Ortega mantiene control del tribunal electoral en Nicaragua
5 de mayo de 2021
El Parlamento de Nicaragua dominado por el oficialismo aprobó este martes (04.05.2021) el nombramiento de los magistrados para el Consejo Supremo Electoral (CSE), con una mayoría afín al partido de gobierno, que organizará los comicios de noviembre, desoyendo los llamados a una reforma electoral que permita elecciones "creíbles” en el país.
Las controvertidas reformas a la Ley Electoral, que fueron propuestas y aprobadas por la mayoría absoluta de diputados sandinistas, establecen inhibiciones de candidatos de la oposición, anulan la observación electoral y dejan el control absoluto de los comicios del próximo 7 de noviembre en manos del gobernante Frente Sandinista (FSLN).
El tribunal está compuesto por siete miembros. Seis de los magistrados titulares electos fueron propuestos por el FSLN. El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, informó el presidente del legislativo, el oficialista Gustavo Porras.
En tanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por el partido Liberal Constitucionalista, señalado por otros grupos disidentes de ser "colaborador" del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta del país Rosario Murillo.
Entre los jueces electorales sandinistas figuran dos reelectos: Lumberto Campbell y Mayra Salinas, ambos leales a Ortega.
Rechazo unánime de opositores
"La familia [gobernante] Ortega Murillo ha escogido el camino de imponer magistrados al CSE, leales a sus intereses y por lo mismo, con cero credibilidad para la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense", denunció en un comunicado la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos), conformada por disidentes sandinistas.
"Con esta situación que ha materializado el régimen Ortega Murillo, contraria a la voluntad popular, se manifiesta que el fraude electoral se ha institucionalizado y legalizado en las disposiciones de la Ley Electoral y, además, denota la nula voluntad del grupo en el poder de resolver la crisis por los cauces constitucionales", indicó por su parte la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco.
"Es grave para Nicaragua que, llevado por su temor al voto ciudadano, el régimen haya perdido la oportunidad de elegir magistrados electorales capaces de devolver la credibilidad al Poder Electoral, y más grave aún es que las reformas electorales en proceso de aprobación aumenten los márgenes de discrecionalidad de esos magistrados", señaló, por su parte, la también opositora Alianza Ciudadana.
CENIDH: "atropella los derechos constitucionales"
En tanto, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) condenó la posición del Poder Legislativo que dijo "atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega Murillo".
La Cámara de Industrias de Nicaragua también expresó su rechazo total a la reforma electoral "por considerar que mantiene un propósito inhibidor, restrictivo y represivo, que no contribuye al desarrollo mínimo de unas elecciones nacionales libres, justas y transparentes".
A juicio de Unamos, "los Ortega Murillo han desperdiciado una oportunidad de hacer confiable el sistema electoral nicaragüense, que junto a las leyes que penalizan y persiguen a la oposición (..) son la negación de las condiciones mínimas que se exigen dentro y fuera del país para lograr elecciones limpias".
La comunidad internacional, entre ellos Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado en los últimos años a Nicaragua a renovar su CSE con jueces independientes y mejorar su sistema de participación y de votación para garantizar transparencia de los próximos comicios.
Nicaragua celebrará el próximo 7 de noviembre elecciones legislativas y presidenciales, en los que la oposición aspira conformar un bloque unido para enfrentar a Ortega.
jc (afp, efe)