afirma Safferling.

Sin embargo, para él, el derecho internacional en su conjunto ha ganado en importancia. A diferencia de 2015, cuando al Bashir viajó a Sudáfrica, ahora se habla de ello con antelación, la orden de detención se percibe como algo serio.

Aún no hay muchos casos comparables. Putin es solo el segundo jefe de Estado en ejercicio sobre el que pesa una orden de detención. El éxito de la CPI depende en gran medida de sus Estados miembros. "Todo esto necesita tiempo para asentarse", afirma Safferling: "Lo más probable es que el caso nos mantenga ocupados durante un tiempo".

(gg/rml)